CVR+10: UNA VERDAD INCÓMODA

Publicado en Diario Noticias de Arequipa, lunes 2 de setiembre de 2013

Desde 2003, conforme se acerca la conmemoración de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IF CVR) cada 31 de agosto, asistimos a una superabundancia de columnas de opinión, notas, posts, eventos académicos y una desatada cadena de comentarios en las redes sociales que desestiman o defienden el IF CVR. Recientemente, Javier Garvich sostuvo que el discurso de la CVR ha caducado. Sus contradicciones, el desánimo que embarga a los que confiaron en que la CVR efectuaría un cambio sustancial conducente a la reconciliación, el rechazo de las élites militares y económicas ante el informe, su visión maniquea (buenos: Fuerzas Armadas vs. malos: Sendero Luminoso) —que según Garvich, fue condescendiente con las Fuerzas Armadas— y el incumplimiento de la mayoría de las recomendaciones del IF CVR son las razones que llevan a Garvich a afirmar que el discurso de la CVR «se ve agotado, incompleto, jodido». Pero, ¿es realmente así?

¿Cuál es la contradicción en el IF CVR sobre el número de víctimas? ¿Es cierto, como afirma Javier Garvich, que en el IF se dan cifras contradictorias? El IF indica una cifra sobre la base de víctimas reportadas a la CVR, 23,969, que podría llegar a 26,259; y una proyección estimada de 69.000, entre márgenes de 61,007 y 77,552. No son contradicciones, una es la cifra que se fundamenta en testimonios que, por supuesto no son conclusivos, pues hubo muchos más que no pudieron ser acopiados (¿sería ello posible —aspirar a la totalidad en un primer informe— o sería mejor convenir que hay una muestra sobre la cual se puede afirmar que esas cifras brindan una imagen muy cercana al horror de la violencia? Ningún informe elaborado en contextos de justicia transicional aspira o se arroga un carácter definitivo ni cancelatorio; si lo hiciera, habría que descartarlo en primera instancia. Este no es el caso del IF CVR, ni de sus pares Nunca más (Argentina, 1984), Comisión Valech (Chile 2004 y 2009) o De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador (1993), por mencionar algunos ejemplos latinoamericanos. La Truth and Reconciliation Commission (Sudáfrica, 1995) si bien estableció reparaciones y recopiló testimonios que permitieron identificar a víctimas y desaparecidos, significó que el costo de la transición sudafricana concediera amnistía a los acusados por delitos de lesa humanidad, sobre la base de sus testimonios, siempre y cuando colaborasen con el esclarecimiento de la verdad. De ningún modo, esta fue una condición que dirigiera la labor de los comisionados que integraron la CVR. 

No obstante, no hay que soslayar que la correlación de fuerzas que toman partido por una «memoria de salvación» (definida por la voluntad de perdón y olvido) o una «memoria para la reconciliación» (definida por la voluntad de verdad y perdón con justicia) es determinante para que una u otra memoria se imponga dentro del proceso de justicia transicional. En contextos como el de Sudáfrica o España —donde la Ley de Amnistía de 1977 que declinó investigar los crímenes de Estado cometidos durante el franquismo, así como iniciar procesos de justicia y reparación para las víctimas fue fundamental para que los poderes fácticos del franquismo dieran continuidad a la transición— los agentes políticos que la condujeron se vieron en la encrucijada de sopesar el costo de llevar adelante una transición «ideal», sino imposible, en la cual los gobiernos de facto se allanan por completo a las exigencias de la verdad con justicia; o una más «real», donde, toda vez que se ha evaluado la situación, es viable alcanzar algunos objetivos, pese a que otros, no menos primordiales, deben abandonarse. 

Con sus propios matices y connotaciones, el contexto de la elaboración del IF CVR no fue ajeno a estas decisiones, pues, a pesar de que el gobierno de transición de Valentín Paniagua decidió crear la comisión de la verdad, los gobiernos posteriores, en particular el de Alan García, no mostraron interés expreso por continuar el proceso de justicia transicional en lo que concierne a los juicios contra militares acusados por violación de derechos humanos, agilizar las reparaciones a los deudos de la violencia armadas y exhumar las 4,000 fosas comunes que el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) estima permitirían identificar a 15, 000 desaparecidos. Por el contrario, en los últimos diez años hemos asistido a un progresivo deterioro, cuando no retroceso, en la búsqueda de la verdad y el logro de la reconciliación, y no precisamente porque la CVR sea el obstáculo, sino por la manifiesta ausencia de voluntad política de parte de los dos últimos gobiernos por continuar el proceso que la CVR inició y que de ninguna manera dio por cancelado el 31 de agosto de 2003. Y también por la profusión de lecturas livianas que no trascienden el lugar común o que ceden a la tentación de las conjeturas apresuradas. 

Justamente, el error más frecuente en los detractores del IF CVR, entre muchos otros que son evidentes como en el reciente post de Garvich, es atribuirle responsabilidades que competen a las instituciones del Estado que tomó la decisión de conformar una comisión de la verdad, no con fines académicos sino de verdad y justicia. Es decir, si hoy no existe un número significativo de militares sentenciados por crímenes de lesa humanidad —en comparación con los emerretistas y senderistas que cumplen condena—; si hoy las Fuerzas Armadas persisten en no desclasificar información que permitiría identificar a efectivos responsables aquellos crímenes, si hoy aún quedan 4,000 fosas comunes por exhumar; si actualmente, como dice Garvich, el discurso de la CVR «ni siquiera es aceptado por buena parte de las élites empresariales y militares […], las víctimas de la guerra no han recibido casi ninguna compensación. La corrupción está peor que antes. Seguimos con uno de los peores poderes judiciales de América Latina […] La democracia no ha impedido que tengamos por Congreso un hatajo de analfabetos e inmorales» ¿todo ello es responsabilidad de la CVR? O sea ¿el discurso de la CVR es caduco porque la gran mayoría de las recomendaciones no se cumplen? ¿Es que acaso Garvich ignora que la labor de la CVR era indagar, informar y recomendar, pero no ejecutar sus propias recomendaciones, las cuales tampoco tienen carácter vinculante ante un eventual juicio? Siguiendo la lógica de Garvich, habría que declarar la caducidad de la lectura en el Perú porque la cantidad de lectores es baja; de la investigación en humanidades porque la cantidad de ingresantes a literatura y filosofía es decreciente. Luego de la caída del muro de Berlín y del socialismo en Europa oriental, no quedaría más que declarar la caducidad del marxismo porque no logró sobrevivir al embate neoliberal. Y es que según Garvich un discurso caduco es aquel que no se traduce en acciones concretas, lo cual luce muy coherente al estilo de «por sus frutos los conoceréis» o «la fe sin obras es muerta», pero no si reparamos en que la CVR aunque es el enunciatario de una memoria para la reconciliación, constituye un punto de partida y no de llegada. Garvich confunde competencias, y por ende, responsabilidades. De acuerdo al artículo número 3 del decreto que la creó, «La Comisión no tiene atribuciones jurisdiccionales, por tanto no sustituye en sus funciones al Poder Judicial y al Ministerio Público». Por ello, solo errada o testarudamente podríamos endilgar a la CVR la responsabilidad de todas aquellas situaciones que, aunque ciertas e indignantes, obedecen a la negligencia de otros actores, a no ser que junto a Garvich consideremos que, efectivamente, la CVR es culpable de su escasa aceptación entre la opinión pública o de la corrupción en el Poder Judicial. 

Y en el supuesto que convengamos, como sostiene Garvich, que el discurso de la CVR ha caducado ello implicaría admitir que con ella habrían caducado también los principios que la animaron. No obstante, el compromiso de una sociedad con la verdad, la justicia, la memoria y la reconciliación no se evalúa por encuestas de opinión ni de simpatía. Si el discurso de la CVR es denegado cada vez con mayor fuerza, me animo a pensar que es porque nos enrostra una verdad incómoda.