domingo, abril 21, 2013

¿DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA?

Cristina Fernández de Kirchner ha dado un paso más, en el camino hacia el control de los poderes del Estado en la Argentina. Una semana después de la catástrofe por las inundaciones en La Plata y en diversos sectores de Buenos Aires ciudad y provincia, anunció un paquete de reformas del Poder Judicial bajo la consigna “democratización de la justicia”. Se trata de seis proyectos de ley: reforma del Consejo de la Magistratura, ingreso democrático a la carrera judicial, publicidad de las actas del Poder Judicial, creación de tres nuevas Cámaras de Casación, publicidad y acceso directo a declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado, y regulación de medidas cautelares contra el Estado Nacional y sus Entes Descentralizados. 

No todas las reformas son recusables por igual. Efectivamente, la publicación de sentencias y declaraciones juradas de los funcionarios del Estado ha sido bienvenida por la oposición. Pero el resto de proyectos constituyen en conjunto un peligro para la independencia del Poder Judicial en la Argentina. Porque no es cierto que estas reformas apunten a democratizar la justicia —salvo en el sentido retorcido que el kirchnerismo quiere impregnar a la idea de democracia, es decir, como imposición de la mayoría sobre la minoría— sino a controlar un poder del Estado que hasta este momento no se ha comportado como un cuerpo dócil, al menos no completamente. Como tampoco es cierto que así mejorará la penosa situación de los ciudadanos que a diario tienen lidiar con procesos engorrosos. Por el contrario, la agravará. ¿Qué se puede esperar de jueces que expresamente manifiesten durante su campaña su militancia partidaria oficialista al momento de evaluar un juicio que afecte al gobierno de turno? La justicia no puede depender del voto popular, de lo que democráticamente decida la mayoría, porque en ese momento, la justicia dejará de ser imparcial. ¿Acaso el kirchnerismo pretende que la justicia se aplique en función de lo que los ciudadanos afines a un partido político exijan a los jueces elegidos por voto y no con arreglo a la constitución y demás leyes? 

Del mismo modo que el peronismo kirchnerista aprovechó la coyuntura de la crisis del 2001-2002 para actualizar demandas sociales largamente exigidas por la izquierda (matrimonio igualitario, reapertura de juicios contra los militares amnistiados durante los noventa, memoria y derechos humanos como política de Estado, autonomía económica frente a los organismos financieros internacionales, recuperación del Estado de Bienestar, entre otros), actualmente, desea sacar ventaja del desprestigio del Poder Judicial ante la opinión pública a fin de, bajo el argumento de que es ineficiente, corporativo, elitista, corrupto y en consecuencia antidemocrático, ponerlo al servicio del pueblo. El kirchnerismo fiel a sus raíces peronista constantemente invoca las palabras “nacional”, “pueblo”, y “popular”. Pero existen cientos de sentencias favorables a jubilados para que cobren pensiones que están suspendidas por medidas cautelares a favor del Estado. El proyecto del Ejecutivo recientemente aprobado propone que las cautelares contra el Estado duren máximo 6 meses. ¿Y las cautelares que favorecen al Estado contra particulares, qué? ¿Seguirán eternamente? 

Sorprende cada vez menos la reacción de los sectores que apoyan al kirchnerismo cada vez que surgen críticas fundadas contra su gestión. Los medios de comunicación próximos al oficialismo reproducen las mismas estrategias que denuncian en los medios opositores: divulgación de medias verdades, silenciamiento o minimización de los éxitos del otro, demolición mediática encarnizada contra las voces que apoyan al rival o que critican sus posturas. Pensamiento binario en otras palabras: “estás con nosotros o contra nosotros”. La capacidad de autocrítica en los programas de análisis político pro K. es nula. Que el INDEC no publique el índice inflacionario real (uno de los más elevados en el país junto a Venezuela), que el dólar se dispare casi 40% más que el oficial, que la población salga masivamente a las calles en todo el país en 3 oportunidades en menos de un año, que un informe periodístico revele las conexiones del fallecido ex presidente Néstor Kirchner con una mafia de lavado de dinero o que el gobierno proponga elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, organismo encargado de nombrar y destituir jueces, mediante voto popular, no despierta en ellos la menor suspicacia. Y como ellos no se sorprenden, nada de lo hagan es igualmente sorprendente. 

No se plantean, por ejemplo, que si una autoridad judicial es elegida por voto popular, como se elige a un diputado, senador o presidente de la nación, se distorsiona la legitimidad del voto y la independencia del juez. La democratización de la justicia, tal como lo anunció Cristina Fernández, parte de una seductora premisa: el pueblo tiene derecho a elegir a sus autoridades, con mucha mayor razón si es que estas han actuado en muchas ocasiones a espaldas de los intereses del Estado. Se refería a la medida cautelar que favoreció al Grupo Clarín y que impide se adecue a la Ley de Medios, el verdadero disparador de la reforma judicial kirchnerista. Dicha cautelar arruinó el fin de año al gobierno, empecinado en doblegar a un medio que no le es nada grato, ni tendría por qué serlo. El gobierno quedó muy mal parado luego de venir anunciando un conteo regresivo para que el 7 de diciembre se aplique la Ley de Medios, situación que finalmente no ocurrió, porque a Clarín lo favorece una medida cautelar. 

La presidenta mencionó durante su presentación una peligrosa asociación que pasó inadvertida para los medios y analistas políticos: que los intereses del Estado son los intereses de la nación, por lo cual toda sentencia judicial contra el Estado perjudica directamente a la población. Esta identidad entre Estado y nación es lo más cercano al estalinismo que he oído de parte de un mandatario latinoamericano en los últimos años. Precisamente porque los intereses del Estado no siempre son los de sus ciudadanos, y para no dejar en desamparo al individuo frente a algún eventual abuso, es que existen las medidas cautelares. Al gobierno no le gustará la sentencia, pero de ningún modo puede afirmar que el recurso de amparo que favorece a Clarín es inconstitucional. 

La democratización de la justicia es una consigna demagógica: la justicia no puede ser democrática en el sentido que no debe estar condicionada a las exigencias de la mayoría que votó por un magistrado; un juez debe actuar en función a la ley, no en retribución a un voto. Un congresista o un presidente no son elegidos bajo los mismos criterios que se elige al presidente de Banco Central de Reserva, al jefe de la ANSES o al de la AFIP. Mientras en los primeros la trayectoria académica y la experiencia en gestión pública no son requisitos excluyentes, sí son primordiales en los segundos. Ello no impide que estos funcionarios se comprometan ideológicamente con el gobierno de turno, pero un contexto en el que expresamente exhiban su militancia o la legitimidad de su gestión amparada en el voto popular como criterio para administrar esas instituciones es mucho más grave. Es comprensible que un diputado o un senador cierre filas ante su líder y que actúe den acuerdo a los intereses de sus electores a quienes representa. Sin embargo, ¿se imaginan que el presidente del BCRA conduzca la política monetaria en consonancia a las demandas de sus electores? ¿Es inimaginable pensar qué sucedería si el Consejo de la Magistratura en la Argentina fuera elegido por voto popular? Yo creo que no; y no es solo un reparo ante el kirchnerismo sino ante cualquier otro gobierno. 

Defender desaciertos de un gobierno exhibiendo solo sus aciertos o criticar una buena gestión exclusivamente listando sus deficiencias no es la mejor forma de hacer un balance. Hay que reconocer ambas cosas por separado sino todo está muy bien o todo está muy mal. ¿Hay avances en políticas sociales en Argentina? sí los hay. A diferencia de la Cámara Peruana del Libro, institución privada que organiza la Feria Internacional del Libro en Lima, la de Buenos Aires recibe financiamiento y apoyo institucional del Estado lo cual garantiza la visita de escritores de renombre mundial y el éxito de una de las ferias más visitadas en todo el continente. En educación, pese a la crisis económica, Argentina mantiene estándares altos en América Latina. Estudiantes de centro, Sudamérica y España y Francia últimamente llegan cada año para estudiar, pues la universidad pública y gratuita es un derecho constitucional. Varios familiares de la generación de mis padres vinieron a la Argentina para estudiar agronomía, odontología y medicina en La Plata, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Yo mismo puedo dar testimonio como estudiante extranjero. De no ser por una beca otorgada por la Universidad Nacional de Córdoba, en el Perú me habría sido prácticamente imposible iniciar un doctorado por los elevados aranceles. 

No obstante, lo anterior no me impide aceptar que hay crisis económica y muy grave. Criticar lo que anda mal no equivale a negar lo que marcha bien. Las opiniones que defienden de manera cerrada y acrítica al gobierno de Cristina Fernández son semejantes a la defensa cerrada que hace el fujimorismo de la lucha contra el terrorismo, y reducción de la inflación. Hasta el 2008 estuvo bien aplicar una economía proteccionista, basada en subsidios y congelamiento de tarifas de servicios públicos, porque había que ayudar a la población más afectada. Pero ello debía ser momentáneo. Mantenerla durante mucho tiempo genera una dependencia morbosa de la población y crea en el gobierno la sensación de que puede condicionar apoyo mediante redes de clientelismo, lo cual en números le sale muy caro al gobierno, en realidad, a todos los argentinos.