sábado, diciembre 26, 2009

Una sociedad con licencia para matar

La Policía Nacional y los escuadrones de la muerte en Trujillo




Juan Luis Cebrián en El fundamentalismo democrático advirtió el peligro que representa el surgimiento del totalitarismo en sociedades democráticas. Aunque parezca contradictorio, algunos gobiernos que afirman ser democráticos suelen recurrir a prácticas que distan mucho de serlo como la represión abierta o sutil del cualquier discurso que contradiga al discurso oficial. La opinión pública también es susceptible de adherirse a esta forma totalitarismo. Alberto Flores Galindo ensayó una explicación al respecto en La tradición autoritaria: el autoritarismo, esa tendencia a ejercer el poder a través de la fuerza, ha estado arraigado en nuestra sociedad desde la Colonia y ha subsistido en la República a tal nivel que se ha naturalizado en el día a día, ya que cada vez nos causa menos sorpresa, debido a su constante exposición. Así parece confirmarlo la significativa aceptación que tiene en un sector de la población la posible existencia de un escuadrón de la muerte, grupo conformado por policías en actividad y en retiro, quienes ajustician a delincuentes en Trujillo.

No es necesario elaborar una acuciosa investigación para explicar esta actitud. La delincuencia y el crimen organizado aumentan en la misma proporción que el crecimiento económico; es más, en las localidades más económicamente prósperas se suelen concentrar las actividades del crimen organizado. De seguir esta tendencia, Trujillo va camino a convertirse en el Medellín de los 90, ciudad Juárez o Tijuana por citar algunos ejemplos. Comerciantes y empresarios son extorsionados por mafias que cobran cupos a cambio de protección; tremendos jueces en fallos totalmente descabellados dejan libres a delincuentes que la policía logró capturar tras largos periodos de seguimiento. Si a ello le agregamos que desde el Legislativo y el Ejecutivo se exige sancionar drásticamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales involucrados en delitos de función, pero, contrariamente, solo se castiga a los oficiales de menor rango, mientras que los superiores disfrutan de la cobija del gobierno y que no se mide con la misma vara los delitos de los funcionarios públicos vinculados al gobierno aprista, la indignación del cuerpo policial, lógicamente, es comprensible. En los hechos mencionados, podemos hallar explicaciones acerca de la frustración que invade a la Policía Nacional sobre todo al personal subalterno y a los mandos medios, quienes son los que ejecutan las operaciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, ¿qué otras razones llevan a la población a aprobar un escuadrón de la muerte y a un grupo de policías a constituirlo? Una de ellas es la ineficacia de los planes diseñados para combatir el crimen. La ciudadanía no percibe los resultados y, por ello, demanda una acción efectiva y ejemplar contra la delincuencia. Asimismo, tampoco deposita enteramente su confianza en la policía nacional, debido al descrédito social que esta institución tiene en el imaginario social de la población. La imagen de la policía está muy venida a menos por la coima que habitualmente un conductor entrega a un policía de tránsito y la facilidad con que este la acepta; la falta de seguridad en zonas donde se los necesita y no llegan con prontitud por negligencia o por falta de soporte logístico; escándalos protagonizados por policías ebrios que maltratan a sus cónyuges o parejas, o que abusan de su autoridad e incluso provocan víctimas fatales y luego reciben el apoyo de sus compañeros quienes obstaculizan las investigaciones; o casos de policías en actividad o retiro que integran bandas de secuestradores o que colaboran con ellas. Todo esto explica en parte por qué la población enardecida, cuando se alza violentamente en el interior del país, ataca de primera intención la comisaría o los puestos policiales.

No obstante, no todas las manzanas están podridas porque también contamos con valiosos ejemplos de sacrificio, valentía e integridad moral. Incontables héroes anónimos que diariamente exponen sus vidas, frustrando secuestros o capturando a avezados delincuentes, y que en sus días de franco continúan haciéndolo cuidando establecimientos privados u ofreciendo seguridad particular. Una breve noticia periodística da cuenta de estos actos, pero nada más. Otros, pensando más en las fatales consecuencias de una decisión precipitada, prefieren rendirse ante la muchedumbre enardecida, acatar sus exigencias tales como humillarse pidiéndoles perdón, antes que exponer su vida y la de sus hombres. ¿Y cómo califica el Presidente a este oficial? Lo tilda de de cobarde y débil, además de pasarlo inmediatamente al retiro. En cambio, Mercedes Cabanillas, luego del Baguazo, fue condecorada por los altos mandos de la Policía Nacional. Sin embargo, el general Alberto Jordán puede dormir con la conciencia tranquila.

En este punto, debemos darnos cuenta de que la policía no solo tiene que enfrentar a delincuentes comunes, criminales, narcotraficantes o terroristas, sino que también tiene en contra a algunos superiores sumisos e incompetentes que no velan por sus derechos y contra los poderes del Estado que les colocan zancadillas, por ejemplo, cuando el Ejecutivo no contempla incrementos salariales para la Policía o cuando el Poder Judicial no depura a los jueces inmorales que liberan a delincuentes, a pesar de las pesquisas y pruebas, lo cual mina la moral de las fuerzas policiales y deteriora su imagen ante quienes hacen del delito un estilo de vida.

El escenario que tuvo lugar en los ochentas y noventas durante la lucha contra el terrorismo es similar al que se vive actualmente, salvando las distancias, contra el crimen organizado en algunas partes del país: el último fin de semana, el director del penal Castro Castro Manuel Vásquez Coronado, fue brutalmente acribillado por tres delincuentes cuando salía de su domicilio con dirección a su centro de trabajo; en Trujillo, delincuentes cobran cupos a empresarios y transportistas; a menudo nos enteramos de asesinatos cometidos por sicarios; el crimen organizado ha elegido la construcción civil como espacio para consolidarse; las guerras entre pandillas en el Callao, donde "gobiernan" amplias zonas liberadas, cobran víctimas frecuentemente; los "marcas" acechan en cualquier parte de la ciudad para secuestrar o asaltar a quienes retiran dinero de los bancos. Y la tendencia es creciente.

Ante un panorama tan poco auspicioso, ¿debemos, entonces, justificar la existencia de un escuadrón de la muerte? De ninguna manera. Si el Estado y la sociedad civil actúan de la misma forma que en aquellas décadas, es decir, minimizando o ignorando la gravedad del problema -mirar hacia otro lado cuando el terror no tocaba nuestras puertas fue una actitud muy usual-; o si se acuerda combatir el terror con terror, las Fuerzas Policiales perderán por completo la endeble superioridad moral que conservan, gracias al invalorable esfuerzo de muchos buenos policías quienes, posiblemente, en un arrebato de indignación, decidieron tomar la justicia por sus propias manos y aplicar la Ley del Talión.

La escalada de violencia no se detendrá, porque los deudos de los asesinados extrajudicialmente se sentirán con la suficiente autoridad y respaldo legal y, cuando no, mediático, para exigir justicia y jaquear a la Policía. No por mucho tiempo podrá el Gobierno ocultar la verdad y a los mandos implicados en los escuadrones de la muerte, porque, como nos ha enseñado la historia reciente del Grupo Colina, estos destacamentos no actúan por iniciativa de un grupo de espontáneos efectivos que, de un día para otro, libremente decidieron ajusticiar delincuentes: actúan con la venia de los mandos superiores, seguramente, no comprometiendo a las esferas castrense más altas, pero sí a algunos mandos con poder de decisión. De esta manera, a la larga, la delincuencia y el crimen organizado tendrán más posibilidades de ganar que de perder, sin contar con que los cabecillas más "rankeados" tiendan a convertirse en ídolos populares, en víctimas o mártires heroicos y no ser reconocidos como que son: criminales. La impronta de un héroe es más influyente cuando está muerto porque genera una secuela de culto que elimina cualquier defecto moral elevándolo a la categoría de mártir o santo (si no recordemos cómo una multitud acudió al entierro de la senderista Edith Lagos en Huamanga, cómo mucha gente peregrinaba a la tumba del narco colombiano Pablo Escobar, y sin ir muy lejos, en los barrios más peligrosos del Callao, las paredes de las calles lucen pinturas y graffitis dedicados a los delincuentes más famosos del momento, conocidos cabecillas de bandas y pandillas; algunos de ellos muertos en enfrentamientos con la policía se convierten en ídolos para los adolescentes que se inician tempranamente en el delito y quienes tratan de emularlos.

La sociedad que encuentra en el ojo por ojo la solución contra la delincuencia está destinada a que la violencia le estalle en el rostro. La solución no pasa solo por el accionar de las fuerzas del orden, sino por una participación activa de las instituciones de la sociedad civil. Si las actividades del crimen organizado y el narcotráfico no se detienen, lo más probable es que sus tentáculos lleguen hasta las esferas más altas del poder como ha sucedido en México(*) y, en ese momento, cualquier acción por erradicarlos será fácilmente neutralizada.

Una sociedad con licencia para matar es una sociedad suicida.

(*) Este país es el espejo en donde debemos vernos hacia el futuro en lo que respecta a la violencia producto del crimen organizado y el narcotráfico.

Enlaces relacionados

El misterio del escuadrón de la muerte - Revista Poder

Trujillo: Redada Mortal - Caretas

jueves, diciembre 24, 2009

Memoria y clase social

Impresiones del Jorobado de Notre Dame acerca del Museo de la Memoria

Carlos Meléndez comentó en su última entrada algunas impresiones que le suscita la implementación del Museo de la Memoria. Afirma que "la clase media progresista limeña—tiende a monopolizar la interpretación de la memoria histórica del país y, sobre todo, del duelo producto de la violencia política". En consecuencia, la construcción del MM, al ser conducida únicamente por una clase social privilegiada que lo impregna de un sesgo ideológico, termina convirtiéndose en un proyecto excluyente. Nuevamente, el conocido Jorobado simplifica su análisis al extremo y brinda argumentos que no se condicen con la profundidad académica que debiera exhibir un estudiante de posgrado en Ciencias Políticas. No quiero decir con ello que en el apretado espacio que ofrece una columna el autor deba desarrollar a profundidad cada una de sus ideas, sino que debe darse el tiempo para revisar las posibles inconsistencias de su postura. Tampoco se trata de llenar el artículo con una jerga especializada que aleje al lector. Se trata, como acabo de mencionar, de consistencia.

Meléndez considera que el pertenecer a una clase social distinguida descalifica a un individuo para asumir una actitud basada en principios, es decir, la tarea de implementar un Museo de la Memoria que dé cuenta de lo sucedido durante los años del conflicto armado interno de la manera más objetiva y amplia posible según lo manifestado por su presidente, Mario Vargas Llosa. Una evidencia de lo anterior es, a su parecer, que quienes integraron la CVR y quienes conforman la comisión responsable del MM han cometido el error de darle un tono socialmente excluyente a los materiales de difusión que fueron parte de un suplemento dominical de La República -al que Meléndez sin aludirlo directamente, considera un "diario caro"-. Salvo que me equivoque, no hubo otro diario en Lima que haya brindado la cobertura que La República le ha dado al tema de la violencia política mediante periódicas publicaciones, informes, investigaciones y suplementos. El resto lo han hecho, pero no con la misma intensidad. No imagino al Comercio, ni al actual Perú21 y mucho menos a Expreso o La Razón poniéndose la camiseta del esclarecimiento de la verdad mediante la difusión objetiva de aquellos lamentables sucesos. Dejo de lado a los diarios chicha, ya que este no es, ni de lejos, su asunto. Carlos debería darse cuenta que, salvo algunos diarios, el resto tiene una agenda muy clara: cerrar filas a favor de las FFAA, a pesar de los evidentes crímenes contra la población civil que cometieron algunos de sus elementos; y que tampoco quieren contradecir el discurso oficial porque es mediáticamente rentable. Me parece saludable que reconozca que la línea editorial del diario con el que colabora asume una postura militarista de derecha; sin embargo, si le parece que los materiales distribuidos por La República son caros, ¿por qué Correo no contribuye con colocar esta información al alcance de las mayorías y así hacer menos exclusivo su contenido? La respuesta es obvia: los Agois y Aldo Mariátegui prefieren bombardear este proceso más que contribuir a su difusión.

Ubicar el Museo de la Memoria en Miraflores le parece otro signo de exclusión social que también consistiría en un error de la clase media progresista miraflorina en su tarea por construir la memoria histórica de la violencia política. ¿Acaso no recuerda Meléndez que la construcción del MM ha enfrentado diversos obstáculos como la negativa del actual gobierno a recibir la donación del gobierno alemán para dicha implementación? Una vez que dieron marcha atrás y se convocó a MVLL para que presida la comisión responsable, las trabas no cesaron porque los sectores más reacios a la difusión de la verdad siguen torpedeando este proceso amparándose en el poder político y mediático que poseen muchas veces tergiversando los objetivos que conducen al MM. No fue iniciativa del Ejecutivo disponer de un terreno para la construcción del MM, que yo recuerde, ningún organismo del Estado ni funcionario de alto nivel dijo algo al respecto ni propuso alternativas: se dejó que el proyecto siga en piloto automático y que los comisionados hagan lo que puedan. En un principio, iba a estar en Jesús María, luego el alcalde de Miraflores, Manuel Masías, ofreció el actual terreno donde se construirá el MM. Es cierto que construirlo en las zonas donde se vivenció más intensamente el terrorismo le daría un aire diferente al MM, pero también es cierto que las medidas de seguridad que brindan aquellos distritos no son las más adecuadas. Miraflores es un distrito que cuenta con una municipalidad muy organizada y con una infraestructura en seguridad que ofrece la garantía de que actos como los sucedidos en el "Ojo que llora" no serán frecuentes.

El tema de la exclusión social no pasa por el lugar donde se ubica el MM, porque de ser así muchos establecimientos de interés público solo deberían ubicarse en distritos marginales, lo cual nos llevaría al extremo opuesto de la discriminación: creer que la verdadera interpretación de la historia es solo patrimonio de una parte de las víctimas y que el resto debe conformarse con ser un espectador de segunda clase que nunca comprenderá lo que fueron esos años. Particularmente, toda esa época la pasé en mi natal Arequipa, donde el terrorismo se veía tan lejano como la guerra entre Irak e Irán. No obstante, ello no me impidió tomar conciencia del sufrimiento y del dolor de las víctimas de la violencia, porque, no se trata de que el resto de la sociedad que vio de lejos la violencia y no fue tocada con la misma intensidad tenga que padecerla para recién entender su verdadera dimensión. Todos somos susceptibles de lamentar el dolor ajeno si es que hay disposición para hacerlo y si se tiene la suficiente información al respecto. Y si al final el acceso al MM se pareciera al que tienen que enfrentar algunos ciudadanos cuando desean ingresar a ciertas discotecas o restaurantes miraflorinos, seré el primero en criticar esa actitud y darle razón a Carlos Meléndez, pero no ahora que son otros los obstáculos que se tienen que superar.

No existen víctimas más o menos célebres. La intensidad del dolor experimentado por aquellos que vivenciaron la violencia es inmensurable porque está mediada por una subjetividad que de un individuo a otro cambia de manera radical, desde los más solidarios hasta los más indiferentes u oportunistas. Por esta razón, la discusión acerca de cuál es el lugar donde más se sufrió la violencia, donde murieron más personas, donde se cometieron los crímenes más execrables es absurda: la memoria acerca de un acontecimiento lamentable en nuestras vidas es directamente proporcional al grado de importancia que tuvo para nosotros, al impacto emocional y a la identificación colectiva con nuestros semejantes más próximos. Si tuviésemos que seguir la propuesta de Carlos Meléndez -("Son los distritos populares (San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador) los que destacan por el mayor número de víctimas en la capital")- la construcción del MM se diluiría en un debate interminable y bizantino en decidir cuál de los lugares más asolados por el terrorismo el Lima debería albergarlo. ¿Por qué no en Barrios Altos? ¿Por qué no en La Cantuta, San Marcos, la UNI, la Universidad de Huamanga, la del Centro o en Putis? ¿Acaso alguien puede atribuirse el monopolio del dolor sin ofender la memoria del otro? Nadie, por supuesto, pero ello no nos puede paralizar al momento de tomar una decisión que sirva como precedente para que otros MM se implementen no solo bajo la anuencia del Ejecutivo, que no de buen grado dio su brazo a torcer, sino por una iniciativa descentralizada proveniente de aquellas zonas que también merecen honrar a sus víctimas.

La cantidad de víctimas no debería ser el criterio más importante para decidir el lugar donde construir un MM. Ello, verdaderamente, sí resulta ofensivo, macabro y excluyente porque jerarquizar el dolor de manera cuantitativa no hace más que sectorizar y clasificar un sentimiento que es connatural a todos los seres humanos: el dolor. Los muertos de la violencia política forman parte de nuestra memoria colectiva e individual; nadie nos puede reclamar no sentir dolor por nuestros propios deudos, pero sí deberíamos demandar condolernos por el sufrimiento ajeno.

Tampoco lo debería ser la procedencia social ni ideológica, sino el producto de la gestión. Si a Meléndez le preocupa la composición social de los comisionados del MM, debería preguntarse quiénes en el Perú hubieran estado dispuestos a asumir esta tarea. Esperemos ver el museo y atendamos a las explicaciones de la comisión. Concentrémonos en el objetivo, no el dedo que lo señala.

sábado, diciembre 12, 2009

Las disculpas de Alan García

¿Alan García pedirá disculpas por las víctimas de El Frontón, Cayara y Bagua?

El presidente Alan García pidió disculpas esta semana a la comunidad afroperuana en nombre del Estado peruano, debido a los atropellos cometidos durante la Colonia y buena parte de nuestra vida republicana por las autoridades que tuvieron a su cargo el poder en nuestro país. Se trata de un mea culpa que, hasta donde recuerdo, tiene como antecedentes otras disculpas del mismo García, aquella vez dirigida a toda la nación, por la debacle social, política y económica a la que nos condujo su primer gobierno.

Las disculpas ofrecidas por Alan García se dieron en el marco de un acto simbólico de desagravio a favor de un sector de la población que históricamente soportó -y aún soporta qué duda cabe- maltratos y vejámenes que, a veces, lamentablemente, se invisibilizan bajo el manto de la cotidianeidad. El día a día suele adormecer la reflexión al punto que tendemos a naturalizar lo habitual y a perder una saludable indignación ante, por ejemplo, la injusticia, la desigualdad o la discriminación.

Si bien se trató de un gesto político muy importante, es necesario que se dé un paso más allá para superar lo simplemente anecdótico o ceremonial, pues este acto debe constituirse en un precedente para que, en un futuro cercano, este o el próximo gobierno ofrezca disculpas públicas a los deudos de las víctimas del conflicto armado interno sin distinción de ningún tipo. Estas disculpas estarían plenamente justificadas en el caso de Alan García porque aún tiene pendiente una deuda moral frente a los deudos de las víctimas de la masacre de El Frontón, Cayara y Bagua por mencionar solo algunos casos. Y digo deuda moral porque la deuda política la puede controlar mejor, mientras detente el poder; y la judicial requiere atravesar un largo camino para iniciarse.

Cuando el Estado recurrió al terror para combatir el terrorismo, perdió la supremacía moral que lo colocaba por encima de los agresores que deseaban destruir nuestra precaria, pero todavía en formación sociedad democrática. Las víctimas producto de la violencia armada no solo fueron las huestes del MRTA o de Sendero Luminoso, sino también la población civil y los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes en un inicio combatieron en desigualdad de condiciones contra un enemigo desconocido, acatando el mandato del Ejecutivo. En la medida que lucharon en desventaja por el abandono al que el Estado los expuso (aislamiento prolongado, falta de recursos logísticos, etc.) y que los poderes de este mismo Estado claudicaron a favor del poder militar sin ningún tipo de supervisión de las instituciones democráticas, se dio lugar a la barbarie de la cual recientemente estamos tomando conciencia. La sociedad democrática no puede volver a claudicar de esta manera ante el poder militar mucho menos cuando las Fuerzas Armadas se encuentren consternadas o en perpetua zozobra por los constantes ataques del narcoterrorismo y las consecuentes bajas que, a nivel mediático, causan tanto o más impacto en la imagen de las instituciones militares. En consecuencia, el Estado que conminó a las Fuerzas Armadas a combatir en tales circunstancias adversas y que cedió el control absoluto al poder militar en perjuicio de la institucionalidad democrática es corresponsable de la violencia generadas en aquellas zonas de emergencia y, por ende, de las miles de víctimas tanto civiles como militares.

Respecto a Bagua las justificaciones sobran. La desacertada operación de desalojo de los manifestantes que bloquearon la carretera aunada a la incompetencia de Mercedes Cabanillas como ministra del Interior y a los exabruptos de Alan García quien puso jerarquías a la ciudadanía de los pobladores de aquella zona no hicieron más que agravar la situación. Estos acontecimientos ocurridos durante su primer y segundo mandato justifican sobremanera una disculpa de Alan García. Y nótese que no se trata de una disculpa ofrecida solo a los deudos de terroristas o de la población civil, sino, además, al personal militar. Por ello, recalco que no debe existir ningún tipo de distinción cuando, en su momento, se ofrezcan estas disculpas oficiales.

Posiblemente, transcurran algunos años antes que esto ocurra o tal vez ni siquiera suceda, pero si dentro del APRA existe alguna mente lúcida y autónoma del oficialismo alanista, tendrán la tarea de asumir en el silencio los errores de su líder o procurar enmendar, al menos moralmente, esos descalabros.

domingo, diciembre 06, 2009

Teología de la liberación vs. conservadurismo teológico

Impresiones sobre una entrevista a Gustavo Sánchez(*) acerca de la Teología de la Liberación

Antes de empezar debo aceptar mi escasa información y formación en cuestiones de teología. Sin embargo, considero que ello no me exime de tener una postura respecto a ciertas afirmaciones que involucran una discusión académica en la que puede participar todo aquel que crea tener algo importante que decir. A pesar de que la autoridad para manifestarse sobre alguna materia tiene que ver con la especialización en la misma, también considero que ninguna parcela del saber humano es patrimonio de nadie, es decir, por ejemplo, los asuntos literarios han sido abordados por científicos sociales y filósofos con resultados satisfactorios que, a su vez, han ampliado el horizonte de la teoría literaria contemporánea. Lo mismo podría afirmar acerca de la teología y la filosofía. Por ello, más que la autoridad del individuo, o además de ella, es importante el contenido de las ideas expuestas.

El 2005, Gustavo Sánchez, profesor de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, fue entrevistado acerca de la Teología de la Liberación, especialmente, sobre la tendencia desarrollada por el sacerdote Gustavo Gutiérrez. Al respecto, después de revisarla, y con la distancia de por medio, me animo a observar algunas de sus afirmaciones. (Por ello, sugiero leer primero la entrevista).

-La creencia de que puede existir algún discurso desideologizado, inmaculado de cualquier contenido. Esto es un total desacierto de su parte. Lo ideológico está presente en cualquier discurso sobre todo si se trata de aquellos que son enunciados desde posiciones de poder. El problema no es que exista ideología en la TL, sino en deslizar la posibilidad de que desde los estudios teológicos no exista ideología, y peor aún en creen que esta no existe (es cuando no se la quiere ver cuando realmente es más activa) entendida como un sistema de creencias que busca constituirse como una herramienta de poder a través del discurso. Es este discurso el que mueve a los individuos a actuar según lo previsto por la ideología, o sea, que es indispensable un aparato institucional que sostenga el discurso ideológico y que lo reproduzca a través de individuos que gocen de reconocimiento social (el espacio académico brinda una oportunidad enorme para esto; también lo son los cargos públicos y políticos). A la luz de esto, habría que preguntarnos si los estudios teológicos católicos no están ideologizados. Al menos la TL hace visible ello a través de la crítica.

-Lo otro es que a través de las respuestas de Gustavo Sánchez me queda más clara la diferencia entre la filosofía y la teología
. Si la filosofía renuncia a la reflexión, a la crítica constante, incluso de sus propias ideas, pierde, para mí su razón de ser. Los teólogos conservadores como Sánchez, apelarán, como es de esperarse a una hermenéutica también conservadora. Cada vez estoy más convencido de que la filosofía, o más bien los filósofos, no deberían llegar a defender con apasionamiento ninguna creencia que antes no hayan cuestionados exhaustivamente. Un ejemplo de ello me viene a la mente con Isaiah Berlin quien fue un ardoroso crítico del marxismo, pero a la vez un denodado lector de las obras de Marx a quien dedicó varios ensayos.



-Y en relación con lo anterior, es increíble, o tal vez no debería serlo viniendo de un conocedor en teología de orientación conservadora, defender la integridad del conocimiento teológico negando la posibilidad de que se enriquezca con los aportes de otras disciplinas como el marxismo, agregado al cual considera de una perversión enorme. Si el marxismo con toda la carga dogmática que tuvo y todavía mantiene en algunos sectores, fue susceptible de incorporar al psicoanálisis, al estructuralismo, a la semiótica y aplicarse no solo al análisis socioeconómico y político, sino también al cultural (tal como lo hizo la Escuela de Frankfurt y posteriormente los postmarxistas europeos) ¿por qué defender la teología como un espacio que rechace la multidisciplinariedad?. Al respecto, me sorprende como es que Sánchez reconoce una heterogeneidad dentro del pensamiento de la Teología de la Liberación, pero ignora la misma heterogeneidad dentro del marxismo. Hago esta mención porque en la referida entrevista, Sánchez, ante la pregunta que considera la violencia como un elemento consustancial del marxismo, avala dicha implicancia. La violencia no es consustancial al marxismo. No voy a dedicar una amplia digresión a detallar las diversas tendencias postmarxistas en la actualidad, pero solo recalco que en las plataformas de lucha del marxismo contemporáneo, es decir, de aquel que ha asumido una autocrítica luego de la debacle post muro de Berlín, se han incorporado las reivindicaciones de las minorías étnicas, nacionales, sexuales, lingüísticas y hasta religiosas y ya no solo las económicas del proletariado.

-Otro: ¿por qué un intelectual como Gustavo Gutiérrez que tiene la convicción de una idea tendría que rectificarse si no lo desea? Si lo hace será en virtud de un convencimiento personal, pero me parecería grave que lo hiciera por mandato o sumisión a la jerarquía eclesiástica. Al parecer la Sánchez, Gutiérrez y la TL ya perdieron antes de discutir. ¿se puede entablar un diálogo en estas condiciones? Definitivamente, no. La explicación puede ser que la teología, tal como la conciben aquellos que coinciden con Sánchez, parte de la premisa de la incuestionabilidad de ciertos conocimientos que deben mantenerse inalterables e impolutos. Lo otro tiene que ver con los objetivos de esta teología y sus presupuestos: argumentar apelando a la divinidad de Jesucristo puede ser válido para una comunidad cristiana (incluso guardando ciertos reparos dependiendo de qué tendencia sea) pero será inútil si se quiere debatir fuera de esos espacios en los que la razón y/o la práctica aportan evidencias. Sánchez no debate fuera de esos ámbitos.

Encuentro una significativa carga dogmática en la crítica de Sánchez hacia la Teología de la Liberación. La pregunta que me gustaría hacerle es cómo hace para conciliar la filosofía con la teología de manera que una no termine opacando a la otra. En su caso, al parecer, la filosofía ha sido engullida por la teología conservadora.

Estoy seguro de que dentro de los estudios cristianos y específicamente católicos, existen mayores niveles de apertura que no hallan discrepancia entre, por ejemplo, la sociedad secular que propone el modelo liberal y la religión, o el de la deliberación política desde cualquier esfera pública o privada sin importar la investidura de quien lo hiciera, ya sea religioso o laico. Por todo ello, considero que los alcances de la crítica de Sánchez adolecen de un vuelo muy reducido, ya que fuera del ámbito de la teología conservadora, dudo que pueda establecer un diálogo que sea mutuamente enriquecedor en la medida que sostenga ideas como la posibilidad de un discurso desideologizado o la negación de la multidisciplinariedad del conocimiento, en este caso, de la teología.

Enlaces relacionados


(*) Gustavo Sánchez, Sodálite, Doctor en Sagrada Teología. Se desempeña como Profesor Principal en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, es Director de la Escuela de Postgrado de la misma Facultad de Teología y Profesor Asociado de la Universidad Católica San Pablo (Arequipa).