domingo, marzo 31, 2013

MEMORIAS EN CONFLICTO


El pasado 24 de marzo se cumplieron 37 años del golpe militar en la Argentina. Desde hace once años ha sido declarado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una ocasión para condenar masivamente el terrorismo de Estado responsable de miles de muertes y desapariciones producidas durante el gobierno de la Junta Militar (1976-1983). Sin embargo, otra de las consignas más aclamadas fue condenar la persecución política y las desapariciones en democracia. Y es que el núcleo fuerte del discurso por la memoria en la Argentina gira en torno a los sucesos ocurridos durante la dictadura militar, la cual merece una condena sin ambages, pero el kirchnerismo no es igualmente explícito para reprobar la violencia perpetrada por la Triple A de López Rega —gestada durante el segundo mandato de Juan Domingo Perón— Montoneros, ERP o el genocidio indígena de fines del siglo XIX e inicios del XX conducida por el Estado argentino, conocido como la «Campaña del Desierto». 

Las multitudinarias marchas a lo largo del país en un día como este dan la impresión de una opinión pública que cierra filas contra el autoritarismo. No obstante, observar a cientos de manifestantes, la gran mayoría jóvenes universitarios, marchando por las calles de la ciudad lanzando cánticos y enarbolando banderas representativas de sus agrupaciones no tiene correspondencia con que en Córdoba, por ejemplo, la provincia esté gobernada sucesivamente por el peronismo conservador que hace un años aprobó el polémico código de faltas, cuyos acápites se parecen mucho a las leyes vigentes en el estado de Arizona en lo que concierne a detención arbitraria sobre la base de la simple sospecha. 

Las diversas organizaciones que marcharon en Córdoba agregaron a la marcha un reclamo por los derechos de las minorías étnicas y sexuales, y contra el código de faltas aprobado por el gobierno provincial exigiendo la derogación de la norma que ordena el cierre de prostíbulos, pues la Provincia los considera causa fundamental de la trata de mujeres. De este modo, año a año el Día de la Memoria va incorporando nuevas demandas de acuerdo al contexto inmediato, lo cual la convierte progresivamente en una plataforma para lanzar reivindicaciones que trascienden el recuerdo del dolor remoto añadiendo una mirada alerta ante nuevas formas de represión aún activas en democracia. Sin embargo, muchas de estas organizaciones y partidos no participan en otras manifestaciones que tienen que ver también con la memoria, en otro sentido más amplio, como las luchas docentes, los derechos de mujeres o grupos heterodisidentes, comunidades indígenas, áreas y barrios afectados por los cultivos de soya y el crecimiento inmobiliario. Sería un equívoco interpretar que el sentir de esta manifestación en Córdoba se extiende por igual en todo el país.

Esto cambia la idea tradicional que existe acerca de la memoria, ya que permite su actualización constante. Evita que esta conmemoración se reduzca a una pasiva evocación dolorosa o a la agenda interna de un gobierno que, si bien posee una política de Estado sobre derechos humanos y memoria, se concentra sobre todo en los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas del Estado durante la dictadura militar, lo cual ha sido aprovechado eficazmente por la gestión K. Exigir derechos para las trabajadoras sexuales, derechos reproductivos para las mujeres, condenar el genocidio cometido por el Estado argentino contra la población indígena y la desaparición en democracia amplía el marco del discurso sobre derechos humanos y memoria que actualmente sostiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo reacomoda para que tome en cuenta la violencia de ayer y de hoy. 

Organizaciones indígenas reclaman porque los espacios de memoria incluyan el genocidio indígena y lo reconozcan como el primer antecedente de terrorismo de Estado. El Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) fue creado como homenaje a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en un momento en altamente sensible para la población que padeció la violencia, pero no se percibe la intención de extender el horizonte de la memoria al sufrimiento de las comunidades indígenas. Luego de que el gobierno de Néstor Kirchner anulara las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que amnistiaban a los militares involucrados en violación de derechos humanos para posteriormente llevarlos a juicio, no hubo intención política de hacer algo similar hacia los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas. Según el historiador Walter Delrío, autor de Memorias de expropiación, sometimiento e incorporación indígena en la Patagonia (1872-1943), subsiste una continuidad en las políticas de Estado que sostuvieron el genocidio indígena y las que actualmente lo ignoran. 

La Ley 24.411, aprobada en 1994, obliga al Estado a indemnizar a los familiares de los asesinados y desaparecidos a causa del terrorismo de Estado. Ninguna reparación económica se debatió jamás a nivel del gobierno para las víctimas del genocidio indígena. Tampoco se cuenta con cifras oficiales sobre los asesinados y desaparecidos durante la Campaña del Desierto, pero algunas investigaciones como la de Diana Lenton —doctora en antropología y especialista en temas de política indígena— señala que en 1883, 20.000 prisioneros fueron trasladados a Buenos Aires y después, asesinados, desaparecidos o esclavizados. 

El antropólogo Marcelino Fontán afirma que la desaparición ideológica de Manuel Belgrano y Bernardo Monteagudo, revolucionarios de 1810 quienes promovieron la igualdad entre indígenas y criollos, facilitó la negación del exterminio indígena concebido y ejecutado por la generación del ochenta, conformada por gobernantes, intelectuales, científicos y escritores seguidores del ideal positivista de «orden y progreso» y conductores ideológicos del liberalismo conservador. Fontán sostiene que la generación del ochenta hizo posible que el grueso de la sociedad argentina asimilara, sin cuestionamientos, el exterminio físico y cultural de los habitantes ancestrales de estas tierras. Coincide con Delrío en que se mantiene un programa político y económico bajo nuevas formas de avance sobre territorios indígenas. 

¿El conflicto entre la memoria sobre la dictadura militar y la memoria sobre el genocidio indígena tiene un trasfondo étnico? Es un hecho que las víctimas del genocidio indígenas no fueron sectores urbanos, ni clase media como lo fue el grueso de las víctimas de la dictadura. Desde esta postura, la negación o reconocimiento de una memoria tendría raíces étnicas y de clase social. Otra lectura diría que la asociación entre memoria y violencia política es casi reciente, desatada a partir del Holocausto y generalmente vinculada a procesos de justicia transicional. Sin embargo, ello no debería ser dificultad para repensar el nexo entre memoria, historia y violencia. En todo caso, el debate debe situarse primero en qué tan amplia o restringida será la noción de memoria o violencia política empleada para evaluar los sucesos en cuestión. 

¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que en el Perú se instaure una fecha similar? Mucho tiempo, pues mientras en la Argentina la percepción de la opinión pública es casi unánime respecto a lo execrable del terrorismo de Estado, en el Perú la percepción mayoritaria es que las Fuerzas Armadas tuvieron que emplear necesariamente la violencia sobre un sector de la población civil, especialmente en los andes, para combatir a Sendero Luminoso y al MRTA. En Argentina, grosso modo, la clase media fue la directamente afectada por el terrorismo de Estado, en el Perú, como señala la Comisión de la Verdad (CVR) lo fue el sector más vulnerable de la nación: quechuahablante, campesino, analfabeto, andino, y dentro de ellos una gran parte, mujeres. Si gran parte de la opinión pública en el país justifica que las Fuerzas Armadas recurrieran al terror durante el conflicto armado interno en cumplimiento de un deber, tal vez sea porque sienten que ese conflicto surgió muy lejos de su realidad, que fue ocasionado por sujetos ajenos a su estilo de vida, que si los perjudicó bien merecido tendrían un escarmiento. En suma, mientras en la Argentina la memoria se organiza en torno a la experiencia de un vasto sector de la clase media, en el Perú la memoria de la violencia política está fragmentada entre una representación de la clase media, media alta y alta pro Fujimori y un resto muy diverso. Difícilmente en el Perú podría organizarse la memoria en función de un discurso que condene tanto la violencia de SL, MRTA y de las Fuerzas Armadas. 

En Argentina y Perú urge descentralizar y abrir el discurso oficial sobre la memoria de la violencia política. Más que un relato integral se requiere de un relato plural, de modo que la tensión entre versiones diferentes siga multiplicando los discursos sobre la memoria.

5 comentarios:

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