CVR for dummies para Giampietri, Donayre y Ántero

Arturo Caballero Medina
acaballerom@pucp.edu.pe

Diversos medios han cubierto esta última semana el quinto aniversario del Informe Final de la CVR, lo cual ha motivado sendas reacciones—que no deben sorprender— de parte de algunos políticos del oficialismo a través de los tres jinetes del Apocalipsis periodístico de la derecha más recalcitrante como son Correo, La Razón y Expreso. Y es que de los reiterados ataques a la CVR y a sus comisionados podemos concluir que sus más denodados críticos no han leído ni siquiera la versión abreviada, Hatun Willakuy, o la conocen de oídas y se cuelgan de los prejuicios ajenos o, definitivamente, no la entendieron. Digo esto porque nada nuevo agregan a sus críticas: que los comisionados son antiguos militantes de izquierda y que por ello no fueron imparciales para juzgar a SL ni al MRTA; que la CVR ha polarizado a la opinión pública; que no hubo violaciones a los derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas, sino excesos y casos aislados; que al otorgar categoría de partido político a SL le facilitan un reconocimiento excesivo; y que las reparaciones a las víctimas del conflicto armado interno sugeridas por la CVR constituyen una ofensa a la memoria de nuestros combatientes y de los ciudadanos asesinados (según esta lógica perversa, las reparaciones u homenajes solo se dirigen a los terroristas). Estas aparecen entre las imputaciones más comunes. Comentemos, a continuación, algunas de estas críticas para que comprendamos la dimensión del error y la necesidad del “trío guayabera” por un manual for dummies acerca de las conclusiones de la CVR.

Efectivamente, algunos de los miembros de la CVR fueron militantes de partidos socialistas o asumen una postura de izquierda o socialdemócrata desde sus estudios académicos. Tal es el caso de Enrique Bernales, ex senador por IU; Carlos Tapia, actual vocero del Partido Nacionalista de Ollanta Humala o Salomón Lerner Febres, más bien dedicado a la investigación filosófica (no necesariamente de izquierda) y a la docencia universitaria. El cuestionamiento a los comisionados de la CVR, tal como lo podemos verificar en los contenidos de los tres diarios mencionados (más adelante comentaré las opiniones de Rafael Romero, director de la página editorial de Expreso), es que su ideología marxista-leninista los descalifica, ya que impide total imparcialidad para analizar el desempeño de las Fuerzas Armadas y el accionar de SL y el MRTA. Esgrimen como argumento que el número de víctimas asignadas a las Fuerzas Armadas (46%) es exagerado, lo cual daría la impresión de que se encuentran casi al mismo nivel de SL y el MRTA. Este cuestionamiento carece de validez habida cuenta que en varios pasajes del Informe Final se recalca que “La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) de iniciar una ‘guerra popular’ contra el Estado peruano” (Hatun Willakuy, p.18). Y más adelante agregan que “A diferencia de otros conflictos armados internos en América Latina donde los agentes estatales resultaron ser los principales responsables de la pérdida de vidas humanas […] en el caso peruano fue el principal grupo subversivo, el PCP-SL, quien provocó el mayor número de víctimas fatales, sobre todo entre la población civil” (p.18). Y si no son suficientes, sugiero que revisen las conclusiones 12 a la 35 referidas a la responsabilidad de SL y el MRTA.

Asimismo, el análisis de la CVR consistió en separar responsabilidades: la de SL no precisa ahondarse tanto, es evidente, pero denunciar los abusos de las Fuerzas Armadas en aquellos lugares donde, ahora no nos cabe duda, sí se cometieron no implica estar a favor de los terroristas y aquí radica una de las más frecuentes tergiversaciones en las que se enfrascan los detractores del Informe Final para quienes las discusiones de dirimen en blanco y negro sin matices. Es decir, denunciar y exigir justicia por los delitos cometidos por las FFAA equivale a ser antipatriota, caviar o comunista y no valorar el esfuerzo desplegado por ellos contra el terrorismo. ¿Dónde está el sesgo ideológico marxista-leninista? ¿Acaso frente las evidencias de Putis, Los Cabitos, Accomarca, Barrios Altos y La Cantuta la opinión pública debe callar o ser indiferente como muchos actuamos durante los años del terrorismo? Los deudos de las víctimas asesinadas por las FFAA merecen la misma justicia que las de los militares caídos en combate. Un flaco favor les hacen a estos últimos el “trío guayabera” cuando en aras de un malentendido espíritu de cuerpo, lanzan diatribas contra la CVR y sus comisionados acusándolos de antipatriotas porque dan a entender que es admisible la impunidad para los asesinatos de las FFAA. Estoy seguro que ningún deudo desea que a sus familiares los recuerden como asesinos. La verdad acerca de quiénes, dónde y cómo procedieron en las zonas de emergencia es necesaria para separar a los héroes que nos defendieron de los asesinos que no estuvieron a la altura del uniforme. Su memoria también exige justicia.

Otro cuestionamiento sostenido por el inefable “trío guayabera” es que el Informe Final empaña la labor que cumplieron nuestros soldados en las zonas de emergencia mientras combatían contra los terroristas al afirmar que hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos cuando lo más acertado sería hablar de hechos aislados o de malos elementos que actuaron por voluntad propia, pero de ninguna manera, de un accionar organizado y planificado. Respecto a esto la CVR es muy clara: “El término sistemático, de acuerdo con la jurisprudencia internacional y la Corte de Derecho Internacional, se define como ‘un plan o política’ del cual ‘podría resultar la comisión repetida o continua de actos inhumanos. El calificativo de ‘generalizada’ califica a la conducta y no al agente; es decir, la comisión generalizada de un conducta de ninguna manera implica que todos los agentes individuales están implicados en ella”. (p.33). Esto significa que cuando se afirma que hubo una práctica sistemática y generalizada de las FFAA en la comisión de delitos de lesa humanidad, ello no involucra a todos los miembros de la institución, sino a las acciones contra las víctimas que fueron múltiples; en esta multiplicidad radica lo generalizado. De otra parte, tampoco es cierto que la imagen de las FFAA como institución haya sido desvirtuada por la CVR: “La CVR reconoce la esforzada y sacrificada labor que los miembros de las Fuerzas Armadas realizaron durante los años de violencia y rinde su más sentido homenaje a los más de un millar de valerosos agentes militares que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber” (p. 442). Después, basta leer con atención que la CVR en ningún momento compromete a las FFAA como institución en la ejecución de delitos contra los derechos humanos (sistemático y generalizado adquieren un sentido dentro del marco jurídico internacional explicado líneas arriba). “La CVR afirma que en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no solo involucró algunos excesos individuales de oficiales […], sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos…” (p. 422). De otra parte, hasta este momento ni siquiera podemos conocer a los buenos o malos elementos, puesto que, a pesar que el registro de víctimas asciende a 9 000, el Ministerio de Defensa no ofrece las facilidades para identificar a los presuntos malos elementos (además de regatear las reparaciones individuales a las víctimas) lo que contribuye a alimentar razonables suspicacias: ¿por qué no brindan esta información? ¿Acaso alguien teme que les apliquen la teoría del dominio del hecho tan mencionada durante el juicio a Fujimori y que por ello caigan más implicados de lo esperado, o la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad?

En un próximo post comentaré las declaraciones de Rafael Rey, Cipriani y de algunos comentaristas conocidos en la blogosfera.