domingo, marzo 31, 2013

MEMORIAS EN CONFLICTO


El pasado 24 de marzo se cumplieron 37 años del golpe militar en la Argentina. Desde hace once años ha sido declarado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una ocasión para condenar masivamente el terrorismo de Estado responsable de miles de muertes y desapariciones producidas durante el gobierno de la Junta Militar (1976-1983). Sin embargo, otra de las consignas más aclamadas fue condenar la persecución política y las desapariciones en democracia. Y es que el núcleo fuerte del discurso por la memoria en la Argentina gira en torno a los sucesos ocurridos durante la dictadura militar, la cual merece una condena sin ambages, pero el kirchnerismo no es igualmente explícito para reprobar la violencia perpetrada por la Triple A de López Rega —gestada durante el segundo mandato de Juan Domingo Perón— Montoneros, ERP o el genocidio indígena de fines del siglo XIX e inicios del XX conducida por el Estado argentino, conocido como la «Campaña del Desierto». 

Las multitudinarias marchas a lo largo del país en un día como este dan la impresión de una opinión pública que cierra filas contra el autoritarismo. No obstante, observar a cientos de manifestantes, la gran mayoría jóvenes universitarios, marchando por las calles de la ciudad lanzando cánticos y enarbolando banderas representativas de sus agrupaciones no tiene correspondencia con que en Córdoba, por ejemplo, la provincia esté gobernada sucesivamente por el peronismo conservador que hace un años aprobó el polémico código de faltas, cuyos acápites se parecen mucho a las leyes vigentes en el estado de Arizona en lo que concierne a detención arbitraria sobre la base de la simple sospecha. 

Las diversas organizaciones que marcharon en Córdoba agregaron a la marcha un reclamo por los derechos de las minorías étnicas y sexuales, y contra el código de faltas aprobado por el gobierno provincial exigiendo la derogación de la norma que ordena el cierre de prostíbulos, pues la Provincia los considera causa fundamental de la trata de mujeres. De este modo, año a año el Día de la Memoria va incorporando nuevas demandas de acuerdo al contexto inmediato, lo cual la convierte progresivamente en una plataforma para lanzar reivindicaciones que trascienden el recuerdo del dolor remoto añadiendo una mirada alerta ante nuevas formas de represión aún activas en democracia. Sin embargo, muchas de estas organizaciones y partidos no participan en otras manifestaciones que tienen que ver también con la memoria, en otro sentido más amplio, como las luchas docentes, los derechos de mujeres o grupos heterodisidentes, comunidades indígenas, áreas y barrios afectados por los cultivos de soya y el crecimiento inmobiliario. Sería un equívoco interpretar que el sentir de esta manifestación en Córdoba se extiende por igual en todo el país.

Esto cambia la idea tradicional que existe acerca de la memoria, ya que permite su actualización constante. Evita que esta conmemoración se reduzca a una pasiva evocación dolorosa o a la agenda interna de un gobierno que, si bien posee una política de Estado sobre derechos humanos y memoria, se concentra sobre todo en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas del Estado durante la dictadura militar, lo cual ha sido aprovechado eficazmente por la gestión K. Exigir derechos para las trabajadoras sexuales, derechos reproductivos para las mujeres, condenar el genocidio cometido por el Estado argentino contra la población indígena y la desaparición en democracia amplía el marco del discurso sobre derechos humanos y memoria que actualmente sostiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo reacomoda para que tome en cuenta la violencia de ayer y de hoy. 

Organizaciones indígenas reclaman porque los espacios de memoria incluyan el genocidio indígena y lo reconozcan como el primer antecedente de terrorismo de Estado. El Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) fue creado como homenaje a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en un momento en altamente sensible para la población que padeció la violencia, pero no se percibe la intención de extender el horizonte de la memoria al sufrimiento de las comunidades indígenas. Luego de que el gobierno de Néstor Kirchner anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que amnistiaban a los militares involucrados en violación de derechos humanos para posteriormente llevarlos a juicio, no hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. Según el historiador Walter Delrío, autor de Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943), subsiste una continuidad en las políticas de Estado que sostuvieron el genocidio indígena y las que actualmente lo ignoran. 

La Ley 24.411, aprobada en 1994, obliga al Estado a indemnizar a los familiares de los asesinados y desaparecidos a causa del terrorismo de Estado. Ninguna reparación económica se debatió jamás a nivel del gobierno para las víctimas del genocidio indígena. Tampoco se cuenta con cifras oficiales sobre los asesinados y desaparecidos durante la Campaña del Desierto, pero algunas investigaciones como la de Diana Lenton —doctora en antropología y especialista en temas de política indígena— señala que en 1883, 20.000 prisioneros fueron trasladados a Buenos Aires y después, asesinados, desaparecidos o esclavizados. 

El antropólogo Marcelino Fontán afirma que la desaparición ideológica de Manuel Belgrano y Bernardo Monteagudo, revolucionarios de 1810 quienes promovieron la igualdad entre indígenas y criollos, facilitó la negación del exterminio indígena concebido y ejecutado por la generación del ochenta, conformada por gobernantes, intelectuales, científicos y escritores seguidores del ideal positivista de «orden y progreso» y conductores ideológicos del liberalismo conservador. Fontán sostiene que la generación del ochenta hizo posible que el grueso de la sociedad argentina asimilara, sin cuestionamientos, el exterminio físico y cultural de los habitantes ancestrales de estas tierras. Coincide con Delrío en que se mantiene un programa político y económico bajo nuevas formas de avance sobre territorios indígenas. 

¿El conflicto entre la memoria sobre la dictadura militar y la memoria sobre el genocidio indígena tiene un trasfondo étnico? Es un hecho que las víctimas del genocidio indígenas no fueron sectores urbanos, ni clase media como lo fue el grueso de las víctimas de la dictadura. Desde esta postura, la negación o reconocimiento de una memoria tendría raíces étnicas y de clase social. Otra lectura diría que la asociación entre memoria y violencia política es casi reciente, desatada a partir del Holocausto y generalmente vinculada a procesos de justicia transicional. Sin embargo, ello no debería ser dificultad para repensar el nexo entre memoria, historia y violencia. En todo caso, el debate debe situarse primero en qué tan amplia o restringida será la noción de memoria o violencia política empleada para evaluar los sucesos en cuestión. 

¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que en el Perú se instaure una fecha similar? Mucho tiempo, pues mientras en la Argentina la percepción de la opinión pública es casi unánime respecto a lo execrable del terrorismo de Estado, en el Perú la percepción mayoritaria es que las Fuerzas Armadas tuvieron que emplear necesariamente la violencia sobre un sector de la población civil, especialmente en los andes, para combatir a Sendero Luminoso y al MRTA. En Argentina, grosso modo, la clase media fue la directamente afectada por el terrorismo de Estado, en el Perú, como señala la Comisión de la Verdad (CVR) lo fue el sector más vulnerable de la nación: quechuahablante, campesino, analfabeto, andino, y dentro de ellos una gran parte, mujeres. Si gran parte de la opinión pública en el país justifica que las Fuerzas Armadas recurrieran al terror durante el conflicto armado interno en cumplimiento de un deber, tal vez sea porque sienten que ese conflicto surgió muy lejos de su realidad, que fue ocasionado por sujetos ajenos a su estilo de vida, que si los perjudicó bien merecido tendrían un escarmiento. En suma, mientras en la Argentina la memoria se organiza en torno a la experiencia de un vasto sector de la clase media, en el Perú la memoria de la violencia política está fragmentada entre una representación de la clase media, media alta y alta pro Fujimori y un resto muy diverso. Difícilmente en el Perú podría organizarse la memoria en función de un discurso que condene tanto la violencia de SL, MRTA y de las Fuerzas Armadas. 

En Argentina y Perú urge descentralizar y abrir el discurso oficial sobre la memoria de la violencia política. Más que un relato integral se requiere de un relato plural, de modo que la tensión entre versiones diferentes siga multiplicando los discursos sobre la memoria.

martes, marzo 26, 2013

ANTROPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA



Carlos Iván Degregori (1945-2011) dedicó gran parte de sus investigaciones al estudio del conflicto armado interno. Antropólogo de profesión, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Fue miembros de la Comisión la Verdad y Reconciliación dirigida por Salomón Lerner. Fue editor de No hay país más diverso. Compendio de Antropología peruana (2000), Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política (2003). Entre sus principales libros destacan El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969-1979 (1990), La década de la antipolítica, auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (2000) y Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista el Perú – Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980-1999 (2011), que reúne los resultados de su tesis doctoral y de diversos artículos publicados anteriormente. Se trata de su trabajo más ambicioso, extenso y completo acerca de Sendero Luminoso, su génesis, impacto y decadencia en las comunidades altoandinas donde tuvo una presencia gravitante. 

La primera parte sintetiza el contexto histórico-social del conflicto armado interno (1980-1999) desde la primera acción senderista el 17 de mayo de 1980 en el poblado ayacuchano de Chuschi, la víspera de las elecciones generales, hasta la asunción de Alberto Ramírez Durand, « Feliciano», quien asumiera parte del liderazgo sobre los remanentes de Sendero Luminoso luego de la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992. Degregori señala que el culto a la personalidad alimentado por Guzmán fue a la postre una de las causas de la debacle de Sendero Luminoso. Tan grande fue la devoción hacia su figura que a los militantes senderistas les fue muy difícil asimilar la capitulación de su líder y su conminación al término de la lucha armada y a la suscripción de un acuerdo de paz. Luego contextualiza a Sendero Luminoso en el panorama de los movimientos armados latinoamericanos. La particularidad de Sendero fue que privilegió lo ideológico antes que lo militar. Ello se observa en el afán intelectualista de Guzmán y en la formación de los principales cuadros integrantes del Comité Central, la mayoría abogados y maestros, y en la condición burocrática de su organización. Por esta razón, Degregori considera que Sendero Luminoso representa una ruptura ante los movimiento armados en América Latina como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el M19, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los distintos MIR, a los que podríamos agregar Montoneros y Tupamaros. En consecuencia, el mayor capital de Sendero Luminoso fue el discurso ideológico, un discurso que asumió sobre todo el maoísmo, a diferencia del resto de movimientos revolucionarios de izquierda en América Latina, y que marcó profundas distancias con la Revolución Cubana y la guerrilla del Che Guevara. 

La segunda parte describe el contexto nacional, regional, institucional y político. A nivel nacional, la penetración del capitalismo profundizó las desigualdades socioeconómicas en las provincias del interior, sobre todo andinas, impidiendo la expansión de reformas democráticas reales. Esto aunando a la ausencia de una alternativa política que recogiera las expectativas de los movimientos sociales que se organizaron desde los sesenta, setenta y ochenta fue aprovechado por Sendero Luminoso. En la región ayacuchana, la violencia estructural producto de la pobreza y el atraso generó estancamiento económico, fragmentación social y dependencia económica de Ayacucho, ubicada históricamente como la región más empobrecida del país. Institucionalmente, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) fue el dinamizador económico, social e ideológico de la ciudad de Ayacucho, que al final, convirtió esa ventaja en una poderosa fuerza política. Esta universidad se constituyó en el foco de discusión de ideas progresistas que concitó la atención de la juventud del campo y la ciudad. Ello brindó a Sendero Luminoso la plataforma ideológica idónea para afianzar su proyecto. Primero, tomó el control de los centros federados y luego de la universidad, circunstancia que aprovechó para formar grupos de estudios que adoctrinaban a los estudiantes, en particular, a los que provenían de familias campesinas. 

Seguidamente, explica las acciones armadas de Sendero Luminoso entre 1980 y 1984. El desgaste de las Fuerzas Armadas ante la ciudadanía, luego de doce años de dictadura militar, fue una de las razones por las que el presidente Belaúnde, depuesto por un golpe militar en 1968, fue muy reticente en convocarlos para combatir la subversión. El temor de Belaúnde era que los militares intentaran retomar el poder luego si derrotaban a los subversivos tal como ocurrió cuando combatieron al MIR en los sesenta. En contraste con la pobreza en la región, la población campesina defendió ardorosamente la educación pública. Había muchas escuelas rurales olvidadas por el Estado, muchas de ellas solventadas por las comunidades, donde Sendero aplicó exitosamente su estrategia de adoctrinamiento. Se trataba de comunidades muy cerradas sobre sí mismas, antiestatales con una larga tradición autoritaria. Degregori sitúa la caída de Sendero, el inicio de su fin, cuando reemplazó la organización comunal por estructuras partidarias urbanas, como la imposición de cuadros partidarios sobre las autoridades comunales; el aislamiento económico exigido por Sendero que agravó más pobreza de las comunidades; la suspensión de celebraciones tradicionales; y el ingreso de las Fuerzas Armadas que replegó a los senderistas de varias comunidades donde mantuvieron el control y la inicial adhesión de la población campesina, lo cual fue interpretado como una señal de debilidad, un abandono, y la llegada de un nuevo señor más poderoso. Los conflictos inter e intracomunales también aportaron su cuota de violencia. Fueron aprovechados por Sendero y las Fuerzas Armadas, de modo que algunas comunidades prestaron su apoyo a uno u otro bando a fin de lograr imponerse sobre sus ancestrales rivales. A esto se refiere Degregori cuando afirma que Sendero Luminoso destapó una «caja de Pandora» en los andes. 

En la tercera sección, Degregori explica la función que tuvieron los manuales introductorios al pensamiento marxista en la universidad pública peruana. Ello ocurrió en un contexto de masificación de la universidad peruana durante los sesenta y setenta, y del incremento de las facultades, estudios e investigaciones en ciencias sociales. La reforma universitaria del gobierno militar radicalizó más a los grupos de izquierda que controlaban las federaciones de estudiantes. La baja calidad de sus demandas, su ánimo confrontacional y la falta de alternativas sólidas terminó en el colapso de la universidad pública en el Perú. En este marco, los jóvenes universitarios provincianos escogieron las ciencias sociales para analizar su propia situación y buscar respuestas a sus interrogantes. De algún modo, vieron en el estudio de las ciencias sociales un instrumento para la revolución. 

«La rebelión del coro» contiene el apartado más importante para comprender el protagonismo de los jóvenes en el ascenso de Sendero Luminoso. Tensionados entre sus tradiciones y las demandas de un cambio radical, muchos jóvenes campesinos plegaron a la lucha armada. Sendero Luminoso les ofreció una explicación cerrada y dogmática acerca de su situación, por la cual la única opción era destruir ese modelo de sociedad que solo perpetuaba su condición excluyente. En un horizonte donde triunfara la revolución, ellos se veían como protagonistas, como agentes del cambio. Sin embargo, al romper las estructuras sociales de las comunidades, Sendero alteró las jerarquías colocando a jóvenes cuadros al mando en lugar de las autoridades tradicionales. De otro lado, las ejecuciones extremas de campesinos conflictuaron a muchos jóvenes que se vieron obligados a denunciar a sus propios familiar o asesinar a sus compoblanos. Los jóvenes rurales con educación secundaria fueron el sector más activo de Sendero, educados dentro de una visión crítica pero autoritaria del Perú. Sendero les ofreció movilidad social. El poder los sedujo. Sometieron a los adultos cuya resistencia fue ambigua debido a los lazos familiares y culturales que los unían. 

Una creencia muy difundida entre la opinión pública es que las comunidades altoandinas apoyaron masivamente a Sendero Luminoso. Degregori rebate tales afirmaciones aclarando que las comunidades oscilaron entre la aceptación, la adaptación en resistencia y la rebeldía abierta (189-190). Si la lucha contrasubversiva hubiera contemplado una estrategia ideológica paralela a la militar, se habría evitado la «cuota de sangre», prevista por Abimael Guzmán. Ello influyó en que la intervención de las Fuerzas Armadas agravara el panorama de la violencia en los andes. La represión brutal de las fuerzas del Estado contra la población campesina se debió a una interpretación errónea sobre el apoyo de las comunidades a Sendero Luminoso. Al asesinar campesinos y al suprimir las fiestas tradicionales, Sendero fue generando un progresivo rechazo de las comunidades que luego del ingreso de las Fuerzas Armadas dio lugar a la conformación de rondas campesinas, cuya participación en la derrota de Sendero fue decisiva. 

Los resultados de la rigurosa investigación de Degregori también discuten otra idea frecuentemente invocada por quienes asumen la «memoria de la salvación», la cual sostiene que las Fuerzas Armadas no tuvieron más remedio que combatir la subversión a un costo humano muy alto que implicaba la inevitable violación de derechos humanos. Afirmar que la naturaleza de las Fuerzas Armadas es «salir a matar» los equipara con la maquinaria de matar que fue Sendero Luminoso, y jurídica y moralmente los invalida como fuerzas del orden: se podía esperar que Sendero cometiera los crímenes más execrables, pero al final asistimos a un escenario en el que las fuerzas del Estado le disputan la mayor cantidad de víctimas fatales de acuerdo a lo establecido por la Comisión de la Verdad. La memoria de la salvación no resiste el mayor análisis, pues solventa la impunidad, descontextualiza el escenario del conflicto y coloca a las Fuerzas Armadas a la altura de los agresores. Este discurso sobre la memoria es favorable a una amnistía para los efectivos militares sentenciados y, paradójicamente, coincide en parte con las demandas del MOVADEF. 

Degregori considera que el milenarismo no ofrece una explicación satisfactoria sobre la adhesión parcial del campesinado a Sendero Luminoso, ya que tal hipótesis carece de fundamento empírico, sino que se trata de especulaciones sobredimensionadas que pretenden justificar un vínculo entre lo mágico-mítico-religioso recogido por la utopía andina y la guerra maoísta iniciada por Sendero. Degregori anota que esta perspectiva tiene más de fascinación culturalista que de evidencias sólidas, pues el apoyo inicial del campesinado a Sendero no se debió al rechazo a la modernidad, ni por cuestiones míticas sino por razones mucho más pragmáticas como reconocimiento de derechos, salud, vivienda, educación y servicios, es decir, por formar parte de una modernidad de la cual la metrópoli los excluía. Otro argumento que rebate la hipótesis milenarista, asumida por Alberto Flores Galindo en Buscando un inca, es que el campesino no fue el agente protagonista de la revolución organizada por Sendero, sino que este le exigía su total sumisión a la guerra. Por el contrario, la cosmovisión andina fue un obstáculo para la ideología senderista. Degregori precisa que los contendiente ideológicos enfrentados durante el conflicto armado interno (capitalismo liberal vs. marxismo- leninismo-maoísmo) provenían geoculturalmente de occidente y que ambos arremetieron, en la lucha por imponerse el uno al otro, contra la cosmovisión andina. 

Qué difícil es ser Dios nos permite repensar esa etapa oscura de nuestra historia reciente. Una publicación imprescindible para comprender desde una mirada antropológica lo que significó Sendero Luminoso, su historia, ideología y accionar antes y durante el conflicto armado interno en el Perú, así como el perfil sociocultural de sus integrantes y el análisis del discurso de su máximo líder Abimael Guzmán.