sábado, marzo 27, 2010

El precio de la libertad de pensamiento




En El pez en el agua, hay una sección en la que Mario Vargas Llosa relata una parte de su amistad con Julio Ramón Ribeyro. En ella cuenta que, si bien al inició mantuvieron una muy cordial amistad (Ribeyro fue uno de los primeros en leer el manuscrito de La ciudad y los perros), la política los fue distanciando progresivamente. Durante el primer gobierno de Alan García, Ribeyro fue nombrado funcionario cultural en la embajada de Perú en Francia. Corría el año de 1987 y García se empeñó en estatizar la banca. Como muchos recordamos, Vargas Llosa fue el líder del movimiento Libertad, con el cual inició una campaña que fue decisiva para hacer retroceder al gobierno en sus pretensiones. Cuando Ribeyro fue consultado acerca de la actitud de Vargas Llosa frente a la estatización de la banca, respondió que el autor de La casa verde era un representante de la oligarquía y que actuaba según los intereses de dicha clase. Tal afirmación decepcionó profundamente a Vargas Llosa quien consideraba a Ribeyro como un muy buen amigo. Sin embargo, poco tiempo después, el flaco Ribeyro le alcanzó una nota mediante una amiga en común en la que explicaba que sus opiniones se dieron en el marco de una coyuntura muy especial y que hiciera caso omiso de ellas. Esta rectificación privada molestó mucho más a Vargas Llosa que las expresiones públicas sobre su persona, pues las interpretó como una muestra de inconsistencia ética, la cual si es censurable a nivel privado, en el ámbito de la política pública es mucho más perniciosa. En consecuencia, la amistad entre ambos escritores se deterioró notablemente.

La integridad ética no es solo un asunto que compete a aquellos individuos que detentan un cargo público o que ejercen responsabilidades que comprometen a muchos otros. Las consecuencias de la doblez ética, es decir, de esa manera convenida de interpretar el marco que regula nuestra conducta moral, tiene impacto en todos los ámbitos del quehacer humano y podemos observarla cotidianamente en nuestro diario vivir. No obstante, cuando el contexto no es muy propicio para manifestar opiniones ni para ejercer la abierta discrepancia basada en convicciones personales y no en consignas, la integridad ética, la correspondencia entre el dicho y el hecho, es vista como una potencial amenaza contra el sistema dominante.
Ante esta situación, y con la finalidad de contrarrestrar el disenso, quienes ejercen el poder suelen recurrir a argumentos que son verdaderos en lo que afirman, pero falsos en los que niegan. Apelar al espíritu de cuerpo, la identificación institucional, el amor por el trabajo, el profesionalismo o al sacrificio en aras de un objetivo común es loable y difícilmente alguien podría en contra de aunar esfuerzos colectivos para obtener un resultado beneficioso para el grupo. Sin embargo, la trampa radica en que lo anterior no implica que cuestionar a la mayoría sea una señal de egoísmo, divisionismo o sabotaje. Propósitos muy nobles devienen en totalitarismo cuando se considera que no existe nada por criticar y que el solo hecho de reflejar un valor enaltecedor es condición suficiente para aceptarlo: "Somos conocedores de su capacidad profesional; por ello confiamos en que sabrá resolver el problema"; "La institución lo necesita, sea parte de la solución, no del problema". Desde donde lo veamos, estos discursos manifestan un evidente autoritarismo revestido de solidaridad y sacrificio.

Estos sistemas estar conformados por cualquier agrupación de individuos organizados en torno a ideas claves, principios, doctrinas, creencias, etc. Tales instituciones podrían o no tener una relevancia determinante en la sociedad, pero, al interior de su estructura, mientras menos fisuras ideológicas existan, habrá mayor cohesión entre los miembros, lo que posibilitará un blindaje efectivo contra cualquier ataque externo o disidencia interior. De hecho, existen instituciones más flexibles que otras, porque están constituidas por individuos que no solo ven en el conocimiento un capital intelectual, un recurso para el sustento laboral, un emblema de prestigio social, sino sobre todo que asumen que, por ejemplo, el ser democrático implica una acción que se concreta con la misma intensidad en el ámbito público como en el privado; y que la distinción oportunista, convenida, acomodaticia del accionar ético puede solventar injusticias y abusos. No es íntegro aquel que pregona la democracia, el diálogo, la concertación o la defensa de los derechos humanos, pero que practica el totalitarismo en sus relaciones laborales o familiares, la discriminación racial o el fundamentalismo pedagógico en las aulas.



Hasta hace algún tiempo, yo compartía la idea de que había que juzgar a un individuo de manera fragmentaria, según el ámbito en el que su pensamiento haya tenido alguna influencia; o, de otro lado, me parecía válido distinguir entre la valoración moral sobre una persona y las ideas que esta sostiene. Actualmente, opino distinto: considero que no es posible establecer dicha separación entre el sujeto que enuncia un discurso y el contenido del discurso mismo y que, por lo tanto, las valoraciones que se tienen sobre las ideas de alguien es justo proyectarlas sobre el individuo que las sostiene. Ello también es extensible a las instituciones.

Primero, porque las ideas, creencias y opiniones son productos cognitivos adquiridos, procesados, reforzados o reformulados mediante la socialización y el contacto con otras ideas similares u opuestas. Las ideologías no surgen por generación espontánea, sino que florecen en circunstancias que les sean favorables. Si hay un contexto propicio para el desarrollo del autoritarismo y, por ejemplo, el trato vertical a nivel familiar, laboral y social es de uso cotidiano, no debería sorprendernos que un dictador ascienda al poder fácilmente. Las ideas son construcciones mentales que influyen en la conducta de los individuos. Al organizarse y ser representativas de un grupo social, adquieren institucionalidad y, posteriormente, toman cuerpo ideológico y sirven como marco de interpretación de la realidad para los que comulgan con sus postulados.

Segundo, y en consecuencia de lo anterior, porque la adhesión de un individuo a una ideología va más allá de la simple simpatía o admiración. Se trata de que existe una identificación psicológica del individuo con la "personalidad" de la ideología. Las ideologías poseen una conducta, una psicología o una personalidad que es susceptible de analizar a través de los actos realizados por sus seguidores. El fascismo, el comunismo, el nacionalismo, el liberalismo tienen un espíritu particular que los anima y que, a su vez, anima a sus militantes. En consecuencia, la generación de ciertas ideologías en contextos favorables o la identificación psicológica con el "espíritu" de la ideología. El problema aparece por exceso o por defecto: cuando la ideología rige en absoluto toda la conducta del individuo y anula su capacidad crítica, ello deriva en fanatismo; o cuando, por el contrario, la ideología no cuaja en el individuo y este no actúa en consecuencia con los principios que enuncia. Cabe aclarar que no estoy utilizando una noción peyorativa de ideología, sino una más bien funcional o descriptiva, o sea, como conjunto organizado de creencias representativas de un grupo social.

Nuestros funcionarios públicos y autoridades implicadas en escándalos de corrupción ¿son solamente malos funcionarios? Aunque no conozcamos detalles de su vida privada, es posible adelantar algunos juicios sobre su persona en función de sus declaraciones o actos públicos. La soberbia de Aurelio Pastor respecto al indulto a Crousillat; la indolencia de Rafael Rey frente a las víctimas de las FFAA; la coprolalia de los audios León-Químper; los escándalos protagonizados por los congresistas "comepollo", "robaluz", "mataperro", "lavapiés"; y demás casos, de hecho que revelan, al menos un aspecto parcial de la conducta moral privada de estos sujetos.

Sin embargo, mantener la integridad ética no es muy sencillo cuando la libertad de pensamiento es censurada. El precio que se tiene que pagar por la libertad de pensamiento es enorme cuando hay que decidir entre la supervivencia económica, los contactos sociales, el reconocimiento público y la supremacía moral del deber cumplido que, generalmente, no es nada redituable en términos concretos. Los héroes morales son olvidados rápidamente; en cambio, "hacerse el muertito para no ser visto" sí es muy rentable.

La libertad de pensamiento se dificulta si es que las instituciones condicionan la independencia de sus miembros. Por ello, muchas veces algunos políticos prefieren abstenerse de discrepar de la posición de su partido o de emitir una crítica sobre el líder o sobre flagrantes hechos que merecen un deslinde claro y oportuno. Sartre y Camus lo sabían muy bien. Pese a que ambos consideraban que el socialismo representaba una alternativa política viable para lograr la emancipación del hombre, nunca militaron en ningún partido político de izquierda, seguramente, para conservar su independencia. Cuando la circunstancia lo ameritaba, ambos criticaron duramente a la izquierda francesa y europea por no manifestarse acerca de la existencia de campos de concentración en la Unión Soviética. Gran parte de la izquierda interpretó estas críticas como una traición al socialismo.

La independencia también se dificulta cuando la militancia o la fe nublan el juicio o cuando de subsistir este, es avasallado por el espíritu de cuerpo institucional. Lo vemos diariamente en la política, pero además lo podemos apreciar en lo cotidiano: el maestro innovador que es tildado de excéntrico, el alumno inquisidor calificado de irreverente, el empleado eficiente que culmina su labor en menor tiempo, pero que tiene que exceder su hora de salida para demostrar identificación con la empresa, o el profesional calificado que es postergado por el "tarjetazo" o por su falta de contactos, empatía o adulación con los mandos ejecutivos. El precio de la libertad de pensamiento puede ser muy alto, pero brinda una satisfacción incomparable: la reafirmación del ser individual y de las convicciones, y la liberación de sectarismo ideológico.
Necesitamos que el ciudadano entronice en su vida diaria aquello que los académicos saben muy bien a través de los libros, pero que no siempre aplican como regla de vida. Es la mejor manera de iniciar la pedagogía política con una ciudadanía cada vez más escéptica con los políticos y los intelectuales.

martes, marzo 16, 2010

Los intereses económicos y la libertad de prensa

El Comercio y el caso Crousillat

Las amenazas contra la democracia y uno de sus pilares fundamentales, la libertad de expresión, se viene gestando dentro del actual gobierno aprista con el presidente Alan García a la cabeza de esta ofensiva. Pero a veces estos propósitos no son solo esfuerzos aislados del oficialismo, sino que suelen ser apoyados por conglomerados económicos. Ello no es mayor novedad, pues incluso en los EEUU se sabe que los partidos políticos reciben millonarias subvenciones durante las campañas de sus candidatos a la presidencia a cambio de la devolución de favores si logran ganar las elecciones. Que los intereses económicos hayan sido gravitantes para el ejercicio de la política no sería tan significativo si es que las empresas en cuestión no administraran medios de comunicación. En ese caso, la conjura contra las libertades políticas, en especial, la libertad de prensa y expresión, inicia una secuela de acontecimientos que tienen como objetivo final, en el caso peruano, derribar desde los cimientos el endeble y todavía inconcluso proceso de transición democrática post Paniagua.

El peligro de la ingerencia de los intereses económicos particulares en los asuntos políticos de Estado ha sido ampliamente discutido. En El gobierno del futuro, Noam Chomsky advierte el peligro de que las decisiones políticas en los Estados más importantes del mundo ya no sean potestad de los gobernantes ni de los funcionarios elegidos para ejercer sus cargos, sino de las megacorporaciones transnacionales. Es decir, la agenda política, aquello que debería deliberarse dentro de los ámbitos de los poderes del Estado, está condicionada a los acuerdos del directorio de una empresa transnacional que, posiblemente, no tiene sede en el país donde se enmienda la plana al gobierno, sino a miles de kilómetros en una confortable oficina de un edificio ultramoderno. De igual modo, Frederic Jameson, en "Globalización y estrategia política", crítica la expansión global del libre mercado en clave neoliberal, pues sostiene que cada vez es más frecuente que las decisiones en torno a las políticas económicas no sean tomadas por los gobiernos, sino por las compañías transnacionales, lo que evidencia "la preponderancia de estos gigantes supranacionales sobre los gobiernos nacionales". Asimismo, Ana María Ezcurra en su libro ¿Qué es el neoliberalismo? señala que el FMI y el BID tienen un rol decisivo en la definición de las políticas y en la toma de decisiones de los gobiernos del Tercer Mundo. Ambas instituciones son organismos multilaterales, lo que quiere decir que están conformados por Estados miembros con capacidad de decisión proporcional al capital comprometido en su membresía. Si a ello le agregamos que, a su vez, estos Estados son cada vez menos soberanos políticamente y más dependientes en lo económico de las decisiones corporativas de las empresas transnacionales, entonces el panorama futuro no es muy auspicioso para el sostenimiento de la democracia.

La imparcialidad de los medios de comunicación es cuestionable en la medida que no solo se trata de una institución con un giro comercial distinto a otros, sino que detrás de todo el aparato mediático existe una empresa o un conglomerado de empresas que poseen intereses corporativos particulares que pueden o no sintonizar con los del gobierno de turno. Algunos medios, inteligentemente, han sabido obtener provecho de la adulación y la minimización de los estropicios cometidos por la actual gestión de Alan García en lo que a la transición democrática, derechos humanos y corrupción de funcionarios se refiere. Otros, en cambio, han mantenido una línea crítica hasta donde los propietarios les han permitido. Augusto Álvarez Rodrich fue la primera víctima de los "desencuentros" entre el gobierno aprista y el grupo El Comercio.

En aquella oportunidad, no recuerdo que el decano de la prensa peruana se haya rasgado las vestiduras por defender a capa y espada y en nombre de la libertad de expresión al director de Perú21, quien había mantenido una actitud crítica frente al gobierno. Los vínculos entre funcionarios de alto nivel con los negociados de Rómulo León, Alberto Químper y el dominicano Canaán fueron ventilados por este diario perteneciente al grupo El Comercio. De igual manera, América TV indagó en el tema y fue más allá al propalar los audios que ya todos conocemos. En consecuencia, renunció el gabinete Del Castillo, Rómulo León fue apresado, pero alguien pidió la cabeza de Augusto Álvarez Rodrich y de toda la unidad de investigación de El Comercio. ¿Dijo algo al respecto el señor Luis Miro Quesada Valega, actual presidente del directorio de América TV, con la misma vehemencia con la que intervino en Prensa Libre? ¿Se mostró acaso indignado con que se despidiera a un periodista ejemplar de un diario líder que forma parte del grupo económico que es copropietario de América TV y directamente vinculado a su familia? ¿Inició El Comercio algún tipo de campaña para denunciar las presiones políticas contra un periodista de su casa editorial? NO.

Así como se critica la intentona aprista, maniobra perversa y delincuencial, de amedrentar a un medio de comunicación, no muy grato con el gobierno, mediante el indulto a Crousillat, un sujeto que vendió la línea editorial de su canal a Montesinos y Fujimori, también es criticable la actitud acomodaticia de El Comercio que ve en la libertad de expresión un valor fundamental solo cuando alguna de sus empresas está bajo la amenaza de su ex propietario. Durante casi la mitad del fujimorato, El Comercio miró hacia otro lado; no involucro, por supuesto, a las individualidades que desde ese diario criticaron al régimen fujimorista y hoy aún mantienen una independencia notable. Me refiero a la actitud institucional y a la postura de sus principales ejecutivos que en buena cuenta son la imagen del diario. Canal N limpió bastante el rostro del diario, pero, por ejemplo, cuando a fines del año pasado se descubrió una fosa común en Ayacucho con 25 niños (presumiblemente ajusticiados por miembros de las fuerzas armadas), ello pasó desapercibido para el decano de la prensa nacional.

No solo los gobiernos pueden representar una amenaza para la democracia; también lo son aquellos medios de comunicación que deberían mantener una actitud vigilante y no condicionar su indignación exclusivamente a la posible expropiación de sus bienes. Estos medios merecen todo el repudio de una sociedad que ha optado por la cultura de la libertad; el mismo repudio que sentimos por los que se rindieron ante una bolsa repleta de dólares.