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Por Arturo Caballero Medina
acaballerom@pucp.edu.pe
El sábado 3 noviembre sintonicé el programa Educación y Democracia, producido y dirigido por Enrique Saravia, en el cual entrevistó al general del ejército en retiro José Graham. El tema de la entrevista apuntaba a esclarecer, desde la particular perspectiva del general Graham, la verdad acerca de la participación del ejército durante el conflicto armado interno.
Graham cayó en muchas imprecisiones a lo largo de la entrevista, tropiezos que tampoco fueron ajenos al entrevistador, quien demostró conocer mucho menos que el general la información mínima indispensable para brindar una orientación al televidente sobre la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo. Algunos datos expuestos durante la entrevista no difieren mucho de lo que se consigna en el Informe Final de la Comisión de la Verdad: las fuerzas armadas obedecieron el llamado del entonces presidente de la república Fernando Belaúnde Terry, quien en diciembre de 1983, las autorizó para enfrentar a la subversión en las zonas de emergencia. También es cierto que la autoridad en dichas zonas recayó en comandos político-militares, y que se decretó un estado de excepción, por el cual, se suspendían todas las garantías constitucionales.
Lo que en ningún momento Graham menciona (salvo un tibio reconocimiento a los “excesos” de malos elementos) es que el accionar de las fuerzas armadas estuvo en ciertos momentos, fuera del control de la sociedad civil, es decir, al poseer ellos el control absoluto de la justicia y de la seguridad, no sintieron la obligación de rendir cuentas por lo que ellos creían que era su labor: salvar a la nación de la amenaza terrorista sin importar los medios para lograrlo. Este tipo de argumento encaja dentro de lo que se denomina como “memoria de salvación ”, que explica la intervención de las fuerzas armadas como un cheque en blanco expedido por la sociedad civil para combatir al terrorismo. Reclamarles algo, pedirles cuentas, exigir justicia por los atropellos cometidos durante aquella época contra población civil indefensa, es para los defensores de esta tesis, no reconocer el sacrificio de lo que perdieron la vida en la guerra contra el terrorismo.
El error en las explicaciones de Graham consiste en que ni siquiera menciona remotamente, las diferentes matanzas ocurridas en pueblos y caseríos cometidos por las fuerzas del orden. En su razonamiento, denunciar estos atropellos equivale a estar del lado del terrorismo, lo cual particularmente, me niego aceptar. Peor desliz no pudo cometer al mencionar que al verse derrotados en el campo militar, los terroristas han ideado un nuevo aparato de lucha a través de los organismos del Estado. Hasta aquí, los televidentes debíamos adivinar que se refería a las ONG´s y a la Comisión de la Verdad. Pues bien, afirmó que la CVR era un organismo de los rezagos terroristas y de aquellos que no combatieron, cuyo objetivo es desprestigiar a las fuerzas armadas que actuaron bajo el llamado de un gobierno constitucional. Lo siento general Graham, pero ese llamado les fue otorgado por un presidente cuyo poder reside en el mandato que le otorgó la sociedad civil. Entiendo que usted se sienta indignado porque a sus compañeros de armas se les esté juzgando, pero una cosa es que tengamos un poder judicial ineficiente y poco confiable, y otra cosa es dejar pasar por alto los delitos contra los derechos humanos, cometidos ya sea por las fuerzas del orden o por los subversivos. No hay criminal ni crimen menor al respecto. No es menos culpable el oficial que ordenó una masacre que el terrorista que hace estallar un coche bomba. Ambos son simplemente criminales. El agravante en el caso de un miembro de las fuerzas armadas es que su labor es proteger a la nación. Hizo bien usted en invocar un juicio justo para los investigados en delitos de lesa humanidad, pero debió matizar su posición fustigando a aquellos que no cumplieron su labor a cabalidad, en aras de la justicia y equidad que también usted reclama para sus compañeros.
Es preciso recordar a la ciudadanía que el grupo Colina estaba integrado por malos elementos del ejército, quienes en el tiempo que les fue asignado combatir a la subversión, solo arrojaron como “grandes” resultados la masacre de Barrios Altos y la desaparición de los estudiantes de La Cantuta. En contraste, el GEIN, integrado por una división especial de la Policía Nacional, tras una paciente labor de inteligencia y sin disparar un solo tiro, logró capturar a Abimael Guzmán.
La derecha peruana —cómplice de los desmadres del fujimorismo—, el APRA y la izquierda —quienes cogobernaron durante los años más duros del terrorismo—, y por supuesto, la desacertada política contrasubversiva de los gobiernos de turno, son factores que constituyen una responsabilidad compartida —incluso, la indiferencia de cierto sector de la sociedad que pareció recién comprender la dimensión del terrorismo luego del atentado en Tarata—. Todos, de alguna manera, fuimos responsables de lo que aconteció entre 1980 y el 2000. El reclamo de los militares no debe estrellarse contra los miembros de la CVR —¿quién en sus cabales podría afirmar que Salomón Lerner es el brazo legal de Sendero Luminoso?— sino contra el Estado que los envió a combatir sin unas reglas claras de juego. Ollanta Humala, en una de sus intervenciones más lúcidas, mostró a Rosa María Palacios el manual de procedimientos que las fuerzas armadas estaban obligadas a obedecer bajo pena de sanción. En este manual se consignaba que al enemigo había que “aniquilarlo”, o sea, matarlo. Así sin más, sin matices, ni murmuraciones. Ese Estado que los conminó a defender la nación sin una estrategia definida, es el mayor responsable de que hoy muchos militares que, efectivamente, lucharon contra la subversión, estén afrontando procesos judiciales. Pero de ninguna manera, esto significa que investigar, criticar o denunciar los atropellos de quienes abusaron de su autoridad, implique defender a los terroristas.
Si no se informa con propiedad, analizando todos los matices de un problema, corremos el riesgo de perdernos en un laberinto de imprecisiones como el general Graham. A la producción de Educación y Democracia, solo me queda sugerirles que, en adelante, no sean tan obvios en el guión de las entrevistas, y que, al menos, su conductor tenga la capacidad de matizar e informarse acerca del tema en discusión, que, de hecho, estuvo ausente en la fallida entrevista al general Graham, perdido en su laberinto.
acaballerom@pucp.edu.pe
El sábado 3 noviembre sintonicé el programa Educación y Democracia, producido y dirigido por Enrique Saravia, en el cual entrevistó al general del ejército en retiro José Graham. El tema de la entrevista apuntaba a esclarecer, desde la particular perspectiva del general Graham, la verdad acerca de la participación del ejército durante el conflicto armado interno.
Graham cayó en muchas imprecisiones a lo largo de la entrevista, tropiezos que tampoco fueron ajenos al entrevistador, quien demostró conocer mucho menos que el general la información mínima indispensable para brindar una orientación al televidente sobre la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo. Algunos datos expuestos durante la entrevista no difieren mucho de lo que se consigna en el Informe Final de la Comisión de la Verdad: las fuerzas armadas obedecieron el llamado del entonces presidente de la república Fernando Belaúnde Terry, quien en diciembre de 1983, las autorizó para enfrentar a la subversión en las zonas de emergencia. También es cierto que la autoridad en dichas zonas recayó en comandos político-militares, y que se decretó un estado de excepción, por el cual, se suspendían todas las garantías constitucionales.
Lo que en ningún momento Graham menciona (salvo un tibio reconocimiento a los “excesos” de malos elementos) es que el accionar de las fuerzas armadas estuvo en ciertos momentos, fuera del control de la sociedad civil, es decir, al poseer ellos el control absoluto de la justicia y de la seguridad, no sintieron la obligación de rendir cuentas por lo que ellos creían que era su labor: salvar a la nación de la amenaza terrorista sin importar los medios para lograrlo. Este tipo de argumento encaja dentro de lo que se denomina como “memoria de salvación ”, que explica la intervención de las fuerzas armadas como un cheque en blanco expedido por la sociedad civil para combatir al terrorismo. Reclamarles algo, pedirles cuentas, exigir justicia por los atropellos cometidos durante aquella época contra población civil indefensa, es para los defensores de esta tesis, no reconocer el sacrificio de lo que perdieron la vida en la guerra contra el terrorismo.
El error en las explicaciones de Graham consiste en que ni siquiera menciona remotamente, las diferentes matanzas ocurridas en pueblos y caseríos cometidos por las fuerzas del orden. En su razonamiento, denunciar estos atropellos equivale a estar del lado del terrorismo, lo cual particularmente, me niego aceptar. Peor desliz no pudo cometer al mencionar que al verse derrotados en el campo militar, los terroristas han ideado un nuevo aparato de lucha a través de los organismos del Estado. Hasta aquí, los televidentes debíamos adivinar que se refería a las ONG´s y a la Comisión de la Verdad. Pues bien, afirmó que la CVR era un organismo de los rezagos terroristas y de aquellos que no combatieron, cuyo objetivo es desprestigiar a las fuerzas armadas que actuaron bajo el llamado de un gobierno constitucional. Lo siento general Graham, pero ese llamado les fue otorgado por un presidente cuyo poder reside en el mandato que le otorgó la sociedad civil. Entiendo que usted se sienta indignado porque a sus compañeros de armas se les esté juzgando, pero una cosa es que tengamos un poder judicial ineficiente y poco confiable, y otra cosa es dejar pasar por alto los delitos contra los derechos humanos, cometidos ya sea por las fuerzas del orden o por los subversivos. No hay criminal ni crimen menor al respecto. No es menos culpable el oficial que ordenó una masacre que el terrorista que hace estallar un coche bomba. Ambos son simplemente criminales. El agravante en el caso de un miembro de las fuerzas armadas es que su labor es proteger a la nación. Hizo bien usted en invocar un juicio justo para los investigados en delitos de lesa humanidad, pero debió matizar su posición fustigando a aquellos que no cumplieron su labor a cabalidad, en aras de la justicia y equidad que también usted reclama para sus compañeros.
Es preciso recordar a la ciudadanía que el grupo Colina estaba integrado por malos elementos del ejército, quienes en el tiempo que les fue asignado combatir a la subversión, solo arrojaron como “grandes” resultados la masacre de Barrios Altos y la desaparición de los estudiantes de La Cantuta. En contraste, el GEIN, integrado por una división especial de la Policía Nacional, tras una paciente labor de inteligencia y sin disparar un solo tiro, logró capturar a Abimael Guzmán.
La derecha peruana —cómplice de los desmadres del fujimorismo—, el APRA y la izquierda —quienes cogobernaron durante los años más duros del terrorismo—, y por supuesto, la desacertada política contrasubversiva de los gobiernos de turno, son factores que constituyen una responsabilidad compartida —incluso, la indiferencia de cierto sector de la sociedad que pareció recién comprender la dimensión del terrorismo luego del atentado en Tarata—. Todos, de alguna manera, fuimos responsables de lo que aconteció entre 1980 y el 2000. El reclamo de los militares no debe estrellarse contra los miembros de la CVR —¿quién en sus cabales podría afirmar que Salomón Lerner es el brazo legal de Sendero Luminoso?— sino contra el Estado que los envió a combatir sin unas reglas claras de juego. Ollanta Humala, en una de sus intervenciones más lúcidas, mostró a Rosa María Palacios el manual de procedimientos que las fuerzas armadas estaban obligadas a obedecer bajo pena de sanción. En este manual se consignaba que al enemigo había que “aniquilarlo”, o sea, matarlo. Así sin más, sin matices, ni murmuraciones. Ese Estado que los conminó a defender la nación sin una estrategia definida, es el mayor responsable de que hoy muchos militares que, efectivamente, lucharon contra la subversión, estén afrontando procesos judiciales. Pero de ninguna manera, esto significa que investigar, criticar o denunciar los atropellos de quienes abusaron de su autoridad, implique defender a los terroristas.
Si no se informa con propiedad, analizando todos los matices de un problema, corremos el riesgo de perdernos en un laberinto de imprecisiones como el general Graham. A la producción de Educación y Democracia, solo me queda sugerirles que, en adelante, no sean tan obvios en el guión de las entrevistas, y que, al menos, su conductor tenga la capacidad de matizar e informarse acerca del tema en discusión, que, de hecho, estuvo ausente en la fallida entrevista al general Graham, perdido en su laberinto.
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