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Por Arturo Caballero Medina
acaballerom@pucp.edu.pe
Desde que José Antonio Chang asumiera las riendas del Ministerio de Educación, las relaciones entre el Ejecutivo y los maestros se han vuelto tensas y carentes de todo intento de diálogo abierto que conduzca al objetivo mayor: mejorar la calidad de nuestra educación. Más bien, hemos sido testigos de ataques frontales desde el Ejecutivo, sobre todo desde el presidente García y del primer ministro Jorge Del Castillo. Un ejemplo de esto ocurrió cuando en una localidad del interior del país, el presidente aprovechó la oportunidad para calificar de “comechados y sinvergüenzas” a los profesores que rechazaban someterse a evaluaciones. Si en décadas pasadas, la opinión pública apoyaba a los maestros en sus luchas sindicales hoy ya no es igual. Y es que parece que la estrategia del actual gobierno es enfrentar a la ciudadanía contra los maestros endigándoles la total responsabilidad por la crisis de nuestra educación. El mensaje que llega a la gente es que todos los maestros que trabajan en la educación pública son incapaces y que se oponen a capacitarse, lo cual no corresponde exactamente a la verdad. Si el plan era desarticular al nefasto SUTEP lo que han logrado es fortalecerlo puesto que con las declaraciones del presidente y del ministro de educación todos los maestros, incluso aquellos que cuestionan a la dirigencia del gremio, lo avalen obedeciendo a un justificable espíritu de cuerpo. Tales adjetivos no diferencian entre radicales y progresistas sino que meten en un mismo saco al maestro que, efectivamente, no tiene el mínimo interés por capacitarse, como al que cada año debe agenciárselas para renovar un contrato que lo mantenga en actividad, recurriendo a veces a la coima para no perder su puesto de trabajo.
No son los maestros los únicos responsables de la crisis de nuestra educación. El Estado que permitió la proliferación de institutos, pedagógicos y universidades con enormes deficiencias en infraestructura y plana docente; que les otorgó el título profesional e incorporó al magisterio solo por pertenecer al partido de gobierno (lo que sucedió en el primer gobierno aprista); que no remueve de sus cargos a los funcionarios que lucran con los contratos y nombramientos cada vez que hay concursos, es el mismo Estado que hoy levanta el dedo acusador y denigra al maestro que es producto de una histórica desatención por el tema educacional. En ninguna de las intervenciones de los mencionados representantes del Ejecutivo ha existido un “mea culpa” por la responsabilidad del Estado en la crisis de la educación.
En las últimas semanas, se viene discutiendo la norma que regula los nombramientos para los profesores del Estado, la cual estipula como requisito que solo podrán postular aquellos que hayan ocupado el tercio superior durante el pregrado. Bajo el argumento de la calidad, la eficiencia y la meritocracia, se afirma que los más capacitados son los que deben enseñar (frente a lo cual, obviamente todos estamos de acuerdo) y los que se oponen son lo que tienen miedo de aceptar su incapacidad. Esta afirmación analizada fuera del contexto de nuestra educación carece de validez porque no considera la variable que mencioné líneas arriba: ¿quién instruyó, tituló y contrató a estos maestros? Hay enunciados que pueden ser verdaderos en lo que afirman pero falsos en lo que niegan. Cierto e irrefutable es que los más capacitados deben enseñar, pero también es cierto que discriminar en función a un solo criterio como es el del tercio superior no nos garantiza la excelencia educativa porque hay tercios y tercios.
¿Vale igual un tercio superior obtenido a lo largo de cinco años de estudios en una universidad como San Marcos frente a tres años de un instituto seguidos de dos años de complementación a distancia? Por supuesto que no. En el primer caso, aquel egresado de educación habrá ocupado un tercio dentro de una promoción de aproximadamente no menos de 100 estudiantes. En el caso de un instituto o pedagógico, ese tercio superior ocupa un puesto, en proporción con el anterior, mucho más ventajoso debido a que competía contra menos estudiantes. Por otro lado, ser tercio superior en la universidad, si bien es un indicador que ayuda a calificar al profesional de su materia, no debe ser el único filtro para excluirlo. ¿Se imaginan que para obtener un trabajo se pusiera como requisito haber obtenido los primeros puestos en el examen de admisión a la universidad? ¿Cuántos casos existen de primeros puestos que abandonaron o cambiaron de carrera? Seguramente quien lea este artículo recordará al compañero (cuando no tal vez a sí mismo) que no fue un brillante alumno en la secundaria pero que en la universidad logró ocupar los primeros puestos. Sucede algo similar respecto al tercio superior ¿Cuántos ejemplos tenemos de profesionales que en el pregrado no alcanzaron notas sobresalientes pero luego destacaron notablemente cuando ejercieron la profesión? Y es que existen otros aspectos que deberían ser evaluados como los años de experiencia, capacitación permanente (cursos, diplomados, maestrías, etc.), publicaciones, innovación pedagógica, participación en seminarios y desempeño laboral por mencionar algunos.
A partir de mi propia experiencia he comprobado que las notas son referenciales y que su importancia debe ser refrendada por otros criterios que permitan obtener una evaluación integral de las capacidades del maestro. Cuando ingresé a la universidad el primer año éramos 110 alumnos en un aula. Cinco años después, en el último ciclo oficialmente éramos 8 alumnos. Recuerdo que dos compañeras que ocuparon los primeros puestos durante los cinco años se graduaron tres años después de egresadas mientras que los nunca fuimos del tercio, lo hicimos en año y medio. El criterio que considero fundamental para evaluar a un profesor es su desempeño en el aula, es decir, en la puesta en escena de sus estrategias y habilidades para transmitir conocimientos a sus alumnos. Ocupar un primer puesto en la universidad es un indicador válido para comprobar el dominio de conocimiento pero no necesariamente demuestra si se sabe transmitirlos.
Agrego a este punto el problema de la corrupción imperante. ¿Basta con acreditar el documento que pruebe el tercio superior? De hecho, muchos institutos y pedagógicos que otorgaron esos documentos ya desaparecieron ¿cómo verificar la calidad de ese docente? ¿solo en función de sus notas? También no faltaran aquellos que recurran a la falsificación de las mismas. En el jirón Azángaro deben estar frotándose las manos.
El maestro que a pesar de sus escasos recursos ha invertido en su capacitación pero que no es tercio superior por diversas circunstancias, rechaza comprensiblemente esta norma. Distinto sería si, como lo ha precisado Yehude Simón, presidente de la Región Lambayeque, a los postulantes que obtuvieron el tercio superior se les bonificara con un puntaje, medida razonable que estoy seguro gran parte del magisterio estaría dispuesta a aceptar. Por otro lado, la propuesta de la Región Moquegua que otorga a los profesores una bonificación en el puntaje solo por haber nacido en la región es censurable desde todo punto de vista porque no considera en absoluto las capacidades del postulante sino tan solo un hecho contingente como el lugar de nacimiento.
El desenlace de esta historia se veía venir. El gobierno cedió ante la presión de los gobiernos regionales le dio trámite ligero a este asunto, según mi análisis, ante la violencia del paro agrario y por el inicio de las primeras rondas ejecutivas de APEC. Ambos temas exigían una solución inmediata al problema del tercio superior, por ello, me da la impresión de que, finalmente, más que ser convencidos por los argumentos en contra, el Ejecutivo retrocedió en la aplicación de la referida norma para no complicar más el panorama futuro.
Nuevamente, el gobierno hace un papelón por no discutir la norma con las regiones, a las cuales se les ha delegado ciertas funciones para la organización del concurso para el nombramiento, y terminó enmendando la plana al ministro Chang, quien en un mismo día aseguró que la norma no cambiaría en nada y luego firmó el acta en la que acuerda la modificación del decreto 004 sobre el tercio superior. Conclusión: postularán el 9 de marzo todos los profesores que cumplan con los requisitos de la normativa tengan o no el tercio superior y accederán a un puesto aquellos que obtengan una nota no menor a catorce.
Y por último, lo expuesto por Rosa María Palacios acerca del rendimiento académico del actual ministro de educación nos sorprende a todos. ¡Nuestro ministro se hizo el tercio! ¿Seguirá Chang en carrera? Tal parece, su intransigencia le pasará factura.
Desde que José Antonio Chang asumiera las riendas del Ministerio de Educación, las relaciones entre el Ejecutivo y los maestros se han vuelto tensas y carentes de todo intento de diálogo abierto que conduzca al objetivo mayor: mejorar la calidad de nuestra educación. Más bien, hemos sido testigos de ataques frontales desde el Ejecutivo, sobre todo desde el presidente García y del primer ministro Jorge Del Castillo. Un ejemplo de esto ocurrió cuando en una localidad del interior del país, el presidente aprovechó la oportunidad para calificar de “comechados y sinvergüenzas” a los profesores que rechazaban someterse a evaluaciones. Si en décadas pasadas, la opinión pública apoyaba a los maestros en sus luchas sindicales hoy ya no es igual. Y es que parece que la estrategia del actual gobierno es enfrentar a la ciudadanía contra los maestros endigándoles la total responsabilidad por la crisis de nuestra educación. El mensaje que llega a la gente es que todos los maestros que trabajan en la educación pública son incapaces y que se oponen a capacitarse, lo cual no corresponde exactamente a la verdad. Si el plan era desarticular al nefasto SUTEP lo que han logrado es fortalecerlo puesto que con las declaraciones del presidente y del ministro de educación todos los maestros, incluso aquellos que cuestionan a la dirigencia del gremio, lo avalen obedeciendo a un justificable espíritu de cuerpo. Tales adjetivos no diferencian entre radicales y progresistas sino que meten en un mismo saco al maestro que, efectivamente, no tiene el mínimo interés por capacitarse, como al que cada año debe agenciárselas para renovar un contrato que lo mantenga en actividad, recurriendo a veces a la coima para no perder su puesto de trabajo.No son los maestros los únicos responsables de la crisis de nuestra educación. El Estado que permitió la proliferación de institutos, pedagógicos y universidades con enormes deficiencias en infraestructura y plana docente; que les otorgó el título profesional e incorporó al magisterio solo por pertenecer al partido de gobierno (lo que sucedió en el primer gobierno aprista); que no remueve de sus cargos a los funcionarios que lucran con los contratos y nombramientos cada vez que hay concursos, es el mismo Estado que hoy levanta el dedo acusador y denigra al maestro que es producto de una histórica desatención por el tema educacional. En ninguna de las intervenciones de los mencionados representantes del Ejecutivo ha existido un “mea culpa” por la responsabilidad del Estado en la crisis de la educación.
En las últimas semanas, se viene discutiendo la norma que regula los nombramientos para los profesores del Estado, la cual estipula como requisito que solo podrán postular aquellos que hayan ocupado el tercio superior durante el pregrado. Bajo el argumento de la calidad, la eficiencia y la meritocracia, se afirma que los más capacitados son los que deben enseñar (frente a lo cual, obviamente todos estamos de acuerdo) y los que se oponen son lo que tienen miedo de aceptar su incapacidad. Esta afirmación analizada fuera del contexto de nuestra educación carece de validez porque no considera la variable que mencioné líneas arriba: ¿quién instruyó, tituló y contrató a estos maestros? Hay enunciados que pueden ser verdaderos en lo que afirman pero falsos en lo que niegan. Cierto e irrefutable es que los más capacitados deben enseñar, pero también es cierto que discriminar en función a un solo criterio como es el del tercio superior no nos garantiza la excelencia educativa porque hay tercios y tercios.
¿Vale igual un tercio superior obtenido a lo largo de cinco años de estudios en una universidad como San Marcos frente a tres años de un instituto seguidos de dos años de complementación a distancia? Por supuesto que no. En el primer caso, aquel egresado de educación habrá ocupado un tercio dentro de una promoción de aproximadamente no menos de 100 estudiantes. En el caso de un instituto o pedagógico, ese tercio superior ocupa un puesto, en proporción con el anterior, mucho más ventajoso debido a que competía contra menos estudiantes. Por otro lado, ser tercio superior en la universidad, si bien es un indicador que ayuda a calificar al profesional de su materia, no debe ser el único filtro para excluirlo. ¿Se imaginan que para obtener un trabajo se pusiera como requisito haber obtenido los primeros puestos en el examen de admisión a la universidad? ¿Cuántos casos existen de primeros puestos que abandonaron o cambiaron de carrera? Seguramente quien lea este artículo recordará al compañero (cuando no tal vez a sí mismo) que no fue un brillante alumno en la secundaria pero que en la universidad logró ocupar los primeros puestos. Sucede algo similar respecto al tercio superior ¿Cuántos ejemplos tenemos de profesionales que en el pregrado no alcanzaron notas sobresalientes pero luego destacaron notablemente cuando ejercieron la profesión? Y es que existen otros aspectos que deberían ser evaluados como los años de experiencia, capacitación permanente (cursos, diplomados, maestrías, etc.), publicaciones, innovación pedagógica, participación en seminarios y desempeño laboral por mencionar algunos.
A partir de mi propia experiencia he comprobado que las notas son referenciales y que su importancia debe ser refrendada por otros criterios que permitan obtener una evaluación integral de las capacidades del maestro. Cuando ingresé a la universidad el primer año éramos 110 alumnos en un aula. Cinco años después, en el último ciclo oficialmente éramos 8 alumnos. Recuerdo que dos compañeras que ocuparon los primeros puestos durante los cinco años se graduaron tres años después de egresadas mientras que los nunca fuimos del tercio, lo hicimos en año y medio. El criterio que considero fundamental para evaluar a un profesor es su desempeño en el aula, es decir, en la puesta en escena de sus estrategias y habilidades para transmitir conocimientos a sus alumnos. Ocupar un primer puesto en la universidad es un indicador válido para comprobar el dominio de conocimiento pero no necesariamente demuestra si se sabe transmitirlos.
Agrego a este punto el problema de la corrupción imperante. ¿Basta con acreditar el documento que pruebe el tercio superior? De hecho, muchos institutos y pedagógicos que otorgaron esos documentos ya desaparecieron ¿cómo verificar la calidad de ese docente? ¿solo en función de sus notas? También no faltaran aquellos que recurran a la falsificación de las mismas. En el jirón Azángaro deben estar frotándose las manos.
El maestro que a pesar de sus escasos recursos ha invertido en su capacitación pero que no es tercio superior por diversas circunstancias, rechaza comprensiblemente esta norma. Distinto sería si, como lo ha precisado Yehude Simón, presidente de la Región Lambayeque, a los postulantes que obtuvieron el tercio superior se les bonificara con un puntaje, medida razonable que estoy seguro gran parte del magisterio estaría dispuesta a aceptar. Por otro lado, la propuesta de la Región Moquegua que otorga a los profesores una bonificación en el puntaje solo por haber nacido en la región es censurable desde todo punto de vista porque no considera en absoluto las capacidades del postulante sino tan solo un hecho contingente como el lugar de nacimiento.
El desenlace de esta historia se veía venir. El gobierno cedió ante la presión de los gobiernos regionales le dio trámite ligero a este asunto, según mi análisis, ante la violencia del paro agrario y por el inicio de las primeras rondas ejecutivas de APEC. Ambos temas exigían una solución inmediata al problema del tercio superior, por ello, me da la impresión de que, finalmente, más que ser convencidos por los argumentos en contra, el Ejecutivo retrocedió en la aplicación de la referida norma para no complicar más el panorama futuro.
Nuevamente, el gobierno hace un papelón por no discutir la norma con las regiones, a las cuales se les ha delegado ciertas funciones para la organización del concurso para el nombramiento, y terminó enmendando la plana al ministro Chang, quien en un mismo día aseguró que la norma no cambiaría en nada y luego firmó el acta en la que acuerda la modificación del decreto 004 sobre el tercio superior. Conclusión: postularán el 9 de marzo todos los profesores que cumplan con los requisitos de la normativa tengan o no el tercio superior y accederán a un puesto aquellos que obtengan una nota no menor a catorce.
Y por último, lo expuesto por Rosa María Palacios acerca del rendimiento académico del actual ministro de educación nos sorprende a todos. ¡Nuestro ministro se hizo el tercio! ¿Seguirá Chang en carrera? Tal parece, su intransigencia le pasará factura.
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