Los intereses económicos y la libertad de prensa

El Comercio y el caso Crousillat

Las amenazas contra la democracia y uno de sus pilares fundamentales, la libertad de expresión, se viene gestando dentro del actual gobierno aprista con el presidente Alan García a la cabeza de esta ofensiva. Pero a veces estos propósitos no son solo esfuerzos aislados del oficialismo, sino que suelen ser apoyados por conglomerados económicos. Ello no es mayor novedad, pues incluso en los EEUU se sabe que los partidos políticos reciben millonarias subvenciones durante las campañas de sus candidatos a la presidencia a cambio de la devolución de favores si logran ganar las elecciones. Que los intereses económicos hayan sido gravitantes para el ejercicio de la política no sería tan significativo si es que las empresas en cuestión no administraran medios de comunicación. En ese caso, la conjura contra las libertades políticas, en especial, la libertad de prensa y expresión, inicia una secuela de acontecimientos que tienen como objetivo final, en el caso peruano, derribar desde los cimientos el endeble y todavía inconcluso proceso de transición democrática post Paniagua.

El peligro de la ingerencia de los intereses económicos particulares en los asuntos políticos de Estado ha sido ampliamente discutido. En El gobierno del futuro, Noam Chomsky advierte el peligro de que las decisiones políticas en los Estados más importantes del mundo ya no sean potestad de los gobernantes ni de los funcionarios elegidos para ejercer sus cargos, sino de las megacorporaciones transnacionales. Es decir, la agenda política, aquello que debería deliberarse dentro de los ámbitos de los poderes del Estado, está condicionada a los acuerdos del directorio de una empresa transnacional que, posiblemente, no tiene sede en el país donde se enmienda la plana al gobierno, sino a miles de kilómetros en una confortable oficina de un edificio ultramoderno. De igual modo, Frederic Jameson, en "Globalización y estrategia política", crítica la expansión global del libre mercado en clave neoliberal, pues sostiene que cada vez es más frecuente que las decisiones en torno a las políticas económicas no sean tomadas por los gobiernos, sino por las compañías transnacionales, lo que evidencia "la preponderancia de estos gigantes supranacionales sobre los gobiernos nacionales". Asimismo, Ana María Ezcurra en su libro ¿Qué es el neoliberalismo? señala que el FMI y el BID tienen un rol decisivo en la definición de las políticas y en la toma de decisiones de los gobiernos del Tercer Mundo. Ambas instituciones son organismos multilaterales, lo que quiere decir que están conformados por Estados miembros con capacidad de decisión proporcional al capital comprometido en su membresía. Si a ello le agregamos que, a su vez, estos Estados son cada vez menos soberanos políticamente y más dependientes en lo económico de las decisiones corporativas de las empresas transnacionales, entonces el panorama futuro no es muy auspicioso para el sostenimiento de la democracia.

La imparcialidad de los medios de comunicación es cuestionable en la medida que no solo se trata de una institución con un giro comercial distinto a otros, sino que detrás de todo el aparato mediático existe una empresa o un conglomerado de empresas que poseen intereses corporativos particulares que pueden o no sintonizar con los del gobierno de turno. Algunos medios, inteligentemente, han sabido obtener provecho de la adulación y la minimización de los estropicios cometidos por la actual gestión de Alan García en lo que a la transición democrática, derechos humanos y corrupción de funcionarios se refiere. Otros, en cambio, han mantenido una línea crítica hasta donde los propietarios les han permitido. Augusto Álvarez Rodrich fue la primera víctima de los "desencuentros" entre el gobierno aprista y el grupo El Comercio.

En aquella oportunidad, no recuerdo que el decano de la prensa peruana se haya rasgado las vestiduras por defender a capa y espada y en nombre de la libertad de expresión al director de Perú21, quien había mantenido una actitud crítica frente al gobierno. Los vínculos entre funcionarios de alto nivel con los negociados de Rómulo León, Alberto Químper y el dominicano Canaán fueron ventilados por este diario perteneciente al grupo El Comercio. De igual manera, América TV indagó en el tema y fue más allá al propalar los audios que ya todos conocemos. En consecuencia, renunció el gabinete Del Castillo, Rómulo León fue apresado, pero alguien pidió la cabeza de Augusto Álvarez Rodrich y de toda la unidad de investigación de El Comercio. ¿Dijo algo al respecto el señor Luis Miro Quesada Valega, actual presidente del directorio de América TV, con la misma vehemencia con la que intervino en Prensa Libre? ¿Se mostró acaso indignado con que se despidiera a un periodista ejemplar de un diario líder que forma parte del grupo económico que es copropietario de América TV y directamente vinculado a su familia? ¿Inició El Comercio algún tipo de campaña para denunciar las presiones políticas contra un periodista de su casa editorial? NO.

Así como se critica la intentona aprista, maniobra perversa y delincuencial, de amedrentar a un medio de comunicación, no muy grato con el gobierno, mediante el indulto a Crousillat, un sujeto que vendió la línea editorial de su canal a Montesinos y Fujimori, también es criticable la actitud acomodaticia de El Comercio que ve en la libertad de expresión un valor fundamental solo cuando alguna de sus empresas está bajo la amenaza de su ex propietario. Durante casi la mitad del fujimorato, El Comercio miró hacia otro lado; no involucro, por supuesto, a las individualidades que desde ese diario criticaron al régimen fujimorista y hoy aún mantienen una independencia notable. Me refiero a la actitud institucional y a la postura de sus principales ejecutivos que en buena cuenta son la imagen del diario. Canal N limpió bastante el rostro del diario, pero, por ejemplo, cuando a fines del año pasado se descubrió una fosa común en Ayacucho con 25 niños (presumiblemente ajusticiados por miembros de las fuerzas armadas), ello pasó desapercibido para el decano de la prensa nacional.

No solo los gobiernos pueden representar una amenaza para la democracia; también lo son aquellos medios de comunicación que deberían mantener una actitud vigilante y no condicionar su indignación exclusivamente a la posible expropiación de sus bienes. Estos medios merecen todo el repudio de una sociedad que ha optado por la cultura de la libertad; el mismo repudio que sentimos por los que se rindieron ante una bolsa repleta de dólares.