El entusiasmo militarista de Ricardo Milla

Arturo Caballero

El último fin de semana, en el suplemento Domingo de La República, Ángel Páez publicó un artículo muy revelador acerca de Alfredo Ignacio Astiz, capitán de fragata en retiro de la armada argentina, quien actualmente enfrenta un proceso por violación de los derechos humanos durante los años de la dictadura. En el referido artículo, menciona que Astiz, con el expreso objetivo de mortificar a los familiares de las víctimas en el tribunal, exhibió el libro Volver a matar, cuyo autor es el ex jefe de la SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado), Juan Bautista Yofre. Mientras Astiz exhibía el libro en el tribunal proclamaba estar orgulloso de lo que había hecho y que estaba dispuesto a volver a hacerlo.


Alfredo Ignacio Astiz

El fin de semana también leí una noticia, rebotada en el blog de Ricardo Milla, que da cuenta de la negativa de las Fuerzas Armadas del Brasil a aceptar ser investigadas por una comisión de la verdad. La noticia menciona que el Ministro de Defensa y los máximos comandantes de las Fuerzas Armadas de ese país renunciaron en cuanto se conoció el decreto que crea una comisión de la verdad que tendrá como objetivo investigar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas durante la dictadura militar (1964-1985). Esta reacción de los militares brasileños ante la posibilidad de ser investigados es celebrada por Ricardo Milla con mucha admiración y, a la vez, lamenta que en el Perú nuestros militares no hayan hecho lo mismo, es decir, renunciar a sus cargos cuando se formó la CVR. En conclusión, y aunque no lo mencione explícitamente, porque solo comenta muy brevemente la noticia ("Me pareció interesante. Los militares de Brasil son un ejemplo. Los nuestros... bueno...") su admiración a la actitud de los altos mandos militares del Brasil entraña la defensa de la impunidad de los crímenes cometidos por militares. De ahí es que considero, en todo sentido, no solo lamentables, sino agraviantes las insinuaciones vertidas por Milla en su post y en algunos de sus posteriores comentarios sobre el mismo.

Porque no es posible estar a favor de la justicia y el Estado de Derecho -que implica reconocer que existe un sistema jurídico ante el que cualquier ciudadano es tratado con igualdad y que todas las instituciones del Estado y el Estado mismo quedan subordinadas al orden jurídico-, y a la vez, celebrar que los militares de un país hagan espíritu de cuerpo para no ser investigados y rechazar un decreto que está amparado en la fuerza de la legalidad y de los principios: exigir justicia y sanción ejemplar a criminales.

Por ello, Milla se contradice cuando afirma que "...si han habido crímenes de parte de un agente del Estado o de algún civil o de algún agente del orden, debe ser investigado. No he negado ello en ningún momento". Sí lo niega. ¿Qué significa entonces, si no, admirar que los mandos superiores de las FFAA de Brasil rechacen una investigación? Significa negar la posibilidad esclarecer la verdad, porque se impide que el Estado se redima con la nación por las tropelías cometidas por un gobierno dictatorial e impide que la sociedad civil, los deudos y la ciudadanía sepan qué ocurrió; significa avalar la impunidad de criminales que encuentran en su institución un manto protector; significa prolongar el sufrimiento de los deudos que solo desean hacer justicia porque no podrán ver sentenciados a los culpables. ¿Acaso Milla ignora que los militares en el Perú no quieren ser investigados? ¿No se da cuenta de la gravedad de celebrar la actitud de las FFAA del Brasil y lamentar que no fuera igual en el Perú? Por lo que hasta ahora ha manifestado, me queda claro que Milla no pensó en las implicancias de su entusiasmo militarista.

A Milla le parece mejor que en lugar de una CV que investigue a las FFAA, sean ellas mismas quienes se autoinvestiguen. "Me parece que ellos saben a quienes deben condenar, investigar y sancionar. Además, el Estado también puede intervenir. Pero de ahí a que se haga una CV para "aclara" (sic) los hechos me parece una intromisión que lo único que traerá será corrupción, como en el caso de nuetsro (sic) país en que se han hechos un sin fin de juicios, muchos por interesés y por venganza de un grupo de personas que parecen desear la erradicación de las FF.AA". Milla parece ignorar que las CV se forman por mandato de los Estados y fue Estado Peruano quien dispuso la formación de la CVR el 2001; en consecuencia, mientras duró fue una institución del Estado. El problema son los intereses del gobierno que tiene a cargo su administración del Estado, ya que quienes asumen el poder no distinguen entre Gobierno y Estado. Mencionó que el Estado también puede intervenir. En este punto vuelvo a lo anterior: ¿acaso las diversas CV que han existido en el mundo no se formaron por mandato expreso de los Estados? ¿No fue así en el Perú? En un país como el nuestro donde, como dije, Gobierno y Estado son entidades que los gobernantes y el oficialismo no distinguen muy bien no tenemos la garantía que una intervención directa del Estado sin instituciones intermediarias, logre los resultados previstos. Además, es propio de un Estado de Derecho -a no ser que Milla desee otro tipo de régimen- que los poderes del Estado sean autónomos, lo mismo que sus instituciones. El actual gobierno aprista, en alianza con el fujimorismo y la derecha, ha hecho todo lo posible por entorpecer las investigaciones que permitirían saber qué militares cometieron crímenes y a la postre, sentenciarlos. Lo hizo Flórez-Aráoz durante su cargo como Ministro de Defensa: rechazó todas peticiones del Poder Judicial aduciendo que no poseen archivos de identidad, lo cual es inconcebible. En razón de ello ¿es posible creer que este gobierno hará algo en lo que le queda en el poder por revertir esa situación? Las evidencias hasta ahora demuestran lo contrario.

Si bien las FFAA en el Perú no recibieron de buen grado la conformación de la CVR ni el IF CVR, no les quedó otra opción que aceptarla, aunque fuera a regañadientes, puesto que la institución quedó enormemente desprestiada por su participación durante el fujimorato, lo que es de lamentar, puesto que, de hecho, muchos oficiales honorables se vieron perjudicados porque no se alinearon con la corrupción. Qué diferencia respecto al mea culpa que asumieron los Estados y las FFAA de otros países como El Salvador, donde el Ministro de Defensa anunció el año pasado que las Fuerzas Armadas de su país estaban dispuestas a perdir perdón por los crímenes de guerra. Este manifiesto fue ratificado por el presidente salvadoreño Mauricio Funes el reciente fin de semana. Colombia, hizo lo propio ante las Naciones Unidas; durante dicha ceremonia, el vicepresidente calificó de "crimen inexcusable" las muertes de civiles y las ejecuciones extrajudiciales a mano de las FFAA y no las matizó como simples excesos. En Paraguay, el presidente Lugo también pidió perdón a las víctimas del dictador Alfredo Stroessner. A nuestro presidente le haría muy bien tomar en cuenta estos ejemplos circundantes y extender la petición de perdón no solo a la comunidad afroperuana, sino también a las víctimas civiles de las Fuerzas Armadas. (A pesar que Toledo lo hiciera cuando recibió el IF CVR, viniendo de García, en cuyo gobierno se incrementó la barbarie terrorista y siendo el único ex presidente que puede dar un testimonio de parte, sería notablemente representativo que pidiera perdón y demandara a las FFAA que también lo hagan, pero ello, soy conciente, es pedir demasiado. Sin embargo el general (r) Roberto Chiabra representa una honorable excepción: considera que ninguna institución del Estado se libra de no pedir perdón a la nación por lo sucedido entre 1980-2000 y que lo hagan en el marco de las recomendaciones de la CVR).

Una observación importante a los comentarios de Milla, que también son comunes en quienes defienden el accionar de las FFAA, es que califica de "excesos" los crímenes cometidos por los militares o agentes del orden. "En el caso de Perú hubo algunos excesos que no superan el 0,6% total de las muertes que se tienen registradas". Un exceso es el resultado imprevisto de una acción que tenía un objetivo diferente, también puede referirse a abusos, delitos o crímenes. Para que puede servir como atenuante de un resultado grave tendría que poseer la cualidad de ser ocasional. Si el exceso deviene perjudicial, es comprensible que el responsable del mismo lamente ese resultado imprevisto, sobre todo si este "exceso" es constante. Sin embargo, lo que Milla califica como exceso posee un patrón que caracteriza los testimonios de aquellos que fueron torturados por miembros de las FFAA, el cual se repite en los lugares donde hubo más violencia. La acumulación periódica de "excesos" sobrepasa dicha calificación porque ofrece indicios de que existe un procedimiento que en lugares distintos también se aplica. (Un dato que puede explicar dicho patrón es que muchos oficiales de mediano y alto rango fueron entrenados en tales prácticas en la Escuela de las Américas en Panamá. Ello se corrobora también con lo sucedido en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, El Salvador, etc., donde hubo prácticas similares).

Asimismo, tengo la impresión que Milla aporta el dato porcentual de víctimas con la finalidad de atenuar la responsabilidad de los militares que cometieron crímenes. Esto merece una aclaración porque muchas veces la objetividad estadística suele maquillar propósitos. Prefiero el análisis concreto en función al número de víctimas, ya que, en casos de crímenes, los porcentajes son anecdóticos y abstractos: se pierde la individualidad y visión de conjunto. No obstante, los muertos son más que víctimas: solo en Putis fueron aproximadamente 120 pobladores asesinados por el ejército; la Defensoría del Pueblo entre 1980 y 1996 ha comprobado la desaparición forzada de 7,382 personas y 514 ejecuciones extrajudiciales. Lo informó 7 años antes de la conformación de la CVR.

De otro lado, Milla también expresa su preocupación por el sesgo ideológico que existe detrás del discurso de los derechos humanos y considera que ese es el verdadero problema: "El gran problema está en las ideologías que se disfrazan en estas Comisiones de la Verdad. La pretensión es que por medios de una serie de investigaciones, parciales y guiadas por una ideología de fondo, para que, inculpando a agentes del orden y del Estado, se pueda beneficiar sus ideologías e intereses propios". Este argumento del sesgo ideológico -más adelante puntualiza que es el liberalismo de izquierdas- me recuerda a los avisos que suele haber en algunas bodegas: "Hoy no fío, mañana sí". De esta manera, el infeliz que deseara un crédito se encontrará con una postergación eterna que terminará con desanimarlo porque siempre habrá un mañana. Aquí la pregunta es ¿cuál es el mejor momento o la ideología más adecuada para iniciar las investigaciones sobre los crímenes de las FFAA? ¿Y cuándo estaremos listos para enfrentar la verdad de lo sucedido? ¿Hasta cuándo habrá que esperar para mostrarle a las generaciones posteriores que el Estado y la sociedad fueron corresponsables por acción u omisión de la violencia armada?

Las ideologías siempre van a estar presentes, pero como decía Wilde, "no hay que perder de vista la Luna mirando el dedo que la señala". Cierto es que hay oportunismo y deseos de indisponer a toda la FFAA de parte de quienes aprovechando las circunstancias actuales, lucen con rostro democrático, a pesar de que en el pasado quisieron demoler la democracia a sangre y fuego, pero este no es el caso de los comisionados de la CVR, ya que el IF reconoce el esfuerzo de las FFAA y señala que sin ellas no hubiera sido posible vencer al terrorismo. Si nos quedamos paralizados por temor a que un grupo ideologizado de izquierda radical se apropie de la memoria ¿hasta cuando esperaremos la ideologia adecuada para iniciar nuestra revisión histórica? ¿existe alguna ideología adecuada? ¿cuándo será el momento adecuado? ¿cuando los responsables ya no puedan ser sentenciados? Actuar por principios y anteponerlos a lo ideológico sí es una actitud loable: no lo es estar paralizado ante un problema y no distinguir entre lo que es de justicia y las ansias de los oportunistas.

La indolencia de Astiz frente a los deudos de las víctimas, de cuya muerte él responsable y cuya memoria pisotea frente a los familiares, es agraviante para todos los que perdieron a alguien a manos de quienes debían protegerlos de la violencia terrorista. Pedirle a alguien como Astiz que se arrepienta es una pérdida de tiempo. Sin embargo, espero equivocarme respecto a las aventuradas opiniones de Milla, porque, de lo contrario, su admiración por la actitud de las FFAA del Brasil bien podrían confundirse con la indolencia insolente y agraviante de Alfredo Ignacio Astiz, un entusiasta militar que volvería a asesinar sin remordimiento.