¿Alan García pedirá disculpas por las víctimas de El Frontón, Cayara y Bagua?
El presidente Alan García pidió disculpas esta semana a la comunidad afroperuana en nombre del Estado peruano, debido a los atropellos cometidos durante la Colonia y buena parte de nuestra vida republicana por las autoridades que tuvieron a su cargo el poder en nuestro país. Se trata de un mea culpa que, hasta donde recuerdo, tiene como antecedentes otras disculpas del mismo García, aquella vez dirigida a toda la nación, por la debacle social, política y económica a la que nos condujo su primer gobierno.
Las disculpas ofrecidas por Alan García se dieron en el marco de un acto simbólico de desagravio a favor de un sector de la población que históricamente soportó -y aún soporta qué duda cabe- maltratos y vejámenes que, a veces, lamentablemente, se invisibilizan bajo el manto de la cotidianeidad. El día a día suele adormecer la reflexión al punto que tendemos a naturalizar lo habitual y a perder una saludable indignación ante, por ejemplo, la injusticia, la desigualdad o la discriminación.
Si bien se trató de un gesto político muy importante, es necesario que se dé un paso más allá para superar lo simplemente anecdótico o ceremonial, pues este acto debe constituirse en un precedente para que, en un futuro cercano, este o el próximo gobierno ofrezca disculpas públicas a los deudos de las víctimas del conflicto armado interno sin distinción de ningún tipo. Estas disculpas estarían plenamente justificadas en el caso de Alan García porque aún tiene pendiente una deuda moral frente a los deudos de las víctimas de la masacre de El Frontón, Cayara y Bagua por mencionar solo algunos casos. Y digo deuda moral porque la deuda política la puede controlar mejor, mientras detente el poder; y la judicial requiere atravesar un largo camino para iniciarse.
Cuando el Estado recurrió al terror para combatir el terrorismo, perdió la supremacía moral que lo colocaba por encima de los agresores que deseaban destruir nuestra precaria, pero todavía en formación sociedad democrática. Las víctimas producto de la violencia armada no solo fueron las huestes del MRTA o de Sendero Luminoso, sino también la población civil y los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes en un inicio combatieron en desigualdad de condiciones contra un enemigo desconocido, acatando el mandato del Ejecutivo. En la medida que lucharon en desventaja por el abandono al que el Estado los expuso (aislamiento prolongado, falta de recursos logísticos, etc.) y que los poderes de este mismo Estado claudicaron a favor del poder militar sin ningún tipo de supervisión de las instituciones democráticas, se dio lugar a la barbarie de la cual recientemente estamos tomando conciencia. La sociedad democrática no puede volver a claudicar de esta manera ante el poder militar mucho menos cuando las Fuerzas Armadas se encuentren consternadas o en perpetua zozobra por los constantes ataques del narcoterrorismo y las consecuentes bajas que, a nivel mediático, causan tanto o más impacto en la imagen de las instituciones militares. En consecuencia, el Estado que conminó a las Fuerzas Armadas a combatir en tales circunstancias adversas y que cedió el control absoluto al poder militar en perjuicio de la institucionalidad democrática es corresponsable de la violencia generadas en aquellas zonas de emergencia y, por ende, de las miles de víctimas tanto civiles como militares.
El presidente Alan García pidió disculpas esta semana a la comunidad afroperuana en nombre del Estado peruano, debido a los atropellos cometidos durante la Colonia y buena parte de nuestra vida republicana por las autoridades que tuvieron a su cargo el poder en nuestro país. Se trata de un mea culpa que, hasta donde recuerdo, tiene como antecedentes otras disculpas del mismo García, aquella vez dirigida a toda la nación, por la debacle social, política y económica a la que nos condujo su primer gobierno.
Las disculpas ofrecidas por Alan García se dieron en el marco de un acto simbólico de desagravio a favor de un sector de la población que históricamente soportó -y aún soporta qué duda cabe- maltratos y vejámenes que, a veces, lamentablemente, se invisibilizan bajo el manto de la cotidianeidad. El día a día suele adormecer la reflexión al punto que tendemos a naturalizar lo habitual y a perder una saludable indignación ante, por ejemplo, la injusticia, la desigualdad o la discriminación.
Si bien se trató de un gesto político muy importante, es necesario que se dé un paso más allá para superar lo simplemente anecdótico o ceremonial, pues este acto debe constituirse en un precedente para que, en un futuro cercano, este o el próximo gobierno ofrezca disculpas públicas a los deudos de las víctimas del conflicto armado interno sin distinción de ningún tipo. Estas disculpas estarían plenamente justificadas en el caso de Alan García porque aún tiene pendiente una deuda moral frente a los deudos de las víctimas de la masacre de El Frontón, Cayara y Bagua por mencionar solo algunos casos. Y digo deuda moral porque la deuda política la puede controlar mejor, mientras detente el poder; y la judicial requiere atravesar un largo camino para iniciarse.
Cuando el Estado recurrió al terror para combatir el terrorismo, perdió la supremacía moral que lo colocaba por encima de los agresores que deseaban destruir nuestra precaria, pero todavía en formación sociedad democrática. Las víctimas producto de la violencia armada no solo fueron las huestes del MRTA o de Sendero Luminoso, sino también la población civil y los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes en un inicio combatieron en desigualdad de condiciones contra un enemigo desconocido, acatando el mandato del Ejecutivo. En la medida que lucharon en desventaja por el abandono al que el Estado los expuso (aislamiento prolongado, falta de recursos logísticos, etc.) y que los poderes de este mismo Estado claudicaron a favor del poder militar sin ningún tipo de supervisión de las instituciones democráticas, se dio lugar a la barbarie de la cual recientemente estamos tomando conciencia. La sociedad democrática no puede volver a claudicar de esta manera ante el poder militar mucho menos cuando las Fuerzas Armadas se encuentren consternadas o en perpetua zozobra por los constantes ataques del narcoterrorismo y las consecuentes bajas que, a nivel mediático, causan tanto o más impacto en la imagen de las instituciones militares. En consecuencia, el Estado que conminó a las Fuerzas Armadas a combatir en tales circunstancias adversas y que cedió el control absoluto al poder militar en perjuicio de la institucionalidad democrática es corresponsable de la violencia generadas en aquellas zonas de emergencia y, por ende, de las miles de víctimas tanto civiles como militares.
Respecto a Bagua las justificaciones sobran. La desacertada operación de desalojo de los manifestantes que bloquearon la carretera aunada a la incompetencia de Mercedes Cabanillas como ministra del Interior y a los exabruptos de Alan García quien puso jerarquías a la ciudadanía de los pobladores de aquella zona no hicieron más que agravar la situación. Estos acontecimientos ocurridos durante su primer y segundo mandato justifican sobremanera una disculpa de Alan García. Y nótese que no se trata de una disculpa ofrecida solo a los deudos de terroristas o de la población civil, sino, además, al personal militar. Por ello, recalco que no debe existir ningún tipo de distinción cuando, en su momento, se ofrezcan estas disculpas oficiales.
Posiblemente, transcurran algunos años antes que esto ocurra o tal vez ni siquiera suceda, pero si dentro del APRA existe alguna mente lúcida y autónoma del oficialismo alanista, tendrán la tarea de asumir en el silencio los errores de su líder o procurar enmendar, al menos moralmente, esos descalabros.