MEMORIAS EN CONFLICTO

El pasado 24 de marzo se cumplieron 37 años del golpe militar en la Argentina. Desde hace once años ha sido declarado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una ocasión para condenar masivamente el terrorismo de Estado responsable de miles de muertes y desapariciones producidas durante el gobierno de la Junta Militar (1976-1983). Sin embargo, otra de las consignas más aclamadas fue condenar la persecución política y las desapariciones en democracia. Y es que el núcleo fuerte del discurso por la memoria en la Argentina gira en torno a los sucesos ocurridos durante la dictadura militar, la cual merece una condena sin ambages, pero el kirchnerismo no es igualmente explícito para reprobar la violencia perpetrada por la Triple A de López Rega —gestada durante el segundo mandato de Juan Domingo Perón— Montoneros, ERP o el genocidio indígena de fines del siglo XIX e inicios del XX conducida por el Estado argentino, conocido como la «Campaña del Desierto». 

Las multitudinarias marchas a lo largo del país en un día como este dan la impresión de una opinión pública que cierra filas contra el autoritarismo. No obstante, observar a cientos de manifestantes, la gran mayoría jóvenes universitarios, marchando por las calles de la ciudad lanzando cánticos y enarbolando banderas representativas de sus agrupaciones no tiene correspondencia con que en Córdoba, por ejemplo, la provincia esté gobernada sucesivamente por el peronismo conservador que hace un años aprobó el polémico código de faltas, cuyos acápites se parecen mucho a las leyes vigentes en el estado de Arizona en lo que concierne a detención arbitraria sobre la base de la simple sospecha. 

Las diversas organizaciones que marcharon en Córdoba agregaron a la marcha un reclamo por los derechos de las minorías étnicas y sexuales, y contra el código de faltas aprobado por el gobierno provincial exigiendo la derogación de la norma que ordena el cierre de prostíbulos, pues la Provincia los considera causa fundamental de la trata de mujeres. De este modo, año a año el Día de la Memoria va incorporando nuevas demandas de acuerdo al contexto inmediato, lo cual la convierte progresivamente en una plataforma para lanzar reivindicaciones que trascienden el recuerdo del dolor remoto añadiendo una mirada alerta ante nuevas formas de represión aún activas en democracia. Sin embargo, muchas de estas organizaciones y partidos no participan en otras manifestaciones que tienen que ver también con la memoria, en otro sentido más amplio, como las luchas docentes, los derechos de mujeres o grupos heterodisidentes, comunidades indígenas, áreas y barrios afectados por los cultivos de soya y el crecimiento inmobiliario. Sería un equívoco interpretar que el sentir de esta manifestación en Córdoba se extiende por igual en todo el país.

Esto cambia la idea tradicional que existe acerca de la memoria, ya que permite su actualización constante. Evita que esta conmemoración se reduzca a una pasiva evocación dolorosa o a la agenda interna de un gobierno que, si bien posee una política de Estado sobre derechos humanos y memoria, se concentra sobre todo en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas del Estado durante la dictadura militar, lo cual ha sido aprovechado eficazmente por la gestión K. Exigir derechos para las trabajadoras sexuales, derechos reproductivos para las mujeres, condenar el genocidio cometido por el Estado argentino contra la población indígena y la desaparición en democracia amplía el marco del discurso sobre derechos humanos y memoria que actualmente sostiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo reacomoda para que tome en cuenta la violencia de ayer y de hoy. 

Organizaciones indígenas reclaman porque los espacios de memoria incluyan el genocidio indígena y lo reconozcan como el primer antecedente de terrorismo de Estado. El Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) fue creado como homenaje a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en un momento en altamente sensible para la población que padeció la violencia, pero no se percibe la intención de extender el horizonte de la memoria al sufrimiento de las comunidades indígenas. Luego de que el gobierno de Néstor Kirchner anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que amnistiaban a los militares involucrados en violación de derechos humanos para posteriormente llevarlos a juicio, no hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. Según el historiador Walter Delrío, autor de Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943), subsiste una continuidad en las políticas de Estado que sostuvieron el genocidio indígena y las que actualmente lo ignoran. 

La Ley 24.411, aprobada en 1994, obliga al Estado a indemnizar a los familiares de los asesinados y desaparecidos a causa del terrorismo de Estado. Ninguna reparación económica se debatió jamás a nivel del gobierno para las víctimas del genocidio indígena. Tampoco se cuenta con cifras oficiales sobre los asesinados y desaparecidos durante la Campaña del Desierto, pero algunas investigaciones como la de Diana Lenton —doctora en antropología y especialista en temas de política indígena— señala que en 1883, 20.000 prisioneros fueron trasladados a Buenos Aires y después, asesinados, desaparecidos o esclavizados. 

El antropólogo Marcelino Fontán afirma que la desaparición ideológica de Manuel Belgrano y Bernardo Monteagudo, revolucionarios de 1810 quienes promovieron la igualdad entre indígenas y criollos, facilitó la negación del exterminio indígena concebido y ejecutado por la generación del ochenta, conformada por gobernantes, intelectuales, científicos y escritores seguidores del ideal positivista de «orden y progreso» y conductores ideológicos del liberalismo conservador. Fontán sostiene que la generación del ochenta hizo posible que el grueso de la sociedad argentina asimilara, sin cuestionamientos, el exterminio físico y cultural de los habitantes ancestrales de estas tierras. Coincide con Delrío en que se mantiene un programa político y económico bajo nuevas formas de avance sobre territorios indígenas. 

¿El conflicto entre la memoria sobre la dictadura militar y la memoria sobre el genocidio indígena tiene un trasfondo étnico? Es un hecho que las víctimas del genocidio indígenas no fueron sectores urbanos, ni clase media como lo fue el grueso de las víctimas de la dictadura. Desde esta postura, la negación o reconocimiento de una memoria tendría raíces étnicas y de clase social. Otra lectura diría que la asociación entre memoria y violencia política es casi reciente, desatada a partir del Holocausto y generalmente vinculada a procesos de justicia transicional. Sin embargo, ello no debería ser dificultad para repensar el nexo entre memoria, historia y violencia. En todo caso, el debate debe situarse primero en qué tan amplia o restringida será la noción de memoria o violencia política empleada para evaluar los sucesos en cuestión. 

¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que en el Perú se instaure una fecha similar? Mucho tiempo, pues mientras en la Argentina la percepción de la opinión pública es casi unánime respecto a lo execrable del terrorismo de Estado, en el Perú la percepción mayoritaria es que las Fuerzas Armadas tuvieron que emplear necesariamente la violencia sobre un sector de la población civil, especialmente en los andes, para combatir a Sendero Luminoso y al MRTA. En Argentina, grosso modo, la clase media fue la directamente afectada por el terrorismo de Estado, en el Perú, como señala la Comisión de la Verdad (CVR) lo fue el sector más vulnerable de la nación: quechuahablante, campesino, analfabeto, andino, y dentro de ellos una gran parte, mujeres. Si gran parte de la opinión pública en el país justifica que las Fuerzas Armadas recurrieran al terror durante el conflicto armado interno en cumplimiento de un deber, tal vez sea porque sienten que ese conflicto surgió muy lejos de su realidad, que fue ocasionado por sujetos ajenos a su estilo de vida, que si los perjudicó bien merecido tendrían un escarmiento. En suma, mientras en la Argentina la memoria se organiza en torno a la experiencia de un vasto sector de la clase media, en el Perú la memoria de la violencia política está fragmentada entre una representación de la clase media, media alta y alta pro Fujimori y un resto muy diverso. Difícilmente en el Perú podría organizarse la memoria en función de un discurso que condene tanto la violencia de SL, MRTA y de las Fuerzas Armadas. 

En Argentina y Perú urge descentralizar y abrir el discurso oficial sobre la memoria de la violencia política. Más que un relato integral se requiere de un relato plural, de modo que la tensión entre versiones diferentes siga multiplicando los discursos sobre la memoria.

ANTROPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

Carlos Iván Degregori (1945-2011) dedicó gran parte de sus investigaciones al estudio del conflicto armado interno. Antropólogo de profesión, estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Fue miembros de la Comisión la Verdad y Reconciliación dirigida por Salomón Lerner. Fue editor de No hay país más diverso. Compendio de Antropología peruana (2000), Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política (2003). Entre sus principales libros destacan El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969-1979 (1990), La década de la antipolítica, auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos (2000) y Qué difícil es ser Dios. El Partido Comunista el Perú – Sendero Luminoso y el conflicto armado interno en el Perú: 1980-1999 (2011), que reúne los resultados de su tesis doctoral y de diversos artículos publicados anteriormente. Se trata de su trabajo más ambicioso, extenso y completo acerca de Sendero Luminoso, su génesis, impacto y decadencia en las comunidades altoandinas donde tuvo una presencia gravitante. 

La primera parte sintetiza el contexto histórico-social del conflicto armado interno (1980-1999) desde la primera acción senderista el 17 de mayo de 1980 en el poblado ayacuchano de Chuschi, la víspera de las elecciones generales, hasta la asunción de Alberto Ramírez Durand, « Feliciano», quien asumiera parte del liderazgo sobre los remanentes de Sendero Luminoso luego de la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992. Degregori señala que el culto a la personalidad alimentado por Guzmán fue a la postre una de las causas de la debacle de Sendero Luminoso. Tan grande fue la devoción hacia su figura que a los militantes senderistas les fue muy difícil asimilar la capitulación de su líder y su conminación al término de la lucha armada y a la suscripción de un acuerdo de paz. Luego contextualiza a Sendero Luminoso en el panorama de los movimientos armados latinoamericanos. La particularidad de Sendero fue que privilegió lo ideológico antes que lo militar. Ello se observa en el afán intelectualista de Guzmán y en la formación de los principales cuadros integrantes del Comité Central, la mayoría abogados y maestros, y en la condición burocrática de su organización. Por esta razón, Degregori considera que Sendero Luminoso representa una ruptura ante los movimiento armados en América Latina como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el M19, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los distintos MIR, a los que podríamos agregar Montoneros y Tupamaros. En consecuencia, el mayor capital de Sendero Luminoso fue el discurso ideológico, un discurso que asumió sobre todo el maoísmo, a diferencia del resto de movimientos revolucionarios de izquierda en América Latina, y que marcó profundas distancias con la Revolución Cubana y la guerrilla del Che Guevara. 

La segunda parte describe el contexto nacional, regional, institucional y político. A nivel nacional, la penetración del capitalismo profundizó las desigualdades socioeconómicas en las provincias del interior, sobre todo andinas, impidiendo la expansión de reformas democráticas reales. Esto aunando a la ausencia de una alternativa política que recogiera las expectativas de los movimientos sociales que se organizaron desde los sesenta, setenta y ochenta fue aprovechado por Sendero Luminoso. En la región ayacuchana, la violencia estructural producto de la pobreza y el atraso generó estancamiento económico, fragmentación social y dependencia económica de Ayacucho, ubicada históricamente como la región más empobrecida del país. Institucionalmente, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) fue el dinamizador económico, social e ideológico de la ciudad de Ayacucho, que al final, convirtió esa ventaja en una poderosa fuerza política. Esta universidad se constituyó en el foco de discusión de ideas progresistas que concitó la atención de la juventud del campo y la ciudad. Ello brindó a Sendero Luminoso la plataforma ideológica idónea para afianzar su proyecto. Primero, tomó el control de los centros federados y luego de la universidad, circunstancia que aprovechó para formar grupos de estudios que adoctrinaban a los estudiantes, en particular, a los que provenían de familias campesinas. 

Seguidamente, explica las acciones armadas de Sendero Luminoso entre 1980 y 1984. El desgaste de las Fuerzas Armadas ante la ciudadanía, luego de doce años de dictadura militar, fue una de las razones por las que el presidente Belaúnde, depuesto por un golpe militar en 1968, fue muy reticente en convocarlos para combatir la subversión. El temor de Belaúnde era que los militares intentaran retomar el poder luego si derrotaban a los subversivos tal como ocurrió cuando combatieron al MIR en los sesenta. En contraste con la pobreza en la región, la población campesina defendió ardorosamente la educación pública. Había muchas escuelas rurales olvidadas por el Estado, muchas de ellas solventadas por las comunidades, donde Sendero aplicó exitosamente su estrategia de adoctrinamiento. Se trataba de comunidades muy cerradas sobre sí mismas, antiestatales con una larga tradición autoritaria. Degregori sitúa la caída de Sendero, el inicio de su fin, cuando reemplazó la organización comunal por estructuras partidarias urbanas, como la imposición de cuadros partidarios sobre las autoridades comunales; el aislamiento económico exigido por Sendero que agravó más pobreza de las comunidades; la suspensión de celebraciones tradicionales; y el ingreso de las Fuerzas Armadas que replegó a los senderistas de varias comunidades donde mantuvieron el control y la inicial adhesión de la población campesina, lo cual fue interpretado como una señal de debilidad, un abandono, y la llegada de un nuevo señor más poderoso. Los conflictos inter e intracomunales también aportaron su cuota de violencia. Fueron aprovechados por Sendero y las Fuerzas Armadas, de modo que algunas comunidades prestaron su apoyo a uno u otro bando a fin de lograr imponerse sobre sus ancestrales rivales. A esto se refiere Degregori cuando afirma que Sendero Luminoso destapó una «caja de Pandora» en los andes. 

En la tercera sección, Degregori explica la función que tuvieron los manuales introductorios al pensamiento marxista en la universidad pública peruana. Ello ocurrió en un contexto de masificación de la universidad peruana durante los sesenta y setenta, y del incremento de las facultades, estudios e investigaciones en ciencias sociales. La reforma universitaria del gobierno militar radicalizó más a los grupos de izquierda que controlaban las federaciones de estudiantes. La baja calidad de sus demandas, su ánimo confrontacional y la falta de alternativas sólidas terminó en el colapso de la universidad pública en el Perú. En este marco, los jóvenes universitarios provincianos escogieron las ciencias sociales para analizar su propia situación y buscar respuestas a sus interrogantes. De algún modo, vieron en el estudio de las ciencias sociales un instrumento para la revolución. 

«La rebelión del coro» contiene el apartado más importante para comprender el protagonismo de los jóvenes en el ascenso de Sendero Luminoso. Tensionados entre sus tradiciones y las demandas de un cambio radical, muchos jóvenes campesinos plegaron a la lucha armada. Sendero Luminoso les ofreció una explicación cerrada y dogmática acerca de su situación, por la cual la única opción era destruir ese modelo de sociedad que solo perpetuaba su condición excluyente. En un horizonte donde triunfara la revolución, ellos se veían como protagonistas, como agentes del cambio. Sin embargo, al romper las estructuras sociales de las comunidades, Sendero alteró las jerarquías colocando a jóvenes cuadros al mando en lugar de las autoridades tradicionales. De otro lado, las ejecuciones extremas de campesinos conflictuaron a muchos jóvenes que se vieron obligados a denunciar a sus propios familiar o asesinar a sus compoblanos. Los jóvenes rurales con educación secundaria fueron el sector más activo de Sendero, educados dentro de una visión crítica pero autoritaria del Perú. Sendero les ofreció movilidad social. El poder los sedujo. Sometieron a los adultos cuya resistencia fue ambigua debido a los lazos familiares y culturales que los unían. 

Una creencia muy difundida entre la opinión pública es que las comunidades altoandinas apoyaron masivamente a Sendero Luminoso. Degregori rebate tales afirmaciones aclarando que las comunidades oscilaron entre la aceptación, la adaptación en resistencia y la rebeldía abierta (189-190). Si la lucha contrasubversiva hubiera contemplado una estrategia ideológica paralela a la militar, se habría evitado la «cuota de sangre», prevista por Abimael Guzmán. Ello influyó en que la intervención de las Fuerzas Armadas agravara el panorama de la violencia en los andes. La represión brutal de las fuerzas del Estado contra la población campesina se debió a una interpretación errónea sobre el apoyo de las comunidades a Sendero Luminoso. Al asesinar campesinos y al suprimir las fiestas tradicionales, Sendero fue generando un progresivo rechazo de las comunidades que luego del ingreso de las Fuerzas Armadas dio lugar a la conformación de rondas campesinas, cuya participación en la derrota de Sendero fue decisiva. 

Los resultados de la rigurosa investigación de Degregori también discuten otra idea frecuentemente invocada por quienes asumen la «memoria de la salvación», la cual sostiene que las Fuerzas Armadas no tuvieron más remedio que combatir la subversión a un costo humano muy alto que implicaba la inevitable violación de derechos humanos. Afirmar que la naturaleza de las Fuerzas Armadas es «salir a matar» los equipara con la maquinaria de matar que fue Sendero Luminoso, y jurídica y moralmente los invalida como fuerzas del orden: se podía esperar que Sendero cometiera los crímenes más execrables, pero al final asistimos a un escenario en el que las fuerzas del Estado le disputan la mayor cantidad de víctimas fatales de acuerdo a lo establecido por la Comisión de la Verdad. La memoria de la salvación no resiste el mayor análisis, pues solventa la impunidad, descontextualiza el escenario del conflicto y coloca a las Fuerzas Armadas a la altura de los agresores. Este discurso sobre la memoria es favorable a una amnistía para los efectivos militares sentenciados y, paradójicamente, coincide en parte con las demandas del MOVADEF. 

Degregori considera que el milenarismo no ofrece una explicación satisfactoria sobre la adhesión parcial del campesinado a Sendero Luminoso, ya que tal hipótesis carece de fundamento empírico, sino que se trata de especulaciones sobredimensionadas que pretenden justificar un vínculo entre lo mágico-mítico-religioso recogido por la utopía andina y la guerra maoísta iniciada por Sendero. Degregori anota que esta perspectiva tiene más de fascinación culturalista que de evidencias sólidas, pues el apoyo inicial del campesinado a Sendero no se debió al rechazo a la modernidad, ni por cuestiones míticas sino por razones mucho más pragmáticas como reconocimiento de derechos, salud, vivienda, educación y servicios, es decir, por formar parte de una modernidad de la cual la metrópoli los excluía. Otro argumento que rebate la hipótesis milenarista, asumida por Alberto Flores Galindo en Buscando un inca, es que el campesino no fue el agente protagonista de la revolución organizada por Sendero, sino que este le exigía su total sumisión a la guerra. Por el contrario, la cosmovisión andina fue un obstáculo para la ideología senderista. Degregori precisa que los contendiente ideológicos enfrentados durante el conflicto armado interno (capitalismo liberal vs. marxismo- leninismo-maoísmo) provenían geoculturalmente de occidente y que ambos arremetieron, en la lucha por imponerse el uno al otro, contra la cosmovisión andina. 

Qué difícil es ser Dios nos permite repensar esa etapa oscura de nuestra historia reciente. Una publicación imprescindible para comprender desde una mirada antropológica lo que significó Sendero Luminoso, su historia, ideología y accionar antes y durante el conflicto armado interno en el Perú, así como el perfil sociocultural de sus integrantes y el análisis del discurso de su máximo líder Abimael Guzmán.

EL DISCURSO DEL SUJETO SUBVERSIVO

En la lección inaugural del College de France en 1970, Michel Foucault presentó El orden del discurso, donde expuso su particular metodología para el análisis del discurso. Antes de anunciar su hipótesis, abrió una interrogante: ¿cuál es el peligro con la proliferación de los discursos? Foucault sostuvo en su intervención que en toda sociedad existen procedimientos para el control de los discursos. Prueba de ello es que no todos estamos autorizados a hablar de cualquier tema, es decir, no me refiero al simple hecho de manifestarse, sino a la autoridad que acredita que lo dicho es relevante o banal.

A Foucault le interesa desentrañar los mecanismo de producción y control de los discursos en la sociedad y para ello propone un enfoque crítico de los discursos en cuestión, que analice sus condiciones de producción y las coaccciones que ejerce, y una genealogía que rastree su evolución y transformación. Si como afirma, el discurso está vinculado con el deseo y el poder, entonces quien controle el discurso dominará a los sujetos que enuncian tal o cual discurso. En esa tarea, las instituciones cumplen un rol fundamental, pues producen, reproducen y amplifican los alcances del discurso que conviene a sus intereses.

Pero también los sujetos cumplen su parte. El discurso, dice Foucault, obtiene poder de los sujetos, quienes son constantemente interpelados por diversos discursos muchos de ellos contradictorios. Por esta razón, entiende que el discurso es un campo de batalla por el poder, el poder de controlar la subjetividad y las identidades.

Los procedimientos de control del discurso expuestos por Foucault se caracterizan por la exclusión. Lo prohibido es uno de ellos. Este procedimiento actúa impidiendo que el discurso de ciertos individuos circule libremente. Su palabra es despojada de valor, pues la exclusión los priva de autoridad para enunciar su discurso, le quita legitimidad. En consecuencia, son sujetos a los que no se les concede un lugar en la polémica y mucho menos son dignos de audiencia.

Otro principio de exclusión señalado por el autor es la separación o el rechazo. De manera inversa al anterior mecanismo por cual no se permite el ingreso, aquí se expulsa a la voz disidente. Aquí el discurso perdió la legitimidad que poseyó alguna vez, motivo por el que es separado.

La voluntad de verdad también es un sistema de exclusión de discursos, ya que un grupo se arroga la posesión de la verdad, la legítima interpretación de un acontecimiento, por ejemplo, el análisis del conflicto armado interno. Este procedimiento coloca a los discursos adversos en el terreno de la falsedad. Pero, ¿acaso no hay otras posibilidades de interpretación del conflicto armado interno que deban ser discutidas públicamente? Digo discutidas, no aceptadas por el simple hecho de haber sido manifestadas.

¿Qué subjetividad dentro del discurso de la violencia política posee un discurso despojado de valor? Ese es el sujeto subversivo: su palabra ya está de mano invalidada, está condenado al espacio del mal puro, no es un sujeto digno para el debate, su palabra tiene el efecto de una infección que se expandirá si no se le acalla. Y por ello se le tiene (y se le teme) que cerrar toda posibilidad de expresión. Es el cuco que tiene que volver a la oscuridad. Su discurso es atendible como tema de investigación para las ciencias sociales o la crítica literaria, pero no para el debate político en la esfera pública porque allí estarán vencidos de antemano. De acuerdo, a los procedimientos mencionados por Foucault, el sujeto subversivo es confinado a la no-verdad y a lo irracional.

El discurso hegemónico sobre la violencia política, sostenido por los medios de comunicación, el Estado y la opinión pública en su mayoría, niegan que el discurso del sujeto subversivo posea una dosis mínima de verdad, porque presuponen que la verdad no está con aquel, sino con ellos. Me pregunto cómo se podría construir un gran relato (Hatun Willakuy) sobre la violencia política de los 80 y 90 si es que se persiste en demonizar el discurso del sujeto subversivo, al que se considera un engendro surgido de la nada y no como el producto de una violencia estructural que naturalizó la desigualdad y la distancia cultural,si es que persiste la voluntad por sentenciar antes que por comprender, esa arrogancia de la certeza como diría Roland Barthes.

¿Amnistía sin arrepentimiento?

Debate en torno a la amnistía general

Hoy domingo, día del Padre, recibí un correo masivo del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales en el que sus principales dirigentes comunicaban a la opinión pública su decisión de participar en un debate acerca de la "Amnistía General para civiles, militares y policías en el Perú". Seguidamente, transcribo el cuerpo del mensaje para que los lectores contextualicen lo mejor posible mi postura.

El “Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales”, nueva organización política de izquierda constituida al amparo del artículo 35º de la Constitución Política del Perú, se dirige a la opinión pública en general y a nuestro querido pueblo en particular para comunicar lo siguiente:

1.- Que, como es de público conocimiento y difundido en el programa “Prensa Libre” de TV Canal 4 el jueves último y reiterado el día de hoy en el Diario “La República”; el Señor Carlos Tapia, vocero del Partido Nacionalista, ha propuesto al Dr. Manuel Fajardo y Dr. Alfredo Crespo, Secretario General y Sub- Secretario respectivamente, de nuestro Movimiento, a sostener un debate público sobre la “Amnistía General” que constituye uno de los puntos fundamentales de nuestra propuesta programática.

2.- Que, asimismo el Señor Carlos Tapia ha fijado dicho debate para el día martes 22 del mes en curso a las 11am. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos.

3.- Que, siendo interés nuestro dar a conocer y confrontar en forma alturada>los fundamentos que sustentan nuestra propuesta de “Amnistía General” para civiles, militares y policías en el Perú; HEMOS ACORDADO CONCURRIR AL DEBATE PROPUESTO, oportunidad en la que por nuestra parte estarán presentes nuestros representantes en mención y el compañero Juan Carlos Ríos, miembro de nuestro Comité Directivo.

4.- Por otro lado, informamos que el día de hoy nos hemos comunicado telefónicamente con el Sr. Carlos Tapia comunicándole nuestra aceptación al debate propuesto, quien nos ha manifestado que él participará acompañado del Señor Alberto Adrianzén y la Señora Isabel Coral.

Lima, 19 de junio de 2010

MOVIMIENTO POR AMNISTIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

El referido mensaje es firmado por Alfredo Crespo y Manuel Fajardo, subsecretario y secretario respectivamente del movimiento.

A la luz de lo sucedido hace poco en San Marcos, donde hubo una manifestación a favor de la liberación de presos por terrorismo entre ellos de Abimael Guzmán; y, además, de las infelices amenazas de nuestro presidente Alan García, quien advirtió que no pedirá permiso a nadie para ingresar a San Marcos; y de la predecible secuela de opiniones en los medios, desde las más alarmistas hasta las más moderadas, la convocatoria a un debate público acerca de la amnistía en el cual alturadamente se intercambien argumentos frente a la opinión pública (y dadas las circunstancias que ello ocurra en San Marcos es mucho más significativo aún) me parece la más acertada propuesta dentro de todos los pronunciamientos que he conocido luego de lo acontecido en la facultad de Ciencias Sociales en San Marcos. Porque para contrarrestar un discurso totalitario y violentista (o a sus seguidores que es lo mismo porque la ideas toman cuerpo de acciones mediante individuos concretos) se debe confrontarlo directamente y sin medias tintas y sobre todo con convicciones e ideas claras.

El combate ideológico

En este debate, considero que más que lo ideológico-político debería primar lo ético. No podemos dejar que ciertas ideas cobren cuerpo otra vez debido a la indiferencia de los intelectuales, políticos o de la opinión pública. Mirar hacia otro lado ya nos costó muy caro como para no haber aprendido la lección. Si algún compromiso ético es insoslayable, en estas circunstancias, este es el de la solidaridad, entendida no solo como un gesto simbólico de apoyo moral a una causa noble, sino como activa participación en las cuestiones que atañen a toda la ciudadanía. Si el debate convocado por Carlos Tapia, actual vocero del Partido Nacionalista, se reduce a un mero intercambio de pareceres ideológicos, se habrá perdido una gran oportunidad para vencer a quienes mediante la fachada de la participación democrática exigen los derechos que sus defendidos no tuvieron dudas en conculcar, frente a lo cual no todos han demostrado un arrepentimiento transparente. Sin embargo, me complace saber que Carlos Tapia, Nicolás Lynch y Alberto Adrianzén hayan decidido asumir una postura inteligente, pues no se puede dejar una discusión de esta naturaleza al simple análisis político de una columna periodística: hay que enfrentar al autoritarismo violentista en su propio reducto y más que persuadir a los que reclaman la amnistía del despropósito de su propuesta, considero que se debe buscar persuadir a la opinión pública a través de un ejercicio transparente de pedagogía política.

No obstante, lo ideológico será un aspecto muy importante en el debate porque será la primera vez que la izquierda democrática marque públicamente su distancia del extremismo radical del marxismo-leninismo-maoísmo. Es una oportunidad que los que creemos en el socialismo democrático no podemos desperdiciar, pues la dubitaciones que hicieron presa de la izquierda durante los años 80 y 90 respecto a su relación con el PCP-SL y el MRTA permitieron que la opinión pública identifique, comprensiblemente, la demencia terrorista con las propuestas de la izquierda o, peor aún, que se asuma a la izquierda como un bloque homogéneo sin matices ni grados de visible diferencia. Si Tapia y Adrianzén logran salir airosos del debate, no solo habrá ganado la izquierda democrática, sino también la democracia basada en la participación ciudadana y en el contraste de ideas. De mi parte, anticipo que ambos pulverizarán de un plumazo los argumentos de los abogados del terror, la impunidad y la necedad política. "Hoy sí es posible debatir con Sendero Luminoso", apunta Tapia; es cierto, ¿tendrá el fujimorismo propuestas concretas más allá que bailar "Thriller"? ¿Lourdes se conformará con lucir como la niña buena del salón? Al menos del partido de Ollanta Humala les acaba de sacar la delantera y posiblemente capitalice con creces su confrontación contra los defensores de Sendero Luminoso.

Antes del perdón

Quisiera saber cómo los integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales podrían persuadir a los deudos perdieron a sus seres queridos o, en el caso de los que buscan amnistía para los militares, de que se amnistíe a presos de Sendero Luminoso o MRTA sentenciados que purgan condena o a oficiales que asesinaron a inocentes. No se puede amnistiar a criminales. Todos aquellos que nos opusimos a la amnistía para el grupo Colina no podríamos avalar de ninguna manera que se extiende algo semejante para otros criminales. La violencia armada venga de donde venga, merece todo mi repudio, así como también la vergonzosa pretensión de amnistiar a criminales. Exigir sentencia a quienes llevan mucho tiempo encarcelados, es otra discusión y si fuera consultado al respecto, exigiría que se aplique la ley y se libere a presos sin sentencia. Pero la amnistía no se puede confundir con la impunidad.

El punto de partida para la reconciliación nacional debe ser el reconocimiento explícito y sin ambages de las responsabilidades del Estado, FFAA, Sendero Luminoso, MRTA, rondas campesinas y otros agentes que por acción u omisión contribuyeron a intensificar la violencia o entorpecieron el descubrimiento de la verdad. Solo será posible perdonar en la medida que el agresor demuestre una evidente voluntad de arrepentimiento y pida disculpas a los agraviados. Esto va tanto para el PCP-SL, MRTA y FFAA. Y ello debería ser realizado por todos aquellos que tienen las manos manchadas de sangre. De lo contrario, ¿cómo puedo siquiera pensar la posibilidad de perdonar si es que mi agresor solo exige perdón pero no demuestra arrepentimiento por su falta? Conceder esta amnistía sin la condición antes mencionada constituiría una afrenta histórica contra la memoria de las víctimas de la violencia política. Espero que el movimiento al que representan Alfredo Crespo y Manuel Fajardo tenga contemplada esta posibilidad antes de exponer sus argumentos a favor de una amnistía que, al parecer, la entienden como perdón y olvido.

Carlos Tapia convoca debate contra los defensores de Sendero