domingo, septiembre 22, 2013

SARLO / GONZÁLEZ: BALANCE DE UNA DÉCADA

Publicado en Diario Noticias de Arequipa, Perú, 23-09-2013

Bajo el lema “Hacia 30 años de democracia”, la Feria del Libro de Córdoba 2013 organizó diversas actividades en torno a democracia, derechos humanos y memoria. En este marco, Beatriz Sarlo y Horacio González abrieron el ciclo de conversatorios “Pensar la democracia”, coordinado por el curador de la actual edición de la feria, Héctor Schmucler. Si bien el tema de esta mesa inaugural era “La aspiración a la igualdad en libertad”, la dinámica del conversatorio devino polémica, lo cual no podía tomar otro giro habida cuenta las sentadas posiciones de los expositores ampliamente conocidas por la opinión pública. 


Beatriz Sarlo, ensayista, crítica literaria y cultural, es habitualmente requerida por los medios de comunicación para comentar la coyuntura social y política argentina. En 2012 firmó junto a otros intelectuales un pronunciamiento en contra de la celebración del Día del Veterano de la Guerra de Malvinas porque consideraron que conmemoraba un episodio alentado por la última dictadura militar y propiciaba un nacionalismo regresivo. Su columna semanal en el diario opositor La Nación es su principal tribuna de expresión. Sarlo no ha edulcorado en absoluto sus críticas a kirchnerismo, aunque se coloca en un lugar muy distante del misterioso “Círculo Rojo”, ese conglomerado de agentes del “hacer y el saber” aludido por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que en sus palabras, viene incitando un movimiento destituyente en la Argentina. 

Horacio González, sociólogo de formación, es el actual director de la Biblioteca Nacional e integra Carta Abierta, agrupación que congrega a intelectuales simpatizantes del kirchenrismo. En 2011 sostuvo una polémica con Mario Vargas Llosa a raíz del veto que González propuso contra la presencia del Nobel de Literatura peruano en la conferencia inaugural de la Feria de Libro de Buenos Aires. La misma presidenta Cristina Fernández de Kirchner desestimó ese pedido y González no tuvo más remedio que retirar su propuesta. González es una de las personalidades más visibles de Carta Abierta a quien los medios también suelen acudir con frecuencia. 



Pasados cinco minutos de las 19, el Patio Menor del Cabildo Histórico de Córdoba estaba repleto. En esta ciudad cuya historia cuenta la reforma universitaria de 1918 y el Cordobazo del 1969 entre sus principales hitos político-sociales, los debates entre intelectuales siguen vigentes. Quince minutos pasadas las 19, la impaciente asistencia aplaude a modo de invocación colectiva porque los invitados se presenten. Beatriz Sarlo es la primera en aparecer secundada por González y Schmucler ante un renovado aplauso que no distingue preferencias. 

Schmucler, “Toto” para sus allegados, fue el primero en tomar la palabra delineando un panorama de los temas por desarrollar durante el programa que él mismo coordina. ¿Es cierto que los libros contribuyen al fortalecimiento de la democracia? ¿Acaso quien lee está más predispuesto a amables relaciones con el otro? Schmucler fue enfático al respecto: los más atroces totalitarismos fundamentaron sus acciones en libros que validaron formas de humanidad hostiles frente a la diferencia cultural, donde el otro constituía una amenaza a eliminar, ideas que configuraron realidades futuras donde un “ellos” desapareciera para que un “nosotros” se expandiera. La ficción de ser iguales en el mercado, acotó Schmucler, se basa en la ideas de que en tanto consumidores todos hacemos los mismo, es decir, consumir. Esa es la igualdad que nos depara el libre mercado, la cual no podría ser vista sino como otra forma de totalitarismo, en lo que concierne a la idea de “totalidad”. Otra cuestión que Schmucler soltó fue la legitimidad de imponer la idea de libertad e igualdad. ¿Es que la nobleza propósitos justifican su imposición? De otro lado, apuntó que la democracia es una decisión más que un sentir, por lo cual su continuidad no está asegurada, ya que no es algo dado ni aceptado plenamente ni un valor que todos compartimos por igual, sino que requiere de un constante empeño por conservarla. La historia nos ha demostrado que no todos se sienten obligados a vivir en democracia.

Sarlo evocó la experiencia de Pasado y Presente, revista de orientación marxista publicada en Córdoba, entre 1963 y 1965, dirigida por Héctor Schmucler, el Cordobazo, las luchas del sindicalismo clasista. “Lo mejor de mi pasado está relacionado con Córdoba”: así sintetizó Sarlo la trascendencia de esta ciudad en su formación política. 

La autora de Escenas de la vida posmoderna optó por un balance contrastante de la libertad y la igualdad durante los últimos 30 años de democracia. Uno optimista y rápido concluiría que la continuidad democrática, las libertades republicanas y la celebración periódica de elecciones significan un avance en comparación con décadas pasadas. Pero un diagnóstico de la igualdad a partir de los noventa arroja un saldo negativo, ya que un cuarto de la población subsiste bajo la línea de pobreza. Y es que, agregó Sarlo, no se trata solo de asegurar educación pública y gratuita sino de incrementar la inversión para que además esta educación sea de calidad para mejorara las expectativas de los más pobres, es decir, no solo que la población más desposeídas logre acceder a educación pública sino que el Estado pueda garantizar una educación digna como la que reciben los que disponen de mayores ingresos. Sarlo afirmó que en comparación con los sesenta y setenta, la denominada “década ganada” por el kirchnerismo gobierna una sociedad menos integrada, o sea, estamentalmente más diferenciada. La expropiación de territorios a los pueblos originarios no ha cambiado sustancialmente de lo que lo fue a inicios del siglo XX. La apuesta por industrializar el país no ha contemplado, según Sarlo, una política por enmendar los abusos históricos cometidos contra la población indígena. 

Para Sarlo las evidencias inequívocas del retroceso de la igualdad y la libertad en lás últimas tres décadas son las villas miserias y un Estado que controlado por una cúpula partidaria actúa descontroladamente. Las villas miseria concentran todas las deudas pendientes del Estado ante la población más vulnerable: pobreza, violencia, narcotráfico y discriminación. No puede declararse ganada una década donde los servicios públicos, aunque subsidiados algunos y gratuitos otros, arriesguen la seguridad y el desarrollo de la población. En todo caso se trata de una igualdad muy modesta que dejará de serlo cuando todos puedan acceder a los mismos servicios públicos aunque muestren ingresos económicos diferentes. La estatización del sistema productivo marcha paralela a la privatización partidaria de amplias zonas de la burocracia estatal. Sarlo fue determinante al final de su intervención: “cuánto más se descolonice el Estado de una cúpula partidaria, más se avanza en términos de igualdad y libertad”.

En contraste con el análisis concreto y situado de Sarlo, Horacio González apeló a un introito bastante digresivo y retórico, plagado de lugares comunes: desde los románticos liberales de mediados del siglo XIX, pasando por Deodoro Roca, el último hombre de la ilustración argentina a decir de González, las guerrillas de los setentas, la dictadura militar y la transición democrática de Alfonsín hasta recalar en Néstor Kirchner. Explícitamente declaró que obvió el menemismo porque se trataba de un periodo que no revestía mayor importancia. No ofreció propiamente un balance, en lo que ello manifiesta aciertos y desaciertos, sino un panorama de las vicisitudes de la igualdad en la historia Argentina. Ensayó una tímida crítica, casi imperceptible a los desaciertos del kirchnerismo. En su perspectiva, las críticas contra la actual gestión tienen más de discurso que de realidad. Entre la igualdad y la libertad, se inclinó más por los avances de la primera, pues la historia de los movimientos populares en la Argentina, a su entender, estuvieron motivados por la igualdad más que por la libertad. 

La réplica de Sarlo incidió en lo soslayado por González. El menenismo fue la etapa que gestó la identidad aspiracional de consumidores que fracturó esa sociedad más o menos integrada que sobrevivió a la dictadura militar. Fueron precisamente los que adquirieron la identidad de consumidores los que ya no votaron por Menem cuando vieron venir a menos su condición. Sarlo destacó, no sin poca ironía, la capacidad revolucionaria del peronismo que a lo largo de su historia congregó tendencias autoritarias, progresistas, guerrilleras y liberal-conservadoras. ¿Cómo ignorar el menemismo si durante los noventa se destruyó la industria argentina, se desmantelaron los derechos laborales?

La determinación que Sarlo imprimió a sus intervenciones, más breves y contundentes que las de González, jugaron a favor de sus argumentos. González no aprovechó su dúplica sino que persistió en aproximaciones erráticas, etéreas y evasivas, a diferencia de Sarlo que apeló a la contextualización de sus ideas que en breves trazos permitían redondear sus planteamientos. Tal es así que ni el mayor tiempo que ocupó el actual director de la Biblioteca Nacional compensó sus digresiones. 

Mi impresión fue estar frente a un González agotado y cada vez más incómodo por representar el papel de intelectual oficialista, de cual no puede desprenderse con facilidad. En cambio, vi a una Beatriz Sarlo en todas sus facultades, vital, aguda y sumamente crítica, lo menos que podemos pedirle a un intelectual en el otoño de su existencia.




domingo, septiembre 15, 2013

EPISTEMOLOGÍAS CRÍTICAS

Publicado en Diario Noticias de Arequipa, Perú, 16-09-2013


Alternativas epistemológicas. Axiología, lenguaje y política
Silvia Rivera (coord.)
Prometeo
Buenos Aires, 2013

Pensar América Latina desde su propia especificidad geocultural es un esfuerzo que tiene una larga tradición en la ensayística continental a partir del momento en que se fueron constituyendo los Estados-nación latinoamericanos desde mediados del siglo XIX. Esta inquietud cobró renovado aliento en los años sesenta al calor del postestructuralismo francés, el posmodernismo, la teología de la liberación y la teoría crítica cultural latinoamericana, la cual manifestó la necesidad impostergable de efectuar una lectura crítica del pensamiento occidental, elaborar categorías de análisis locales y agendas de investigación acordes al contexto latinoamericano. Y aunque las vicisitudes de este esfuerzo por la emancipación epistemológica no siempre han dejado un saldo halagador, en distintos establecimientos académicos de América Latina subsiste un denodado empeño por llevar adelante una epistemología crítica que trascienda el inocuo «apartheid» epistemológico y la simple evocación acrítica del pensamiento europeo más notable.

Alternativas epistemológicas (Buenos Aires, 2013) congrega diversas reflexiones sobre el régimen político de la verdad científica, es decir, sobre la insoslayable relación entre poder y verdad científica, como lo enfatizara Michel Foucault, en un contexto como el latinoamericano donde la colonialidad del poder y del saber mantienen activos los mecanismos que prolongan la vigencia del colonialismo en un horizonte poscolonial a través del saber científico. Es así que la noción de «alternativa» se entiende como superación de la resistencia y la denuncia indignada, que, si bien necesarias, se reducen a formas reactivas de lucha que no comportan un cambio sustancial del statu quo, toda vez que no contemplan la construcción de un discurso alterno al hegemónico que transforme la matriz saber-poder. 

En la presentación, Silvia Rivera anota que un discurso alternativo supone la referencia a un modelo preestablecido, una «concepción heredada» que exime al filósofo, al científico —y podríamos agregar al artista— de elaborar reflexiones propias, y por el contrario, proporcionándoles un lugar confortable y seguro para pensar, libre de incertidumbres, o más bien, pleno de certezas incuestionables. A los artículos compilados en este libro —con diversos matices según los autores— los une el esfuerzo por tomar conciencia de esa concepción heredada y la formulación de alternativas epistemológicas emancipadoras. 

El último Wittgenstein, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt y un sostenido cuestionamiento al positivismo son presencias recurrentes en los trabajos reunidos en Alternativas epistemológicas. Sara Rietti y Silvia Rivera actualizan los aportes de Óscar Varsavsky a la consecución de una epistemología político-crítica que, en la línea de los filósofos de Frankfurt, puso de manifiesto la relación entre ciencia e ideología y entre ciencia y política. Ambas autoras señalan que Varsavsky, por un camino distinto al de Foucault, aunque no menos disidente frente a lo establecido, también advirtió la función primordial de las relaciones de poder en la organización del saber disciplinario. De este modo, el cientificismo sostuvo la ilusión de objetividad, neutralidad y universalidad para validar la autoridad de su discurso. Rietti y Rivera destacan que Varsavsky desmontó con suma claridad los fundamentos de una ciencia que se exponía como política e ideológicamente desinteresada, únicamente motivada por el progreso de sus saberes y que desestimaba el contexto de la teoría como una variable a considerar dentro de la metodología. La crítica del epistemólogo argentino a la noción de «aplicación» implica observar cómo la teoría ocupa una instancia superior que durante el proceso de descenso a la praxis disemina sistemáticamente una concepción epistemológica y política del saber y el quehacer científicos. Vista así, aplicar una teoría es orientar una cierta idea sobre las relaciones sociales de poder y garantizar una situación de dependencia. 

Las políticas nacionales en materia de investigación científica también evidencian los modos en que la política condiciona la divulgación del conocimiento. Los recortes de becas en humanidades y ciencias sociales a favor de las ciencias exactas se explican por una excesiva confianza en los métodos cuantitativos que terminan siendo funcionales a la expansión del capital y el mercado cuando no los acompaña un cuestionamiento a los principios que las motivan. De modo que el modelo educativo neoliberal que debilita la educación pública y gratuita estará al servicio de la difusión de conocimientos que le reporten beneficios para su expansión, lo cual, a final de cuentas, constituye un objetivo político. Al respecto, Varsavsky, acotan Rietti y Rivera, mostró de manera contundente cómo los criterios científicos configuran modelos de desarrollo.

Rocío Flax revisa los antecedentes, fundamentos, metodología y principales objeciones al análisis crítico del discurso (ACD). El ACD, al inscribir una propuesta metodológica transdisciplinaria y más atenta a problemas sociales concretos que a la elaboración de sofisticadas categorías de análisis, demanda del analista la asunción de un compromiso con los oprimidos por el poder hegemónico, lo cual ubica a este enfoque analítico como alternativa epistemológico-política frente a otras perspectivas reductivas al texto o al análisis descriptivo sin mayor preocupación por la transformación de las relaciones de poder. Flax cita la crítica de Alejandro Raiter al ACD, la cual observa que no basta con la adopción de una postura contrahegemónica, pues así no se supera una actitud que en tanto reactiva sigue condicionada por lo establecido desde la hegemonía, por lo cual es indispensable además de postura crítica elaborar un discurso alternativo que reconfigure la matriz de las relaciones de poder. Flax adhiere a la observación de Raiter y asimismo sostiene que, de lo contrario, el ACD estaría contribuyendo al refinamiento de los mecanismos del poder, a consecuencia de que la proliferación de análisis críticos del discurso, sin proponérselo, advertirían al poder para que este diseñe representaciones ideológicas más difíciles de identificar. 

Nuria Florencia Setti explica los fundamentos teórico-metodológicos del análisis reticular del discurso (ARD), el cual combina una orientación dura ciencia cognitiva, que prescinde de lo social, con otra más flexible que incorpora los aportes de las ciencias sociales, como la teoría del poder de Foucault o la teoría de la argumentación de Anscombre y Ducrot. El ARD entiende el discurso como una red de significados y su objetivo consiste en evidenciar las reglas que orientan la producción discursiva, es decir, la red de creencias que la sostiene, y vincular esas reglas con el proceso social analizado. El artículo cierra con el esbozo de un estudio de caso al aprendizaje escolar del paradigma gramatical de la lengua castellana. 

El resto de trabajos —a excepción del último bastante insular de Claudio Martyniuk— proponen diferentes lecturas que parten de las reflexiones de Ludwig Wittgenstein sobre epistemología, lenguaje y antiesencialismo. Silvia Rivera explora la relación entre Wittgenstein y T.S. Kuhn, recorrido que la lleva a sostener que los aportes del filósofo austríaco a la epistemología suelen ser opacados cuando son asimilados dentro de las propuestas de Kuhn. Ingrid Becker emplea la noción wittgensteiniana de «juegos de lenguaje» para analizar el discurso de la América colonial. Extraña sobremanera que no aluda a Aníbal Quijano cuando menciona las implicancias de la colonialidad del poder y del saber al interior del discurso colonial. En este artículo hubiera convenido abordar un discurso concreto y analizarlo en su especificidad para apreciar cómo la autora opera la categoría de Wittgenstein; sin embargo, los alcances que brinda son muy generales, tendiente más a elucubraciones teóricas que a un desarrollo analítico. Sabina Knabenschuh de Porta evalúa las contribuciones de Wittgenstein a la idea de contexto; Witold Jacorzynski hace lo propio pero rescatando la crítica del autor del Tractatus al esencialismo; y Gelsa Knijnik acude a los «juegos de lenguaje» para analizar las formas de vida campesinas del Movimiento Sin Tierra del Brasil

El título de la compilación es motivador por cuanto anuncia alternativas epistemológicas político-críticas; no obstante, ello se cumple de manera muy desigual. Salvo por las intervenciones de Silvia Rivera, los demás autores insisten en una lógica de aplicación funcional de categorías sin reparar en una necesaria contextualización de la misma o en detenerse a examinar cómo podría reformularse el pensamiento de Wittgenstein, cuya trascendencia es incuestionable, como resultado de la especificidad del contexto y los objetos de estudio analizados. La mayoría de los artículos oblitera un necesario cuestionamiento a las prácticas epistemológicas hegemónicas efectuadas en diversos establecimientos académicos regionales que subestiman la reflexión latinoamericana y que, paralelamente, reifican abordajes aplicativos de teoría y categorías. Por ello es que en varios de los artículos se percibe un pensar desde Wittgenstein más que un pensar con Wittgenstein. Asimismo, una omisión constante, toda vez que el título y la presentación hacen referencia a la emancipación epistemológica, son las reflexiones realizadas por los teóricos del giro decolonial: Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Santiago Castro-Gómez y Enrique Dussel, entre otros. 

Si la epistemología latinoamericana ignorase que su enunciación tiene lugar desde la otredad, una epistemología alternativa difícilmente lograría interpelar las prácticas epistemológicas regionales y avanzar en la consecución de un discurso emancipador.


domingo, septiembre 01, 2013

CVR+10: UNA VERDAD INCÓMODA


Publicado en Diario Noticias de Arequipa, lunes 2 de setiembre de 2013

Desde 2003, conforme se acerca la conmemoración de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IF CVR) cada 31 de agosto, asistimos a una superabundancia de columnas de opinión, notas, posts, eventos académicos y una desatada cadena de comentarios en las redes sociales que desestiman o defienden el IF CVR. Recientemente, Javier Garvich sostuvo que el discurso de la CVR ha caducado. Sus contradicciones, el desánimo que embarga a los que confiaron en que la CVR efectuaría un cambio sustancial conducente a la reconciliación, el rechazo de las élites militares y económicas ante el informe, su visión maniquea (buenos: Fuerzas Armadas vs. malos: Sendero Luminoso) —que según Garvich, fue condescendiente con las Fuerzas Armadas— y el incumplimiento de la mayoría de las recomendaciones del IF CVR son las razones que llevan a Garvich a afirmar que el discurso de la CVR «se ve agotado, incompleto, jodido». Pero, ¿es realmente así?

¿Cuál es la contradicción en el IF CVR sobre el número de víctimas? ¿Es cierto, como afirma Javier Garvich, que en el IF se dan cifras contradictorias? El IF indica una cifra sobre la base de víctimas reportadas a la CVR, 23,969, que podría llegar a 26,259; y una proyección estimada de 69.000, entre márgenes de 61,007 y 77,552. No son contradicciones, una es la cifra que se fundamenta en testimonios que, por supuesto no son conclusivos, pues hubo muchos más que no pudieron ser acopiados (¿sería ello posible —aspirar a la totalidad en un primer informe— o sería mejor convenir que hay una muestra sobre la cual se puede afirmar que esas cifras brindan una imagen muy cercana al horror de la violencia? Ningún informe elaborado en contextos de justicia transicional aspira o se arroga un carácter definitivo ni cancelatorio; si lo hiciera, habría que descartarlo en primera instancia. Este no es el caso del IF CVR, ni de sus pares Nunca más (Argentina, 1984), Comisión Valech (Chile 2004 y 2009) o De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador (1993), por mencionar algunos ejemplos latinoamericanos. La Truth and Reconciliation Commission (Sudáfrica, 1995) si bien estableció reparaciones y recopiló testimonios que permitieron identificar a víctimas y desaparecidos, significó que el costo de la transición sudafricana concediera amnistía a los acusados por delitos de lesa humanidad, sobre la base de sus testimonios, siempre y cuando colaborasen con el esclarecimiento de la verdad. De ningún modo, esta fue una condición que dirigiera la labor de los comisionados que integraron la CVR. 

No obstante, no hay que soslayar que la correlación de fuerzas que toman partido por una «memoria de salvación» (definida por la voluntad de perdón y olvido) o una «memoria para la reconciliación» (definida por la voluntad de verdad y perdón con justicia) es determinante para que una u otra memoria se imponga dentro del proceso de justicia transicional. En contextos como el de Sudáfrica o España —donde la Ley de Amnistía de 1977 que declinó investigar los crímenes de Estado cometidos durante el franquismo, así como iniciar procesos de justicia y reparación para las víctimas fue fundamental para que los poderes fácticos del franquismo dieran continuidad a la transición— los agentes políticos que la condujeron se vieron en la encrucijada de sopesar el costo de llevar adelante una transición «ideal», sino imposible, en la cual los gobiernos de facto se allanan por completo a las exigencias de la verdad con justicia; o una más «real», donde, toda vez que se ha evaluado la situación, es viable alcanzar algunos objetivos, pese a que otros, no menos primordiales, deben abandonarse. 

Con sus propios matices y connotaciones, el contexto de la elaboración del IF CVR no fue ajeno a estas decisiones, pues, a pesar de que el gobierno de transición de Valentín Paniagua decidió crear la comisión de la verdad, los gobiernos posteriores, en particular el de Alan García, no mostraron interés expreso por continuar el proceso de justicia transicional en lo que concierne a los juicios contra militares acusados por violación de derechos humanos, agilizar las reparaciones a los deudos de la violencia armadas y exhumar las 4,000 fosas comunes que el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) estima permitirían identificar a 15, 000 desaparecidos. Por el contrario, en los últimos diez años hemos asistido a un progresivo deterioro, cuando no retroceso, en la búsqueda de la verdad y el logro de la reconciliación, y no precisamente porque la CVR sea el obstáculo, sino por la manifiesta ausencia de voluntad política de parte de los dos últimos gobiernos por continuar el proceso que la CVR inició y que de ninguna manera dio por cancelado el 31 de agosto de 2003. Y también por la profusión de lecturas livianas que no trascienden el lugar común o que ceden a la tentación de las conjeturas apresuradas. 

Justamente, el error más frecuente en los detractores del IF CVR, entre muchos otros que son evidentes como en el reciente post de Garvich, es atribuirle responsabilidades que competen a las instituciones del Estado que tomó la decisión de conformar una comisión de la verdad, no con fines académicos sino de verdad y justicia. Es decir, si hoy no existe un número significativo de militares sentenciados por crímenes de lesa humanidad —en comparación con los emerretistas y senderistas que cumplen condena—; si hoy las Fuerzas Armadas persisten en no desclasificar información que permitiría identificar a efectivos responsables aquellos crímenes, si hoy aún quedan 4,000 fosas comunes por exhumar; si actualmente, como dice Garvich, el discurso de la CVR «ni siquiera es aceptado por buena parte de las élites empresariales y militares […], las víctimas de la guerra no han recibido casi ninguna compensación. La corrupción está peor que antes. Seguimos con uno de los peores poderes judiciales de América Latina […] La democracia no ha impedido que tengamos por Congreso un hatajo de analfabetos e inmorales» ¿todo ello es responsabilidad de la CVR? O sea ¿el discurso de la CVR es caduco porque la gran mayoría de las recomendaciones no se cumplen? ¿Es que acaso Garvich ignora que la labor de la CVR era indagar, informar y recomendar, pero no ejecutar sus propias recomendaciones, las cuales tampoco tienen carácter vinculante ante un eventual juicio? Siguiendo la lógica de Garvich, habría que declarar la caducidad de la lectura en el Perú porque la cantidad de lectores es baja; de la investigación en humanidades porque la cantidad de ingresantes a literatura y filosofía es decreciente. Luego de la caída del muro de Berlín y del socialismo en Europa oriental, no quedaría más que declarar la caducidad del marxismo porque no logró sobrevivir al embate neoliberal. Y es que según Garvich un discurso caduco es aquel que no se traduce en acciones concretas, lo cual luce muy coherente al estilo de «por sus frutos los conoceréis» o «la fe sin obras es muerta», pero no si reparamos en que la CVR aunque es el enunciatario de una memoria para la reconciliación, constituye un punto de partida y no de llegada. Garvich confunde competencias, y por ende, responsabilidades. De acuerdo al artículo número 3 del decreto que la creó, «La Comisión no tiene atribuciones jurisdiccionales, por tanto no sustituye en sus funciones al Poder Judicial y al Ministerio Público». Por ello, solo errada o testarudamente podríamos endilgar a la CVR la responsabilidad de todas aquellas situaciones que, aunque ciertas e indignantes, obedecen a la negligencia de otros actores, a no ser que junto a Garvich consideremos que, efectivamente, la CVR es culpable de su escasa aceptación entre la opinión pública o de la corrupción en el Poder Judicial. 

Y en el supuesto que convengamos, como sostiene Garvich, que el discurso de la CVR ha caducado ello implicaría admitir que con ella habrían caducado también los principios que la animaron. No obstante, el compromiso de una sociedad con la verdad, la justicia, la memoria y la reconciliación no se evalúa por encuestas de opinión ni de simpatía. Si el discurso de la CVR es denegado cada vez con mayor fuerza, me animo a pensar que es porque nos enrostra una verdad incómoda.