martes, julio 08, 2008

El Ejecutivo al borde de un ataque de nervios

Arturo Caballero

El paro nacional convocado para el 9 de julio viene generando en el oficialismo una paranoia no antes vista. Que Antero Florez-Aráoz sea ministro de Defensa y que Alva Castro continúe en Interior pese a su ineptitud solo nos confirma que el APRA del siglo XXI no solo ha cambiado sus paradigmas económicos sino también los políticos y sociales. Durante las movilizaciones contra el gobierno de Toledo por el Arequipazo del 2002, Alan García fustigó duramente al gobierno por la represión policial en el sur, además de conminar al gobierno a formar una comisión multipartidaria para negociar con los frentes regionales, en vez una comisión de alto nivel conformada por ministros de Estado. Tampoco debemos olvidar que en La Casa del Pueblo, se brindó posada a los manifestantes de la CGTP entre ellos a Mario Huamán. García y Del Castillo, frecuentaban las manifestaciones abrazados con el SUTEP y CGTP.

La psicosis del oficialismo alcanza cada día niveles insólitos. ¿Es que acaso temen un desborde popular como el "Moqueguazo"? Esta paranoia gubernamental no tiene fundamento: si bien existe una gran inconformidad en el interior del país, bloquear todos los accesos a Lima en las actuales circunstancias es poco probable debido a que, por un lado, los transportistas no acatarán el paro. Esto causará un gran impacto mediático, puesto que la población en su conjunto, y los trabajadores en general, acudirán a trabajar con cierta normalidad. Esta movilización ni remotamente se asemejará a la Marcha de los Cuatro Suyos. Ni en los peores momentos de la dictadura fujimorista de movilizó a las FFAA.

Lo que creo es que los sucesos de Moquegua han dejado una herida psicológica muy fuerte en el Ejecutivo y tal parece que no quieren exponerse a una nueva humillación: una cosa en Moquegua y otra muy diferente sería en los contornos de Lima. De todos modos, convocar a las Fuerzas Armadas aunque fuera para resguardar las instalaciones públicas, puede interpretarse, como bien apunta Jose Alejandro Godoy, como una señal indirecta de la incapacidad del ministro del Interior para controlar el orden. Si Alva Castro no se da por aludido debe tener la espalda mojada: todo le resbala.

Los discursos en juego están claros: el gobierno insistirá en exhibir el crecimiento económico y en descalificar a los sindicatos. Por su parte, estos continuarán por el peor camino alimentando lo que justamente desea el gobierno: tener la excusa necesaria para justificar acciones represivas.
Pronostico un paro deslucido, sin embargo, si las FFAA intervienen en la represión ello podría encender la chispa que precisamente el gobierno quiere apagar. García debería recordar lo de Ecuador y Bolivia hace algunos años. No vaya a terminar como Sánchez de Lozada, Lucio Gutiérrez o Fernando de La Rúa.

Ley, desacato y reforma:


Las dimensiones políticas de la desobediencia civil
[fragmento]

Por Alessandro Caviglia Marconi
ascaviglia@yahoo.com




1.- El concepto de desobediencia civil.

El término “desobediencia civil” es usado comúnmente para referir indiscriminadamente un conjunto de fenómenos políticos y jurídicos de naturaleza sumamente diversa. Ese uso común es problemático porque incurre en una serie de malentendidos que traen consigo confusiones que es necesario despejar. En determinados casos, algunos poderes de Estado –especialmente judiciales- de diferentes países han interpretado ciertos actos como casos de desobediencia civil y los han procesado de un modo erróneo lo cual ha derivado en planteamientos políticos confusos y peligrosos. Es por ello necesario proceder al esclarecimiento del término. Dicha dilucidación no puede proceder –como muchos abogados y juristas creen- contraponiendo casos y tratando de extraer los conceptos pertinentes a partir de estos. Ese procedimiento no permite extraer los principios adecuadamente. La manera de hacerlo es realizando una reflexión crítico-filosófica que permita pulir los conceptos pertinentes de manera racional.

A fin de realizar esta aclaración en torno al concepto de “desobediencia civil”, exploraremos una serie de fenómenos con los que ha sido confundido para, inmediatamente después, presentar un cierta determinación del mismo.

1.1.- La sedición

Por desobediencia civil no debe entenderse toda forma de desacato a la ley. Una forma de desacato que es necesario distinguir de la desobediencia civil la constituye la sedición contra el gobierno o contra el Estado. Es posible encontrar en el pensamiento político de Thomas Hobbes algunos elementos para la elaboración de una teoría de la sedición, claro está, de manera matizada y diluida hasta el punto que parece no haber un derecho a la sedición propiamente dicha. Dichos elementos germinales se encuentran en el texto del Leviatán, donde se dice:

La obligación de los súbditos con respecto al soberano se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos. En efecto, el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí mismos, cuando ninguno puede protegerlos, no puede ser renunciado por ningún pacto[2]

Queda claro en este pasaje cómo la obligación política y jurídica de los ciudadanos al estado soberano tiene sus límites en la capacidad que éste tenga para garantizarles protección. Sin embargo, fuera de ese caso específico, en la teoría política y jurídica hobbesiana se puede observar resistencia a otorgar a los ciudadanos el derecho a la sedición[3].

A diferencia de Hobbes, John Locke nos va a ofrecer una resuelta teoría respecto de la legitimidad de sedición. En el segundo tratado sobre el gobierno civil, plantea la posibilidad del desacato a las leyes del Estado cuando estas representan la tiranización sobre la ciudadanía. Locke lo expresa en los siguiente términos:

La tiranía es un poder que viola lo que es de derecho; y un poder así nadie puede tenerlo legalmente. Y consiste en hacer uso del poder que se tiene, mas no para el bien de quienes están bajo ese poder, sino para propia ventaja de quien lo ostenta.

Y continúa afirmando:

Así ocurre cuando el que le gobierna, por mucho derecho que tenga al cargo, no se guía por la ley, sino por su voluntad propia; y sus mandatos y acciones no están dirigidos a la conservación de la propiedad de su pueblo, sino a satisfacer su propia ambición, venganza, avaricia o alguna otra pasión irregular.[4]

En la concepción de Locke encontramos que, frente a las pretensiones tiranizantes por parte de quien detenta el poder político, los ciudadanos cuentan con el derecho de resistir, puesto que semejante actitud despoja de legitimidad a las autoridades. Así Locke señala que:

Cualquiera que, en una posición de autoridad, exceda el poder que le ha dado la ley y usa esa fuerza que tiene bajo su mando para imponer sobre los súbditos cosas que la ley no permite cesa en ese momento de ser un magistrado, y, al estar actuando sin autoridad, puede hacérsele frente igual que a cualquier hombre que por la fuerza invade los derechos de otro... [Así,] quien tiene autoridad para apoderarse en la calle de mi persona puede ser resistido, igual que se resiste a un ladrón, si pretende entrar en mi casa para efectuar el arresto a domicilio; y podré yo resistirle, aunque él traiga una orden de detención que le autoriza legalmente a arrestarme fuera de mi casa[5].

En estos pasajes de Locke, no se expresa abiertamente la posibilidad de la sedición tanto como la posibilidad de ofrecer resistencia a una autoridad que actúa tiránicamente, invadiendo esferas que le están vedadas por la naturaleza de su cargo. Sin embargo, es posible encontrar aquí indicios claros de una teoría de la sedición.

Ciertamente, en otros autores clásicos y modernos podríamos encontrar algunos gérmenes o esbozos de un teoría de la sedición[6], pero basta con estas piezas famosas de la literatura filosófica para caracterizarla y poder distinguir, en contraposición, algunos rasgos de la desobediencia civil. En el caso de la sedición, puesto que la justificación del Estado es a) evitar la muerte violenta de los individuos, b) garantizar la paz en la sociedad y c) resguardar los derechos legítimos de las personas -en caso de que éste no cumpla con tales exigencias, va perdiendo paulatinamente legitimidad- ciertamente, la falta frente a cada una de estas exigencias no acarrea las mismas consecuencias políticas. La falta contra b) puede no tener las mismas consecuencias políticas como la falta contra a) o c), dependiendo del grado de intensidad del conflicto que el Estado no esté en condiciones de evitar, controlar o contener. En este sentido, la guerra civil en la que el Estado parece ser inexistente pone en entredicho su legitimidad política. Por otra parte, el hecho que el Estado no esté en condiciones de resguardar los derechos de los ciudadanos pone en entredicho su legitimidad dependiendo si los derechos vulnerados son fundamentales o si es el mismo Estado el que vulnera tales derechos. Pero en caso en el que la pérdida de apoyo político de los ciudadanos al Estado resulta inevitable y plenamente justificado ocurre cuando el Estado atenta contra la vida de las personas.

En todos los casos en que los ciudadanos tienen justificaciones suficientes para retirar al gobierno o al Estado el apoyo político necesario, les sería permitido remover el gobierno y cambiar, parcial o totalmente, de sistema político por medio de acciones violentas. Pero, aunque se trata de acciones llevadas a cabo por principios políticos fundamentales, es decir, morales, (la supervivencias de las personas y el resguardo de sus derechos fundamentales) no se trata de casos de desobediencia civil. Aquí las acciones llevadas a cabo son de carácter violento, en cambio en el caso de la desobediencia civil no es permisible el uso de la violencia. En la sedición o insurrección moralmente motivada y justificada, los subversivos consideran que el Estado ha perdido plenamente el derecho a su apoyo político, de modo que si la insurrección fracasa los implicados en ésta no se someten por sí mismos a la justicia de aquel Estado que consideran ilegitimo, sino que se les obliga a ello por medio de la fuerza pública que el Estado controla. La desobediencia civil, en cambio, supone que los ciudadanos que desacatan la ley por una cuestión de conciencia están dispuestos a cumplir con las penas que el Estado tiene previstas para ellos.
[...]

1.3.- El derecho de insurgencia[10].

Una figura política que hemos de analizar antes de abordar la desobediencia civil es el derecho de insurgencia. El derecho de insurgencia consiste en el derecho que tiene la ciudadanía para derribar el gobierno vigente porque el actuar de éste no se ajusta a lo que la ley, expresada en la constitución, le exige. Aquí se opera una distinción que se presupone en todo Estado Democrático de Derecho, pero que se hace explícito aquí. Se trata de la distinción entre gobierno y Estado. El gobierno es quien detenta el poder y ocupa el poder ejecutivo, mientras que el Estado es el sistema de leyes y derechos encabezado por la Constitución. En un gobierno democrático el gobierno está obligado a regir sus acciones políticas conforme a la Constitución. De no ser ese el caso, los ciudadanos cuentan con el derecho de insurrección, por medio del cual pueden derribar el gobierno vigente para hacer prevalecer la Constitución.
El derecho a la insurrección se distingue de la sedición en que quienes lo ejercen mantienen su fidelidad a la ley y a la Constitución, mientras que el sedicioso manifiesta abiertamente su intención de subvertir no sólo el gobierno, sino también la Constitución, puesto que no la reconoce como justa. La insurrección es, pues, una acción política que se realiza en defensa de la Constitución.

1.4.-La desobediencia civil.

La objeción de conciencia que en Sócrates hemos encontrado supone que el objetor tiene motivos morales que pueden tener validez pública y, sin embargo, la ley no se deja de cumplir; en cambio en el caso del sentido más extendido de la objeción de conciencia el sujeto en cuestión presenta motivos privados (religiosos o vinculados a una visión global de la vida), mas no morales – es decir, no de justicia-, además de incurrir en una violación de las normas establecidas. La desobediencia civil se diferencia de ambos tipos de objeción en que supone una trasgresión de la ley vigente, tienen como objeto conseguir la derogación de la misma ley (u otra ley[11]) y está dispuesto a asumir las consecuencias legales que sus actos implican.



[...]

1.4.2.- Desobediencia civil en sentido estricto.

La perspectiva estricta de Rawls muestra su superioridad respecto de la versión lata ya que permite precisar de mejor modo los conceptos. En su Teoría de la justicia y en el conjunto de trabajos titulado Justicia como equidad Rawls se dedica a la desobediencia civil de manera sistemática, con el fin de ofrecernos una teoría consistente. Sus esfuerzos tienen éxito porque sus conceptos se encuentran acrisolados filosóficamente.
Rawls precisa el concepto de desobediencia civil, recurriendo a la definición otorgada por Bedau[15]. De esta manera señala en su Teoría de la Justicia que la desobediencia civil consiste en:

Un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno[16].

Rawls restringe la teoría sobre la desobediencia civil a las sociedades democráticas que contienen un sistema democrático constitucional. Aquí es necesario percibir cómo en estos sistemas jurídicos y políticos de plena legitimidad se pueden legislar leyes ilegítimas. Además se necesita precisar qué tipos de acciones son legítimas dentro del proceso mismo de la desobediencia.

Las democracias constitucionales basan su legitimidad en principios públicos de igualdad, imparcialidad y cooperación social entre ciudadanos libres e iguales, principios amparados en la constitución de democrática propia del Estado de Derecho. Estos principios de justicia modelan la producción de las leyes conforme a procedimientos establecidos y legitimados por descansar en las intuiciones de justicia en una sociedad democrático-liberal. Al interior de los mismos procedimientos de producción de normas jurídicas los pesos relativos de las mayorías y las minorías en el poder legislativo van modelando las leyes que se establecen y que resultan legítimas por el mismo procedimiento que les ha dado origen. En ese ínterin, sin embargo, es posible que las leyes jurídicas que se produzcan no respondan a las exigencias que brotan de los principios constitucionales. Dicha distancia es debida al peso que la mayoría parlamentaria ha tenido durante el proceso, de modo que las leyes, en vez de representar la igualdad jurídica de los ciudadanos, la imparcialidad de la ley y la cooperación social entre ciudadanos considerados libres e iguales, terminan arrinconando los derechos y las libertades de una minoría social.
La desobediencia civil se inscribe en este contexto. Las personas y los grupos que realizan actos de desobediencia civil perciben la distancia que existe entre los principios constitucionales y las leyes legisladas, y en señal de protesta deciden violar ciertas leyes promulgadas. Puesto que dicha distancia puede ser reconocida públicamente por los ciudadanos cuando reflexionan suficientemente, el o los disidentes se encuentran en condiciones de ofrecer argumentaciones y justificaciones al resto de sus conciudadanos. Así, los actos de desobediencia no se fundamentan en consideraciones privadas, como cuestiones religiosas, partisanas o de intereses privados. Las razones que se esgrimen son políticas, es decir, son pertinentes para la discusión pública. Los actos y las argumentaciones que esgrime el o los desobedientes civilmente son políticas o públicas en tres sentidos. 1) Se encuentran como reclamaciones de parte de la minoría ante la mayoría política; 2) las motivaciones de las acciones y el carácter de los argumentos son públicos, es decir, tienen como contenido cuestiones de interés público y afectan las estructura básica de la sociedad. Finalmente, 3) estos actos y argumentaciones son públicas no sólo por su contenido sino por la forma en que son expresados y discutidos: los actos en cuestión no son realizados a espaldas de la esfera pública, no se trata de actos secretos y en la oscuridad, sino que son realizados a la vista de todos los ciudadanos. Los argumentos que respaldan tales actos son esgrimidos en la esfera pública y son puestos a consideración del resto de la ciudadanía.

Es necesario señalar que los actos y argumentos en la desobediencia civil son políticos pero tienen una motivación moral. Surgen desde la conciencia de individuos movidos por intuiciones de moralidad política que se encuentran en el sentido de justicia política presente en todo ciudadano razonable. Sin embargo no basta con la publicidad de los actos y las argumentaciones, sino que es necesario que los disidentes hayan intentado disuadir a la mayoría respecto a lo injusto de las leyes en cuestión. Ello supone que la injusticia producto de la ley se ha venido manteniendo en el tiempo y que los disidentes han llevado a cabo acciones dentro de los causes legales regulares con el fin de invocar el sentido de justicia de la mayoría. Además las leyes en cuestión han de significar violaciones sustanciales y claras de derechos y libertades fundamentales y a la igualdad de oportunidades consagrados en los principios de la justicia, al tiempo que es necesario restringir la desobediencia civil a casos en los que los disidentes están dispuestos a afirmar que cualquier otro ciudadano podría reaccionar de manera similar si la situación es similar.

Otra característica de la desobediencia civil entendida en sentido estricto es que las motivaciones que los disidentes tienen no se basen en el interés de parte[17], que los actos en cuestión no sean violentos y que quienes los realizan se encuentren dispuestos a someterse a las penas que acarrea la violación de las leyes positivas. Los desobedientes civilmente pueden transgredir las leyes pero en ningún caso vulnerar los derechos de los demás ciudadanos. Sus actos deben ser pacíficos y no pueden producir daños a otros. Por otro lado, ellos no pueden eludir las consecuencias legales de sus actos. Pero como dichos actos tienen como objeto señalar la ilegitimidad, desde el punto de vista de la moralidad política, de ciertas leyes, éstos tienen como objetivo llamar a reflexión a la mayoría parlamentaria a fin de que se corrijan dichas leyes. En el caso que la mayoría desoiga tales llamados la desobediencia puede reiterarse o puede pasarse a figuras violentas de resistencia a las leyes injustas. Esto último ya abandona el campo de la desobediencia civil.

La desobediencia civil tomada en su sentido estricto supone el compromiso del disidente con la constitución y los principios de justicia que la inspiran. Es por ello que sus actos se distinguen radicalmente del militante sedicioso. Las acciones del disidente son no violentas y muestran un desacuerdo moral sincero ante la ley, sinceridad que se expresa a través de la aceptación de las consecuencias legales de sus actos[18]. El militante sedicioso, por su parte, no se encuentra comprometido ni con la constitución ni con los principios de justicia presentes en ella; él, más bien, actúa con el propósito de subvertir la concepción de la justicia imperante, motivado por una concepción de lo justo distinta. Por ello entiende que el uso de la fuerza es legítimo y no se encuentra dispuesto a acatar, de buen grado, las consecuencias legales de sus actos, puesto que considera que las penas no tienen una base de justicia adecuada.

Entendida en un sentido estricto, la desobediencia civil se acerca a dos figuras constitucionales propias del Estado democrático de derecho: el control difuso de la constitución y el control concentrado (o abstracto) de la misma. Si en el caso de la desobediencia civil son los ciudadanos quienes señalan que una norma específica no es consistente con los principios democrático-liberales, en los caso del control difuso y concentrado de la constitución sucede también una demanda respecto de una norma vigente. Para el caso del control difuso, el que demanda la norma no es un ciudadano cualquiera, sino un juez, quien –en vista de la distancia que ésta guarda con los principios democráticos- decide declarar su inaplicabilidad para un caso concreto. De esta manera, hace valer los derechos fundamentales frente a cualquier otra norma dada por la posición éstos tienen en la constitución. La norma en cuestión no resulta derogada, sino simplemente se declara su inaplicabilidad al caso en cuestión. En el caso del control concentrado o abstracto de la constitución ya no se trata de un juez sino del tribunal constitucional, quien deroga la norma en cuestión[19].

[...]

lunes, julio 07, 2008

REPENSANDO LA REBELIÓN DE LOS PASQUINES


Víctor Condori
Licenciado en Historia



Durante el lejano periodo colonial, Arequipa la Ciudad Blanca, supo cosechar orgullosa títulos y reconocimientos reales muy importantes; fue la “Muy noble y muy leal” y también la “Fidelísima”. Sin embargo, al llegar los nuevos tiempos republicanos sufrió una transformación, casi una mutación, cambiando los escudos y blasones por las armas y revoluciones. Arequipa se convirtió en una ciudad rebelde, en el “León del sur”, la “ciudad caudillo”, en la ciudad “más representativa de la República”, como la llamó el maestro Jorge Basadre.

El objetivo del presente ensayo es revisar, a través de diferentes estudios, los factores que llevaron a una ciudad colonial con fama de “fidelista” a levantarse contra un conjunto de reformas introducidas por la corona española a fines del siglo XVIII y a su vez, repensar sobre la imagen tradicional que se tiene de esta revuelta urbana, vista tan solo como el rechazo de una élite egoísta, encubierta por una plebe manipulada y ajena a cualquier tipo de interés. Cuestionando, finalmente, el carácter prerrevolucionario y precursor de la misma.

AREQUIPA REVOLUCIONARIA

Son todavía legendarias las revoluciones arequipeñas, pese al silencio oficial , y aunque la mayor parte de estas tuvieron como escenario el periodo republicano, la primera de ellas, la que inició esta saga, se produjo en las postrimerías del periodo colonial, diez meses antes del mayor levantamiento indígena del siglo XVIII: la rebelión de Túpac Amaru.

Sucedió en enero de 1780, en ella participaron todos los sectores de la sociedad arequipeña y fue denominada por el desaparecido historiador Guillermo Galdos Rodríguez como “La Rebelión de los Pasquines”, pues se llama pasquines a los escritos anónimos que se colocan en lugares públicos y que contienen expresiones satíricas o de amenaza contra el gobierno o autoridades locales. Precisamente, fue de este modo como se inició la citada rebelión, cuando en la madrugada del sábado 1º de enero de 1780, apareció un pasquín pegado en la puerta de la iglesia catedral, que decía:

“Quito y Cochabamba se alzó
y Arequipa ¿porqué no?
la necesidad nos obliga
a quitarle al aduanero la vida
y a cuantos le den abrigo
¡Cuidado!

ANTECEDENTES DE LA REBELION

a. Las Reformas Borbónicas

A principios del siglo XVIII, ascendió al trono español una nueva dinastía o casa real: los Borbones. Junto con ellos, se introdujo en las colonias americanas un conjunto de cambios y transformaciones en todos los órdenes, que alteraron irreversiblemente la vida de una gran parte de sus habitantes. A tales innovaciones se les conoce con el nombre de Reformas Borbónicas.

En términos generales, dichas reformas buscaban modernizar el imperio español, colocarlo al mismo nivel que otras potencias europeas como Inglaterra o Francia y al mismo tiempo, hacer de Hispanoamérica una región económicamente mucho más productiva y eficiente. Particularmente, las reformas representaron un proyecto integral , pues además de la administración y economía, abarcaron aspectos tan vitales como la educación y la cultura, la higiene y la salud, la ciencia y la tecnología, los espacios públicos y la diversión, el ejército y las milicias, etc. Toda una transformación del mundo colonial americano. Sin embargo para ser llevados a cabo en su totalidad, el gobierno borbónico debía de contar con recursos económicos suficientes. Con este fin dio enorme impulso a un conjunto de medidas económicas, que posibilitasen obtener mayores ingresos y de ese modo hacer posible tales reformas.

No obstante, la mayor parte de las innovaciones borbónicas fueron introducidas de manera progresiva y con cierto respaldo de los colonos americanos, el aumento en los impuestos junto con un control más riguroso de la recaudación generaría no solo el rechazo de la población sino también, una oleada de protestas y motines urbanos en distintos puntos de América del Sur; como en Quito en 1765 y Cochabamba en 1777, y así ocurriría también en Arequipa, en enero de 1780.

b. Las Reformas Económicas en Arequipa

Las reformas fiscales borbónicas se intensificaron en las colonias americanas durante el reinado de Carlos III (1759-1788); quien determinado a ponerlas en práctica, envió al virreinato peruano en 1777 a José Antonio de Areche, con el cargo de Visitador General. Dentro de las principales medidas a implementarse estuvieron:

- El aumento del impuesto del Alcabala de 4 a 6%.
- La aplicación del nuevo impuesto de 12.5% sobre la producción de aguardiente.
- El restablecimiento del Quinto Real (20%) sobre la producción, acuñación y trabajo de los metales preciosos, y
- Una nueva reclasificación de los tributarios y su inclusión dentro de este grupo a indios forasteros, mestizos y castas.

Aunque necesarias para la corona, todas estas disposiciones habrían de comprometer sensiblemente los intereses de los diversos sectores socioeconómicos de la ciudad y sus alrededores:

El Alcabala, siendo un impuesto a la comercialización de mercancías afectaba no solo a los comerciantes locales, sino también, a los pequeños agricultores (chacareros), quienes regularmente conducían sus productos para la venta en los mercados de la ciudad. Junto con ellos, también lo sufriría el público en general, al tener que comprar dichos productos a precios más elevados.

El Nuevo Impuesto sobre el aguardiente , perjudicaba directamente a los productores y comerciantes de la región; lo cual era decir bastante, debido a que la producción de vinos y aguardientes constituía la base de la economía colonial arequipeña, además de ser la principal fuente de riqueza de las principales familias locales como los Goyeneche, Bustamante, Barreda, Gamio, Rivero, La Fuente, Bustamante, Moscoso, Tristán, Benavides, Berenguel, etc. Asimismo, dentro de la ciudad el aguardiente tuvo gran demanda en las tabernas, tiendas y chicherías. Estas últimas, consideradas por los arequipeños de la época como locales tan públicos como una plaza y precisamente a ellas concurrían desde funcionarios reales hasta humildes artesanos.

El reestablecimiento del Quinto Real , atentaba grandemente contra los intereses de mineros, comerciantes de plata y oro, al gremio de plateros de la ciudad e incluso al mismísimo clero. Esta última institución compraba objetos de oro y plata para la ornamentación y embellecimiento de sus numerosas iglesias y capillas. Asimismo, aunque poco conocido, pero no por ello menos importante fue el caso de las familias medianamente acomodadas, para quienes tales objetos metálicos representaban una forma de salvaguardar sus exiguos patrimonios, en una época sin bancos, mutuales o cajas de ahorro.

Una nueva reclasificación de tributarios, amenazaba con incluir dentro de esta “abyecta” condición a los indios forasteros y particularmente a mestizos, que representaban cerca del 20% de la población urbana de Arequipa (censo de 1796). Los mestizos eran hombres libres y tradicionalmente estuvieron exentos de toda contribución; ser incluidos para el pago de este impuesto significaría un descenso en su condición social, al mismo nivel de los indios. En este sentido, existía un temor oculto en muchos reconocidos vecinos de la ciudad, registrados frecuentemente como “españoles”, no obstante ser en realidad mestizos o como decían algunas autoridades de la época “tenían dicha marca”.

Si la introducción de las Reformas Fiscales Borbónicas amenazaba la estabilidad del conjunto de sectores socio-económicos de la ciudad. Desde los grandes hacendados y comerciantes, hasta los taberneros, panaderos, chacareros, plateros y población en general; entonces, todos “tenían algo que perder” con su introducción y sobradas razones para oponerse a ellas.

c. El establecimiento de la Aduana

A fin de realizar un cobro más estricto de los nuevos impuestos y tener un mayor control de las actividades económicas de la región, el Visitador General José Antonio de Areche anunció a su llegada, la creación de una aduana para Arequipa; la misma que debía empezar a funcionar a principios de 1780.

Una aduana era esencial para el éxito económico de la política fiscal en el Sur Andino y en Arequipa particularmente. Debido a que, desde el establecimiento del comercio libre (1778), la Ciudad Blanca recibía un mayor volumen de mercancías importadas y no solo desde la capital del virreinato como era lo habitual, sino de Buenos Aires e incluso, directamente de Europa. En razón de ello, con una aduana en la ciudad la corona ya no tendría que depender de funcionarios reales afincados en la capital del virreinato, para la recolección de impuestos sobre las mercancías importadas.

A fines de 1779, Areche nombró a Juan Bautista Pando, como administrador de la Real Aduana que se establecería en Arequipa y a Pedro de la Torre, como oficial mayor. Ambos eran limeños y sus respectivos nombramientos obedecían a la necesidad que tenía la corona de garantizar que los nuevos funcionarios no hayan tenido oportunidad de arraigarse en la región y consecuentemente, no se hubiesen creado compromisos y vínculos con la población local, que a la larga comprometerían su imparcialidad, sobre todo en el momento de aplicar las nuevas demandas económicas.
Lamentablemente para los arequipeños, la elección no pudo haber sido menos acertada. Ambos funcionarios, muy al margen de sus cualidades profesionales, carecían de la prudencia y la sensibilidad necesaria para percibir los cambios profundos que se generarían con la introducción de la aduana; y en una ciudad ya conmocionada por la aplicación de las nuevas medidas, la arrogancia y severidad de tales funcionarios produjo tantas “chispas” que una explosión social se hizo inevitable.

Antes de su ingreso a la ciudad, ya habían despertado los temores y rumores de toda la población local. En diciembre de 1779, apenas llegados a Camaná, hicieron un empadronamiento minucioso de los terrenos de cultivo e impusieron alcabalas hasta “a los alfalfares sembrados en las viñas y huertas”. Repitiendo igual comportamiento en los valles de Majes, Siguas y Vitor. Ya en la ciudad, algunos testigos informaron que Pando había públicamente presumido que en el primer año de su administración él aumentaría los ingresos reales de 80,000 a 150,000 pesos; y en el cercado valle de Tiabaya, había vuelto a alardear que dejaría a sus vecinos “en ropas interiores”.
No obstante los rumores y temores que se percibían en los diferentes ambientes de la localidad, la Real Aduana abrió sus puertas en Arequipa el 3 de enero de 1780; siendo recibido como era de esperarse, por una avalancha de pasquines de todos los tintes y matices, como los siguientes:

Aduaneros tenemos
con nuevas pensiones
que los sufran aquellos
que no tienen calzones


Quintos, repartos y aduanas
solo queremos quitar
más las reales alcabalas
no repugnamos pagar

A pesar de la amenaza implícita de estos escritos que diariamente aparecían en diversos sectores de la ciudad, los funcionarios aduaneros, ciegos y sordos, se conducían de manera tan abusiva y prepotente, que terminaron por confirmar los hasta entonces exagerados temores de la población arequipeña:
-Obligaban que todas las mercancías traídas a la ciudad, sean previamente depositadas en la aduana para su registro; no permitiendo que sus dueños puedan retirarlas sin el pago inmediato del impuesto del alcabala, pese a que la legislación colonial otorgaba el plazo de un año para cancelarlas. Generando de este modo, protestas tanto de ricos como de pobres por igual, debido a que los alimentos se echaban a perder por los días retenidos y consecuentemente, se tornaban inservibles para su venta.
-Cobraban alcabalas incluso a los productos traídos por los indios, como chalonas, chuño, quesos, manteca, bayetas de la tierra y otras especies; estando dichos productos exonerados del pago de todo impuesto.
-Negaban a los indios el ingreso de alimentos y bienes hacia la ciudad en domingos y días de fiesta, cuando la aduana se hallaba cerrada y los funcionarios no se encontraban disponibles para inspeccionar las mercancías y recolectar los respectivos impuestos. No importándoles en absoluto, que los indios dependieran de los días de fiesta para conseguir la mayor parte de sus exiguos ingresos.
- Como si todo aquello no fuese suficiente, Pando obligaba a los habitantes de la ciudad rendirle especial deferencia, como un genuino representante del rey. En este sentido, hasta los ciudadanos más importantes debían quitarse sus sombreros en su presencia y no podían ocupar los asientos de ningún local, hasta que él no diese permiso. Tamaña arrogancia ofendía sensiblemente al patriciado local, tradicionalmente orgullosos de su abolengo, quienes al parecer no estaban demasiados dispuestos a aceptar tales engreimientos.

A pesar que los más pesimistas temores de la población sobre los nuevos impuestos, se vieron dolorosamente confirmados con el establecimiento de la real Aduana, la gota que derramó el vaso o como se diría entonces “el puño de trigo que derribó al burro” fueron las actitudes desmedidas, arrogantes y caprichosas de los funcionarios aduaneros. Por que ellas no solo amenazaban las actividades de hacendados, comerciantes y campesinos, sino también, el normal abastecimiento de alimentos dentro de la ciudad.

NUEVAS LUCES SOBRE EL MOVIMIENTO

Además del comprensible rechazo a las innovaciones económicas, como también a las actitudes imprudentes y desatinadas de los funcionarios aduaneros, la población arequipeña tuvo otras razones, aunque menos evidentes, para oponerse a las reformas fiscales borbónicas. La principal de ellas, fue el temor al descubrimiento y por ende eliminación, de todo un antiquísimo sistema de corrupción institucionalizado y muy extendido en la región, desde hacía muchas décadas, sino siglos.

a. La Corrupción

La corrupción en el Perú, es un fenómeno tan antiguo como la presencia hispana en los Andes y se hallaba presente en esta época, a lo largo y ancho del territorio virreinal. Arequipa no podía ser la excepción, pues ella comprometía a los diversos sectores socio-económicos de la ciudad, desde los grandes hacendados hasta los más humildes campesinos indígenas e incluso, a las mismísimas autoridades locales, como el corregidor. Así lo señala un gran conocedor de la realidad arequipeña de esta época, como John Wibel, para quien:

“A pesar del resentimiento criollo hacia los funcionarios y comerciantes
peninsulares, ambos grupos fueron concientes de las ventajas de unir fuerzas para culpar de los disturbios a Pando. Lo más importante, fue
que ellos entendieron la necesidad de la unidad para impedir la exposición de la característica corrupción oficial del círculo inmediato
del corregidor o la típica evasión de impuestos de las élites terratenientes
y mercantiles de la región. Un agresivo reformador como Pando amenazaba las actividades ilegales de muchos arequipeños, activó además la oposición encubierta que fue considerada vital...”

Precisamente, el establecimiento de una Real Aduana y el nombramiento de inflexibles funcionarios foráneos, puso en grave peligro tales mecanismos de evasión. Sin embargo, para la corona ello representaba una corrección en la forma como tradicionalmente se venía llevando la recaudación de impuestos, desde que ahora, ella podría ejercer un control más estricto en el ingreso y salida de mercancías de la ciudad.

b. Las Haciendas Arequipeñas

Scarlett O’Phelan afirma que, Arequipa fue una provincia que estuvo en la “mira de visitadores y agrimensores reales”. La razón, esta región fue el principal centro de producción y comercialización de vinos y aguardientes en todo el Sur Andino.

“Además sus haciendas en los valles de Camaná y Vitor eran numerosas y algunas de gran extensión, lo que ameritaba registrarlas rigurosamente.”

Al parecer, las autoridades descubrieron que en esta región se presentaban frecuentes irregularidades en los “catastros de tierras”, a causa de la extendida costumbre de declarar una menor cantidad de tierras de las que poseían o en el peor de los casos, no existir equidad “entre lo que pagaban y lo que producían”.
Ello explicaría, por que los funcionarios de aduanas apenas llegados a Camaná en diciembre de 1779, hicieron un empadronamiento minucioso de los terrenos agrícolas , tomando incluso declaraciones juradas a sus dueños; y por otra, la alarma de la colectividad arequipeña, al enterarse que dichas mediciones se realizarían también en los valles de Majes, Siguas y Vitor.

c. La Aduana y la Alcabala

Fue moneda corriente en esta época, que muchos hacendados de la región acostumbraran enviar una gran parte de sus productos a los mercados de la ciudad de Arequipa, por medio de indios cargueros, a sabiendas que ellos estaban exonerados legalmente del pago de impuestos. Siguiendo este mismo ejemplo, dicha exoneración había llevado a algunos campesinos indígenas, a orientar astutamente su producción agrícola hacia el cultivo de productos relevados del pago del alcabala, como maíz, coca, ají, papa, granos, etc.

Precisamente sobre el impuesto del alcabala, este empezó a ser cobrado en su nuevo monto de 6% desde fines de 1778 y los encargados de su recolección fueron los tradicionales oficiales reales de hacienda. Desafortunadamente para los intereses reales, tales cobros se habían venido efectuando con retrazo, esporádicamente y con mucha displicencia. Las autoridades reformistas intuían que, con el establecimiento de una aduana se corregirían todas estas amañadas costumbres. Razón por la cual, al iniciar sus actividades, los funcionarios aduaneros obligaron a todos los comerciantes, grandes y pequeños, a depositar previamente sus mercancías a fin de ser minuciosamente registradas en libros especiales y exigieron el pago de la alcabala en todos los bienes que ingresaban a la ciudad, hasta en los productos considerados como regalo o aquellos de origen indígena.

d. La extensión del Tributo

Si el nuevo monto del alcabala comprometía los intereses de hacendados, comerciantes y campesinos; la extensión de la responsabilidad del tributo amenazó con descender de categoría a mestizos, cholos, zambos y forasteros. Pudiendo en el peor de los casos, afirma Cahill, llegar a alcanzar dentro del patriciado urbano y rural, a algunos cuyos miembros más notorios “carecían de limpieza de sangre”. Pues según este mismo autor:

“Los plebeyos de la ciudad y el campo e incluso muchos mestizos, fueron considerados patricios porque su situación económica ellos habían elevado.”

Sarah Chambers sugiere que, si la ampliación del tributo causó tanta alarma en la Ciudad Blanca fue porque muchos “españoles” no estaban muy seguros de su condición y al parecer, el administrador Pando estuvo muy conciente de ello, al afirmar que la mayor parte de la plebe no solo era mestiza sino que “muchos vecinos notables de Arequipa también tenían mancha”.

Al extender el tributo a mestizos y otras castas, las autoridades borbónicas buscaron no solo incrementar los ingresos, sino también, perseguir a muchos indígenas que habían evadido sus obligaciones fiscales adoptando la condición de mestizos o forasteros. Sin embargo y aunque sin proponérselo, pusieron en riesgo la situación social de muchos mestizos arequipeños, quienes durante el siglo XVIII habían accedido a la categoría de “españoles”.

e. El Corregidor y los Repartos

Como ya señalamos anteriormente, la corrupción fue un elemento muy vital y extendido en el periodo colonial. Alcanzando a funcionarios de todo nivel y dentro de ellos, a las autoridades locales como fue el caso del corregidor de Arequipa Baltasar de Sematnat.

Durante las investigaciones llevadas a cabo con posterioridad a los disturbios, algunos testigos informaron que en una ocasión “un pasquín no publicado cayó desde el bolsillo del corregidor de la ciudad”. ¿Se trataba solo de una declaración mal intencionada, proferida por algún enemigo personal? ¿Tendría el corregidor razones para buscar la clausura de la aduana y la salida de las autoridades aduaneras?
Antes de responder a estas interrogantes tendríamos que recordar algunos hechos importantes. El principal de ellos estuvo relacionado con los públicos abusos que como máxima autoridad local cometía Sematnat, a través del infame sistema de Repartimientos, a los indios y mestizos pobres de la provincia. Según algunos testimonios, en menos de dos años como corregidor “tenía hechos tres repartimientos e iba hacer otro para el mes de agosto”. En cada uno de ellos comercializó entre 900 y 1000 mulas, las mismas que le costaban 13 pesos la unidad y las vendía en 32 pesos, obteniendo una ganancia neta de 19 pesos por cada animal.
No obstante que los repartos habían sido legalizados en 1751 a raíz de las reformas fiscales, el visitador Areche había ordenado que antes de llevar las mercancías hacia sus provincias:
“Los corregidores debían obtener licencia de aduana y que, donde fuese posible, se establecieran receptarían locales para inspeccionar estas licencias.”

La introducción de nuevas medidas significaron un freno a las hasta ahora ubérrimas y abusivas actividades comerciales del corregidor y de sus numerosos abastecedores. Entonces se comprende la oposición que podría tener Sematnat al funcionamiento de la aduana y su posible participación en la publicación de algunos pasquines contra dicha institución. Todas estas especulaciones podrían ser confirmadas por el comportamiento del corregidor durante el desarrollo de los disturbios. Así, fue el corregidor quien luego del saqueo del día 14 de enero a la aduana, con gran celeridad y sin consultar a las autoridades limeñas, no solo abolió las innovaciones fiscales, sino que además, clausuró la aduana; y días después “invitó” a los funcionarios a abandonar definitivamente la ciudad.

LOS SUCESOS DEL 13-16 DE ENERO

Los primeros pasquines aparecieron el 1º de enero de 1780, y en los días posteriores se fueron incrementando en número y agresividad; comprometiendo ya no solo a funcionarios de aduana, sino a alas autoridades locales como el corregidor Baltasar de Sematnat e incluso, al mismísimo monarca español; como se lee a continuación:

SEMATNAT

Vuestra cabeza guardad Hasta cuando ciudadanos
y también tus compañeros, de Arequipa habéis de ser
los señores aduaneros el blanco de tantos pechos
que sin tener caridad que os imponen por el rey?
han venido a esta ciudad
de lejanas tierras extrañas Que el rey de Inglaterra
a sacarnos las entrañas es amante de sus vasallos
sin moverlos a piedad al contrario el de España
a todos vernos clamar. hablo del señor don Carlos.

En previsión de los disturbios que se veían venir, el 11 de enero el corregidor de la ciudad, solicitó al administrador Pando suspender momentáneamente los nuevos impuestos. Pero este, secamente rechazó la clamorosa solicitud de la autoridad. La suerte estaba echada.
A las 10 de la noche del día 13 de enero, una gran muchedumbre calculada en 500 personas, se congregó frente al edificio de la Aduana con el objetivo de amedrentar a los funcionarios de la misma. Lanzaron piedras y barro contra sus puertas, y después de gritarles “ladrones públicos” y “enemigos de la humanidad”, se retiraron en buen orden.

Temeroso por lo sucedido, al amanecer del día 14, el corregidor convocó a una junta de notables a fin de analizar la situación. Posteriormente, se envío una delegación de vecinos ante el administrador de la aduana, para solicitarle nuevamente el levantamiento de todas las innovaciones fiscales. Lamentablemente, Pando no solo se mantuvo inconmovible, sino que aquella misma tarde se supo que continuaba cobrando los impuestos “aún con más temeridad”. Como podría imaginarse, esa noche la aduana fue saqueada por una multitud estimada en 600 individuos, la mayoría a caballo y todos en tan buen orden, que evidenciaban una “cabeza que los gobernaba”. Mientras Pando y sus empleados huían desesperados por las casas vecinas, los manifestantes quemaban los libros de registro y saqueaban la caja fuerte, llevándose cerca de 2,500 pesos. Curiosamente, las mercancías depositadas por los hacendados y comerciantes para el pago del alcabala, no fueron tocadas. Antes de la una de la madrugada, todos se habían retirado en silencio y nuevamente buen orden.
En la mañana del 15 de enero, el corregidor Sematnat apresuradamente publicó varios decretos de emergencia, suspendiendo todos los nuevos impuestos, clausurando temporalmente la aduana y ofreciendo inmediatamente un perdón general a todos aquellos quienes habían participado en el saqueo de la víspera. Seguidamente, permitió a los hacendados y comerciantes locales retirar sus mercancías del depósito de la aduana “sin compensar el pago de impuestos”.

Sin embargo, si las autoridades creyeron que con estos decretos la calma finalmente retornaría a la convulsionada ciudad, se equivocaron. Esa misma noche, una turba más numerosa que las anteriores, compuesta de hombres y mujeres con solo algunos jinetes, se dirigió a la casa del corregidor Sematnat. Luego de ingresar violentamente en ella, la saquearon con tanta fogosidad “que no dejaron un clavo en la pared”. Después de incendiarla, se encaminaron a la tienda del comerciante catalán José Campderros; una vez dentro, se llevaron todas las mercancías “hasta dejarla en andamios”. No contentos con todo ello, los revoltosos marcharon sobre la cárcel pública de la ciudad, donde luego de destrozar sus puertas, liberaron a todos los presos. Cerca de las cuatro de la madrugada, los manifestantes ya no tuvieron tiempo de dirigirse a las cajas reales de la ciudad, donde se hallaban depositados cerca de 200,000 pesos. Entonces, para llevar a cabo dicho robo y también para saquear las viviendas de otros vecinos españoles de la ciudad, donde se decía existía “considerable caudal”; decidieron volver a reunirse esa misma noche.
¿Qué había sucedido? ¿Cómo había degenerado esta inicial protesta antifiscal en una especie de “lucha de clases”? Al parecer, los sucesos de los días 13 y 14 habían sido alentados por los propios hacendados y comerciantes de la ciudad; contando con el interesado apoyo de criollos y mestizos principalmente. Sin embargo, en los disturbios del día 15, la mayoría de los manifestantes estuvieron constituidos por pobres de la ciudad e indígenas de los poblados aledaños, especialmente de la pampa de Miraflores. Dichos grupos, llámese marginales, al parecer quisieron también sacarle provecho al ambiente de protestas y reivindicaciones que se había configurado en la ciudad. Mientras que para los hacendados y comerciantes estas protestas significaban la eliminación de los nuevos impuestos y la salida de los funcionarios de aduana; para los pobres fue una forma de conseguir botín, mientras que para los indios, de protestar y acabar con los odiados repartos del corregidor. Por ello, no sorprende que los objetivos de las protestas del día 15, hayan sido en primer lugar, la casa del corregidor y luego, la del comerciante español Campderros, de quien se rumoreaba era el proveedor de los artículos para el reparto.
Sean estas las razones u otras desconocidas, lo cierto fue que la ciudad se hallaba ante la amenaza de un inminente saqueo esa mismas noche, por hordas conformadas por indígenas y pobres de los alrededores. El corregidor Sematnat, sobreponiéndose a su miedo inicial, decidió convocar dentro de la ciudad a todas las compañías de milicias de la provincia (caballería e infantería) y organizar la defensa. Dichas compañías estaban integradas por peninsulares, criollos y mestizos, al mando de los oficiales Mateo Cossío, Raymundo O’Phelan y Pedro Ignacio Aranibar.
La temida invasión se inició cerca de las 10 de la noche del 16 de enero; aunque el ataque principal vino desde la pampa de Miraflores, en realidad se trataba de una masa desordenada de aproximadamente 800 indios, armados de palos, piedras y las tradicionales hondas. La lucha fue ardua, duró varias horas y no obstante el arrojo demostrado, los corajudos invasores fueron finalmente derrotados y expulsados de la ciudad, por las más disciplinadas y mejor armadas milicias locales.

Al día siguiente, dos compañías de caballería y una de infantería, invadieron la pampa de Miraflores. Luego de registrar, saquear y quemar todas las chozas y “rancherías” pertenecientes a los indios, retornaron con muchos prisioneros. Esa tarde en la ciudad, fueron exhibidos los cuerpos de cinco invasores, muertos en la refriega de la noche anterior.

Finalmente y para “escarmiento” de todos los revoltosos y saqueadores, el día 18 de enero, seis reos (5 indios y 1 mestizo) fueron condenados sumariamente por su participación en los disturbios y ahorcados en la plaza de armas de la ciudad.

DESPUES DE LOS DISTURBIOS

Aunque los disturbios finalizaron con la ejecución de los seis individuos, los misteriosos pasquines continuaron apareciendo ocasionalmente durante algunos meses. Mientras tanto el virrey del Perú, Manuel Guirior, informado de los acontecimientos de Arequipa por medio de ciertas cartas alarmantes enviadas por el corregidor Sematnat, decidió enviar una fuerza de 100 soldados, a fin de controlar la situación.
No obstante la oposición de los arequipeños manifestada en nuevos pasquines, las tropas reales finalmente ingresaron a esta ciudad el 8 de abril , cuatro meses después del comienzo de las hostilidades. El 13 de junio, el comandante de esta tropa, Antonio Gonzáles, fue nombrado Juez Pesquisador a fin de realizar las investigaciones sobre el “origen, causas y autores del tumulto” acaecido en la ciudad. Misteriosamente, dichas investigaciones fueron suspendidas en agosto de ese año.

El 6 de noviembre de 1780, el nuevo virrey del Perú Agustín de Jáuregui, nombró a Ambrosio Zerdán y Pontero como Juez Pesquisador para reiniciar las investigaciones. Sin embargo, un mes después de su llegada, estas fueron definitivamente suspendidas por haberse iniciado en el sur del Perú una masiva rebelión indígena, encabezada por el cacique de Tinta José Gabriel Condorcanqui Noguera, Túpac Amaru II.

CONSIDERACIONES FINALES

Erróneamente se ha querido ver en estos eventos un intento para liberar Arequipa del gobierno español y como un movimiento precursor de la rebelión de Túpac Amaru (Galdos 1967). Nada más lejos de la realidad.

La llamada “Rebelión de los Pasquines” fue un motín urbano, una protesta anticolonial, un conflicto entre “los tradicionales intereses socio-económicos y aquellos patrocinados por las reformas borbónicas” (Brown. 1985); donde hubieron pocas luces de “una búsqueda por una alternativa política para el estado colonial” (Cahill. 1990).
El principal objetivo de las protestas, fue oponerse a la introducción de reformas fiscales, y dado que ellas amenazaban a un vasto sector de la población local, en diferente nivel y magnitud, fue posible una momentánea alianza a fin de hacer frente a este “enemigo común”. Pero como sucede en toda rebelión multiclasista, los intereses de un grupo al no ser los mismos, se irán diferenciando a lo largo del movimiento y terminarán en franca oposición; desviándose de este modo los objetivos iniciales de dicha revuelta.

Los sucesos de Arequipa entonces, deben también ser entendidos como un enfrentamiento entre los intentos de la corona española por suprimir la corrupción y evasión fiscal, y el esfuerzo de sus habitantes por oponerse a ellos.
Con respecto a la rebelión de Túpac Amaru, en diciembre de 1780, el cacique de Tinta envió una carta dirigida a los ciudadanos de Arequipa, con el objetivo de ganar su apoyo, proponiendo clausurar la aduana y todas las “innovaciones de la visita de Areche”; pero los arequipeños no solo ignoraron este pedido, sino que, se alistaron para combatirlo, recaudando cuantiosos donativos y organizando una poderosa fuerza militar.

Entre 1780 y 1782, numerosas unidades de milicias arequipeñas fueron enviadas a luchar en toda la sierra sur; y una de las hazañas más importantes de esta fuerza, fue haber conseguido el levantamiento del “cerco indígena de la Paz” en 1782. Curiosamente, muchos vecinos que habían participado en los disturbios de enero de 1780, aprovecharon de esta confusa situación para demostrar sus “sinceros sentimientos realistas”, entregando generosos donativos, que ayudaron a la derrota definitiva de los rebeldes cusqueños.* Y como si nada hubiese sucedido anteriormente, solicitaron los respectivos reconocimientos reales por aquellos triunfos.

Todos estos esfuerzos se vieron coronados el 5 de diciembre de 1805, cuando el rey Carlos IV, concedió a la “muy noble y muy leal” ciudad de Arequipa, el título de “Fidelísima” en virtud a sus grandes servicios cuando:

“En la rebelión de José Condorcanqui, alias Túpac Amaru, hizo frente a esta y sus aliados con una columna de tropa que levantó a su costa; coadyudó a destruir el asedio que tenía puesto a la ciudad de la Paz, prender al rebelde y asegurar la tranquilidad de aquellas provincias, mereciendo por ello que comúnmente se (le) llamase restauradora del Collao.” (Barriga. 1940).


* Wibel afirma que durante la rebelión de Túpac Amaru renació el entusiasmo de la región por la causa imperial, la misma que estuvo simbolizada en la figura de Domingo Benavides, conocido agitador de los disturbios de enero de 1780, quien como muchos otros vecinos ofreció una donación de 1,000 pesos a la corona. Asimismo unos 4,000 arequipeños lucharon contra Tupac Amaru y muchas figuras conocidas se distinguieron durante estas campañas, incluyendo los oficiales de milicias y comerciantes peninsulares Mateo Cossío, Pablo España y Francisco Martínez. (1975. 50)

La Universidad y el universo: el derecho de estudiar

Eifel Ramírez Avilés.

Los sucesos que están ocurriendo en mi universidad quisiera que merezcan ser informados a la comunidad, pues, digo, que lo lamentable es que en otros lugares se informe mal. Intentaré hacer un reportaje de contraparte a la prensa nacional.



Primeros hechos. Desde el año pasado se dio la iniciación de un “By pass” (construcción vial que mejora el transporte público), en una esquina de la Universidad San Marcos. El tráfico de vehículos por ahí es intenso, lo cual hace necesario la obra. Sólo que este by pass, según el proyecto oficial planteado requería un pedazo de tierra para la construcción de una oreja vial. Ésta reemplazaría a un parque que es parte de la universidad, es decir, se cortaría la institución pública para dar paso a la oreja. Aparte, por la paralela de la universidad (av. Universitaria), se cercenarían los muros de ésta para dar paso a calles más amplias. Igual por otra paralela (la av. Venezuela)…: el trabajo se está realizando.

Sin embargo, vienen ahora los problemas. La oreja vial arrancará el parque, pero pasarán automóviles por el costado de nuestra facultad de Derecho; será lo mismo por las paralelas de la universidad: acercará la contaminación sonora a las aulas de estudio. El otro punto es el convenio. Todo el acuerdo de la construcción se ha hecho a espaldas de los estudiantes; ni siquiera firmado el contrato se ha llamado a un referéndum; también, se ha considerado a este parque, donde muchos transitamos, como un “Predio rústico”, siendo todo lo contrario, un “Predio urbano”. Por último, se propuso una “Reformulación del By pass”. No se hizo caso a esta reformulación –que por supuesto, presentaba las garantías necesarias para un mejoramiento del tránsito vehicular-, ni el Rectorado ni la Municipalidad de Lima (los dos contratantes). Desde el año pasado se insistió en esto…: los obreros proseguían.

Segundos hechos. Para los ingenieros ya era necesario cortar el parque, y por tanto, tumbarse los muros de la universidad. Cuando estaba en el comedor, comiendo la cena, varios compañeros vinieron corriendo, yo no escuché al principio: “¡Los tractores están tumbando los muros!” Muchos, dejaron sus platos de comida y corrieron hacia los derrumbes. Yo, llegando a los hechos, vi algunos muros derruidos. “¿Qué pasó?”, inquirí. “Una chica se pegó a los muros y salvó al resto de ellos, delante del tractor”, me respondieron. Creo que nunca se me hubiera imaginado hacer eso, ¡vivan las mujeres! Luego se hicieron vigilias para cuidar los muros, noche y día. La esperanza había renacido. Estaba en juego nuestra casa de estudios, nuestro derecho de estudiar. Rápidamente se tomaron varias facultades (Ciencias Sociales, Derecho, Biología, Letras, Electrónica). Las marchas hacia el Rectorado se intensificaron. Las arengas y pancartas trepaban por cualquier sitio. Las clases estaban paralizadas…: la universidad se hacía cada vez un caos.

Si el derecho de vivir o de morir son verificables en el Perú –aunque yo no daría mucha ratificación-, el derecho de estudiar es algo faltable en su realidad. Porque el derecho de estudiar no es únicamente educación primaria y secundaria obligatorias, sino muchas otras condiciones. Es el caso de las universidades públicas, donde en un país pobre, no puede rendir las expectativas, puesto que para estudiar no sólo necesitas libros, también comida y techo. Y sobre todo, nadie debe venir y violar nuestra autonomía universitaria. El bien puede ser del Estado, pero éste se detiene en una voluntad popular diferente y con garantías legales. Pues la universidad, señor alcalde Castañeda Lossio y vuestro panteón municipal, es de todos, del universo entero. Acá hay lo que se puede tener, quien quiera puede venir y estudiar, no nos lo quite irrazonablemente, ya que le propusimos la Reformulación. Yo, como mis compañeros, queremos ir a nuestras aulas para estudiar y que el único ruido sea lo que el profesor haga y no los motores del costado. Lo que queremos ver, a través de las ventanas, es árboles y palomas, no coches. El derecho de estudiar no es tener solamente una universidad, sino sentirnos bien en ella.

Terceros hechos. Las paralizaciones continúan. No hay clases. Sin embargo, el Rector Izquierdo Vásquez cedió a la protesta y aprobó la Reformulación, por lo menos en teoría. Sólo falta la Municipalidad de Lima. Lo que sí hay de nuevo son los policías, que ya están permanentemente en las puertas de la universidad. Varios grupos de alumnos junto con tres profesores fuimos a realizar clases magistrales cerca de la Municipalidad, en símbolo de protesta. Los policías frustraron tal acto. Decidimos retirarnos por el jr. De la Unión, sólo los alumnos, y arengando. Los policías nos siguieron, nos desviaron. Llegado a un punto, por una esquina, se apareció el famoso “Pinocho” (carro grande que por un conducto lanza chorros de agua). ¿Nos iban a intimidar? Levantamos las manos en son de paz. Al llegar al recodo, ante tal sorpresa de nuestros actos, es decir, el de no atacarlos, no quedó de otra a los policías que hacer funcionar su máquina. Grandes chorros de agua nos azotaron. Les grabamos la escena con los celulares –¡bendita sea la modernidad!-… pero apresaron a nuestro compañero-camarógrafo junto con otros dos. Todos nos dispersamos y volvimos a la universidad, donde se llevaba a cabo una batalla campal. El conflicto fue entre obreros y estudiantes, vinieron la policía, fue luego entre ésta y nosotros. Los universitarios desde adentro tiraban piedras a los de afuera. Yo no hice eso. Pero la razón de los sanmarquinos fue que los obreros capturaron a un compañero y lo llenaron de puños, y para peor, los policías se llevaron al compañero atacado. Me parece indignante. Al siguiente día se anunció una marcha a las calles de todos los estudiantes. Nunca vi tanta San Marcos unida. Avanzamos pero los policías ya estaban en las puertas con su Pinocho. “La marcha era ilegal”, era el argumento de los inspectores*. Es cierto. Pero, inspectores, la ilegalidad se acaba con un derecho. Vuestro contrato es también ilegal: a espaldas de los estudiantes y la no aceptabilidad de revisión de un convenio que afecta gravemente a una de las partes. ¿Desea acaso que les vayamos a pedir por favor para salir a las calles? A manos alzadas intentamos pasar, yo con algunos compañeros lo logramos, estando luego detrás de los policías. Me tocó ver lo malo que piensan estos hombres de verde. Vi inspectores que llamaban refuerzos, vi cómo un verde gigantón le arrebata abusivamente una pancarta a mi compañero, vi cómo uno le decía al chofer de Pinocho: ´´Échales agua a estos miserables´´… Qué les costaba señores policías ponerse a un lado y no provocar. A mano alzada se intentaba avanzar pero inmediatamente los hombres verdes respondieron con sus golpes a palo. Vi cómo le pegaban con uno de esos al estómago de una chica. Reclamamos, y otra batalla campal empezó. El Pinocho actuó y las bombas lacrimógenas trepidaban ya por los cielos. Desde dentro de la universidad respondieron los radicales con sus piedras, que sólo atacaban hombres de verde. Éstos tiraban contra cualquiera. Burdos, los gorilas, orgullosos y necios, nunca pensaron en dejar a los estudiantes marchar y evitar estos vandalismos. Los inspectores, inteligentes, pudieron retirar las tropas a una distancia considerable; sólo que cogitaron en función de que Lima es ahora una ciudad perfecta, sin protestas. Después de más de una hora de ataque y contraataque, inteligentemente, los inspectores ordenaron la entrada de los gorilas, sus monigotes, a la universidad. Invadieron éstos hasta llegar al comedor, donde algunos alumnos comían su almuerzo. Obviamente, los gorilas no razonaron, y lanzaron bombas lacrimógenas a un lugar ¡cerrado! ¿Imaginaron que en el comedor se habían atrincherado? Los que estaban ahí respondieron a platanazos. Los que aún no sabían de la situación eran expulsados por los gorilas –policías que me refiero sólo a estos hechos-¡Oh! cuándo hacías entrar en razón a uno de éstos, no había más respuesta que una majadería o un palo enfrente de tu cabeza.

Nuestra dignidad y derecho de estudiar se reducen en estos momentos a esos muros, que ahora ya no nos parecen meros ladrillos pegados sino partes de nuestro cuerpo. La prensa peruana –que tanto pedía no prensarse** en tiempos de la dictadura- se prensa a ella misma: “Los estudiantes son los revoltosos y la policía hace bien en detenerlos". Señor alcalde Castañeda y el panteón municipal, señores inspectores, toda Lima quiere ser moderna. ¡Hagan de Lima un París! Pero no se metan con la Universidad y con un derecho. El Perú y el universo se los agradecerá. De lo contrario, tampoco San Marcos agachará la cabeza, ustedes, serán parte de su historia negra y cada alumno los tendrán en cuenta al juzgarlos moralmente, y no les aconsejaría entrar a ella, pues verán caricaturas, esperpentos, escenas graciosas, sacadas de vuestras contexturas, pintadas por mucha paredes.

No voy a acabar con una frase de algún autor famoso, sino con algo sacado de los corazones de los estudiantes cuando alzábamos las manos:

“¡No somos delincuentes, somos estudiantes!”


______________________________________________

* Inspectores son los dirigentes de los guardias policiales. O también los que perteneces al Servicio de Inteligencia.
** Del verbo prensar.



Eifel Ramírez Avilés.

lunes, junio 23, 2008

García, Alva Castro y Jordán. Imprudencia, ineptitud y sensatez

El presidente García declaró ante los medios de comunicación que el general Jordán se entregó mansamente en Moquegua. Criticó que el contingente dirigido por el general PNP no estuviera provisto de armas disuasivas, lo cual permitió a los agitadores reducir con facilidad a los policías. El presidente tuvo algunas frases muy duras contra el general Jordán a quien, prácticamente y en vivo y en directo a todo el país, calificó de cobarde: "Una persona que tiene miedo físico es mejor que no se meta en estas cosas".

Diversos analistas se manifestaron acerca de la ineptitud del ministro Alva Castro respecto al "moqueguazo", lo que no es novedad, ya que en otros conflictos sociales similares (Ayacucho, Chimbote) brilló por su ausencia. Hace mucho tiempo que a Alva Castro el oficialismo y sus eventuales aliados fujimoristas y de Unidad Nacional le arrojan un salvavidas para evitar la vergüenza de la censura a un ministro aprista. Sin embargo, a medida que este blindaje aumenta, también se incrementa el descrédito del Congreso y la aprobación presidencial. Alva Castro representa un lastre muy pesado como para cargar con él gratuitamente, a sabiendas que no suma nada, en absoluto, a los logros económicos que viene obteniendo el Ejecutivo.

Pero lo sustancial aquí son las declaraciones del presidente en torno a las responsabilidades sobre el desborde popular en Moquegua. García volvió a salvar a su correligionario al enfilar sus baterías contra el general Jordán, como si este tuviera a su cargo la estrategia de prevención de conflictos sociales que, como el de Moquegua, eran previsibles. No, señor presidente, Alva Castro ha demostrado con creces que es un inútil en materia de seguridad interna y que está más interesado en otras carteras -publicar artículos sobre economía es una señal muy sutil- puesto que durante los momentos más críticos de la protesta en Moquegua, se escondió y no dio la cara, salvo para referirse a Fernando Rospigliosi con quien sostiene un diferendo de larga data.

Debemos agradecer a la "mansedumbre" del general Jordán que no tengamos muertos que lamentar. ¿Qué hubiera sucedido si, efectivamente, los policías enfrentaban con sus armas a los manifestantes? Simplemente una masacre similar a la del Frontón. Señor presidente, ¿acaso no aprendió usted las lecciones del pasado? ¿Cuál es la deuda que usted o el APRA tienen con Alva Castro? Los dos muertos en Ayacucho levantaron una andanada de críticas al procedimiento de que emplea la policía contra los manifestantes e hizo trastabillar al ministro del Interior, quien supo salir airoso como siempre.

Jordán brindó una lección de sensatez y prudencia a pesar de que el costo profesional para él mismo haya sido elevado. La represión con armas de fuego, los muertos regados a lo largo del puente Montalvo y los policías ajusticiados por la turba jamás podrían ser compensados por algún reconocimiento presidencial al valor. Pero la lección que deja a las fuerzas de orden: nada justifica el atropello a los derechos humanos ni la ley ni la fuerza de las armas. El diálogo debe imponerse hasta agotar todos los recursos. De no haber sido por la que sí fue una fallida intervención de la DINOES quienes dispararon bombas lacrimógenas durante el diálogo con los manifestantes, posiblemente, los policías no hubieran sido secuestrados. Si bien Jordán está asumiendo las consecuencias de su decisión, sabe que puede dormir tranquilo sin cargar en la conciencia con el peso de cientos de muertos, algo que dudamos, pueda hacer el presidente García.

viernes, mayo 23, 2008

Aproximación al pensamiento liberal de Mario Vargas Llosa

Debate en el CEPS

Arturo Caballero Medina
acaballerom@pucp.edu.pe

Gracias a la invitación de Gonzalo Gamio, profesor de filosofía de la PUCP, es que, desde finales del año pasado, asisto mensualmente a las reuniones del Círculo de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) que agrupa a profesionales y estudiantes de ciencias sociales y humanidades. En un principio, las reuniones tenían lugar en la casa de algunos de los miembros; pero, a medida que se iba incrementando el número de participantes, se vio por conveniente realizarlas en la sede de Transparencia. La sesión del sábado 10 de mayo estuvo dedicada al pensamiento liberal del escritor peruano Mario Vargas Llosa en la cual tuve la oportunidad de compartir la mesa de debates con Héctor Ñaupari, ex dirigente del movimiento Libertad y notable activista del liberalismo en el Perú. (Grande fue mi sorpresa, ya que lo conocí dos años antes como poeta en La Noche de Lima y luego en una charla informal en la que debatimos acerca del feminismo).

La discusión fue clara y alturada, salpicada por momentos, con la vehemencia propia de aquellos que defienden sus ideas con la convicción estar en lo cierto. Héctor inició la primera ronda del conversatorio delimitando la noción de liberalismo, en relación a sus diversas tendencias y en contraste con el marxismo. Luego, continuó con la caracterización del pensamiento liberal de Vargas Llosa al cual calificó como “insular”, debido a sus peculiaridades, las cuales condujeron al notable escritor a sostener discrepancias no solo con adversarios conservadores de derecha, sino con aquellos liberales que, supuestamente, compartirían su postura.

Mi intervención giró en torno a los nexos entre la teoría de la novela de Vargas Llosa y su ideología política liberal. Sostuve que en el liberalismo político del autor de La ciudad y los perros tiene sus raíces en la concepción individualista del creador literario, por lo cual se deduce que el giro ideológico socialismo-liberalismo no representó una reformulación estructural de la ideología política vargallosiana, sino una reorientación de las mismas inquietudes pero hacia otro frente.

Las discrepancias afloraron, como era de esperarse, durante la ronda de comentarios y réplicas: ¿Es Vargas Llosa un liberal o un neoliberal? ¿Su noción de libertad es eurocentrista? ¿Su prestigio como novelista lo avala como analista político? ¿Fue acertado su apoyo a la guerra en Irak? ¿Qué significa que en cada vez que se halla en Israel se sienta de izquierda? ¿Por qué el movimiento Libertad se unió a Acción Popular y al PPC y cómo pudo albergar en sus filas a individuos tan reaccionarios y conservadores como Rafael Rey, Manuel D’Ornellas, Patricio Ricketts y Eduardo Calmell del Solar? El análisis de estas y otras cuestiones relativas a la posición política de Vargas Llosa sirvió como punto de entrada para discutir otros temas como el de Cuba, la situación de la izquierda en el Perú, los errores en la campaña presidencial del 90, pluralismo, relativismo cultural y tolerancia, universalidad de los derechos humanos, etc.

Héctor sindicó a la izquierda como la gran responsable de la debacle política y social en el Perú durante la década de los 80 además de cómplice del aprismo y el fujimorismo en la derrota de Vargas Llosa: en el periodo 85-90 la izquierda y el aprismo votaron juntos en el congreso a favor de la estatización de la banca y en el 90 fue la primera vez que la izquierda y el APRA votaron juntos por el mismo candidato para cerrar las filas al “enemigo común”. Lo que no previeron fue la traición de Fujimori: “fujishock” y autogolpe.

En este punto, el consenso es inevitable. La izquierda —si bien hoy no está unida, ya sea por ausencia de líderes o por su desprestigio como opción política— no deslindó posiciones con Sendero Luminoso ni con el MRTA. Pero hablar de la izquierda como un movimiento compacto y sin matices conduce al equívoco. Cierto es que los políticos de izquierda no censuraron todos de la misma manera el accionar de los movimientos terroristas. Sin embargo, como lo mencioné en el debate, en el Perú y en Latinoamérica existen dos izquierdas: la democrática y la autoritaria; la que respeta el estado de derecho y el libre mercado, y la que pretende llegar al poder por el fusil. Por otro lado, recordemos que fue la izquierda —aunque no solo ella— la que colaboró en el diseño de la Constitución del 79, de carácter humanista y social. En síntesis, la gran deuda de la izquierda peruana es recuperar su imagen progresista ante la población, tan venida a menos puesto que se le identifica solo con el violentismo. Por ello, considero que Ñaupari se equivocó al señalar a la izquierda como un todo cuando, en realidad, aglutina a tendencias en conflicto y porque olvidó a la izquierda democrática que, de alguna manera, saldó parte de su deuda con la nación a través del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La tolerancia y el relativismo cultural también generaron polémica en relación al artículo en el que Vargas Llosa abordó la prohibición del velo islámico a las mujeres musulmanas en Francia. Ñaupari, en la línea de Vargas Llosa y, supongo, de la mayoría de liberales, sostuvo que ciertas prácticas culturales deben ser erradicadas si atentan contra la cultura de la libertad democrática. A propósito de esto, Vargas Llosa considera que la cultura de la libertad es una creación de Occidente y un aporte del mismo a la humanidad. En consecuencia, extenderla hacia otras sociedades siempre será beneficioso para ellas, ya que las conducirá hacia el progreso tal como sucedió en Europa y los Estados Unidos. Pero ¿debe imponerse la democracia liberal a otras sociedades solo en virtud de las ventajas que representó para las sociedades donde se originó? ¿si es racional no importa por la fuerza? Equiparar el uso del velo islámico con la castración femenina puede ser muy útil en términos pragmáticos, pero sería como confundir a un fiel devoto de la beata Melchorita con un fanático religioso quákero: en ambos casos subyace una actitud de rechazo hacia creencias distintas a la propia, pero en grados diferentes. Considero que si el liberalismo desea consolidarse no solo como una forma de gobierno o regulación económica, sino como “actitud vital” del ser humano, debe recurrir a la ética intercultural. De esta manera, podrá dialogar con el sentido común de la gente, con lo que esta piensa, siente y actúa. Para ello, será menester que el liberalismo tome en cuenta las particularidades culturales de las sociedades donde pretende afianzarse (véase el artículo “Liberalismo y ética intercultural: ¿libertad por la razón o por la fuerza?”) debido a que discurso e ideología son modelados por la cultura y el lenguaje; en otras palabras, el liberalismo debe abandonar la actitud soberbia y perdonavidas que caracteriza a buena parte de sus representantes quienes lo impregnan con un manto de suficiencia y superioridad cultural, los cuales dificultan la recepción de sus contenidos y, contrariamente, provocan mayor rechazo. Por lo tanto, Vargas Llosa sobredimensiona las posibilidades de la cultura de la libertad al estilo occidental si se obvia el hecho de que Occidente, más que una región geográfica, es un estilo de vida y la representación de una cultura a la cual le costó “sangre, sudor y lágrimas” forjar un sistema político-económico. ¿Deben correr el resto de culturas la misma suerte que Europa atravesó durante siglos solo para alinearse con ella? No. Cada cultura debe forjar su liberalismo “sin calco ni copia”.

La cuestión de la libertad no estuvo ausente. En contraste con la postura de Ñaupari, manifesté que la libertad negativa (Isaiah Berlin desarrolló este concepto en su célebre ensayo Dos conceptos sobre la libertad) —aquella que consiste en la no interferencia del otro en el ámbito de la autonomía personal, es decir, de no coacción— es incompleta mientras no tienda puentes para establecer lazos solidarios con el otro, o sea, que si el otro es solo visto como una potencial amenaza frente a mi autonomía, este ensalzamiento de la libertad negativa de parte de cierto sector del liberalismo más radical se convertirá en un obstáculo para la formación de una sociedad solidaria, ya que fomentaría el individualismo y la atomización de las relaciones sociales. Por ello, no se debe confundir autonomía con individualismo: la autonomía liberal basada en el principio de la libertad negativa no debe recaer en un simple individualismo egocéntrico sino complementarse con la solidaridad, la cooperación y la justicia social.

Al término del debate, muchas ideas quedaron en el tintero y, por cuestiones de tiempo, algunas preguntas del auditorio no fueron absueltas. Sin embargo, Héctor se comprometió a participar en cualquier otro debate sobre el liberalismo que tuviera lugar en el CEPS. Finalmente, coincidimos en que, a pesar de los exabruptos ocasionales de nuestro laureado escritor, debemos reconocer —como dijera alguna vez— que “la política no se debe separar de la moral” y ello, Vargas Llosa lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria como “novelista, ensayista, ciudadano y político”.

miércoles, mayo 21, 2008

AREQUIPA 1821-1824: La ciudad más importante del imperio español en América

Víctor Condori
Licenciado en Historia


La ciudad de Arequipa, desde su fundación en 1540 hasta mediados del siglo XVIII, constituyó una sociedad particularmente rural, no solo por encontrarse en medio de una generosa y primaveral campiña, sino, por que sus fundamentos económicos estuvieron básicamente centrados en la agricultura. Siendo la especialidad, el cultivo de la vid; cuya materia prima fue fundamental para la producción de los afamados vinos y aguardientes. Todo un orgullo de la élite local colonial.

Tan populares bebidas se elaboraban en los fértiles valles de la región, como Vitor, Majes y Moquegua; y su comercialización, además de la Ciudad Blanca, se extendía sobre una enorme área del virreinato peruano, siendo sus principales mercados los centros urbanos y mineros del Alto Perú (hoy Bolivia). Y precisamente hacia estos importantes mercados se exportaban a finales del siglo XVIII vinos y particularmente aguardientes (90%), por un valor superior al millón de pesos anuales. No obstante lo impresionante de tal cifra, hasta mediados de dicho siglo, Arequipa no pasó de ser una ciudad de relativa importancia dentro del virreinato peruano, por debajo de Lima y el Cuzco.

El Comercio Regional

A raíz del establecimiento del llamado “Comercio Libre” (1778), dicha actividad se convirtió, por encima de la minería, en la segunda más importante de la región, después de la tradicional agricultura. Y a través de este revitalizado comercio, la ciudad vinculaba la capital del virreinato con el extenso Sur Andino (Bajo y Alto Perú). Donde además de los reconocidos y bien ponderados vinos y aguardientes, se comercializaban los llamados “efectos de Castilla”, conformados generalmente por tejidos de todo tipo, artículos de lujo, papel, hierro, medicinas, azogue y armas.

Tales “efectos”, en un gran porcentaje fueron abastecidos desde la Ciudad de los Reyes, por importantes comerciantes capitalinos, miembros del poderoso gremio conocido como “Tribunal del Consulado de Lima”; quienes mantenían fuertes vínculos con sus homólogos aunque menos poderosos, comerciantes arequipeños, como Juan Crisóstomo Goyeneche, Mateo Cossio y José Menaut.

Una nueva situación

Luego de la independencia de Chile y fundamentalmente después de la ocupación de Lima, por las fuerzas patriotas del general José de San Martín en julio de 1821, la Intendencia de Arequipa se convirtió, no solo en el eslabón más importante entre el imperio español y el último ejército realista de América del Sur, sino también, en el único centro de abastecimiento de todo el sur Andino.

Esta nueva condición, favorecida por las imprevisibles circunstancias de la guerra, trajo enormes beneficios para la ciudad, permitiendo un crecimiento de la actividad mercantil, incrementando los ingresos fiscales, mejorando el abastecimiento de mercancías importadas y generando pingues ganancias a todo un vasto sector del comercio regional. Al respecto, un gran conocedor de la economía y sociedad arequipeña de la época, John Wibel, afirmaba que:

“El enorme volumen de mercancías vendidas en Arequipa durante el periodo de emancipación y el rol de la ciudad como centro del comercio con Bolivia y el sur del Perú atrajo comerciantes extranjeros a la región durante la independencia.”

Es decir, la nueva situación de Arequipa, generó una corriente migratoria hacia la ciudad de numerosos comerciantes, no solo extranjeros, sino también, limeños e incluso peninsulares, como Lucas de la Cotera, Francisco Luciano Murrieta, Ambrosio Ibáñez y Manuel Marcó del Pont. Entre los extranjeros estuvieron: Tomas Crompton, Guillermo Hodgson, Santiago Ygualt, Samuel B. Mardon, Juan Moens, Federico Marriot, Antón Von Lotten, etc.

Siendo Inglaterra la primera potencia comercial de la época, no fue de extrañar que la mayoría de los comerciantes extranjeros fuesen súbditos de su majestad británica; y por añadidura, junto con ellos, se instalaron también en Arequipa numerosas casas comerciales, cuyos negocios e inversiones, llegaron a alcanzar la impresionante suma de tres millones de pesos, en 1824.

El puerto de Quilca


Durante este singular periodo, las mercancías importadas o “efectos de Europa”, casi en su totalidad provenían de los numerosos barcos ingleses, franceses o norteamericanos, quienes legal o clandestinamente arribaban a los puertos de la Intendencia, atraídos por la posibilidad de realizar lucrativos negocios.

Para el desembarco de estas mercancías o “efectos”, el puerto elegido fue la caleta de Quilca, ubicado a un centenar de kilómetros de la Arequipa. Pese a no contar con las condiciones materiales ni portuarias para este fin, terminó convirtiéndose, a fuerza de necesidad, en el principal puerto de la región; soportando durante estos años un intenso tráfico marítimo, por los numerosos navíos que diariamente fondeaban frente a su litoral.

Tan elevados llegaron a ser los volúmenes de mercancías desembarcadas por este improvisado puerto, que en octubre de 1822, dos vecinos de Arequipa, Buenaventura Berenguel y Gregorio Vásquez, decididos a “pescar a río revuelto”, constituyeron una compañía a fin de convertir una pobres barracas en amplios almacenes:

“Para los cargamentos que traen a su bando las embarcaciones que tocan a dicho Quilca y depositan en las bodegas ellos...”

Ingresos Aduaneros

Los inmensos beneficios económicos generados por este impensado auge comercial, se percibieron no solo en los abultados ingresos de la élite mercantil arequipeña, sino también, en las infladas arcas de la hacienda virreinal. La Caja Nacional de Hacienda de Arequipa, experimentó durante aquellos años, una multiplicación en sus ingresos por concepto de importaciones; pasando de los modestos 9,105 pesos en 1821, a los esplendidos 389,641 pesos en 1824.

Fin de la guerra

Sin embargo, como habría de suceder otras tantas veces en el futuro, esta coyuntural prosperidad también fue falaz. Pues al llegar a su fin la guerra de Independencia (1825), finalizó la bonanza comercial junto con la privilegiada posición de la ciudad de Arequipa. Lima volvió a ocupar su lugar preeminente, ahora dentro de la nueva República Peruana. Algunos poderosos comerciantes como Lucas de la Cotera o Francisco Luciano Murrieta migraron a la península, y la economía regional tuvo que reorientarse en dirección a las necesidades del mercado internacional. Algunas fortunas locales, labradas durante los años de la guerra, comenzaron a languidecer lentamente al son de las centralistas políticas económicas y los nuevos señores de la guerra: los caudillos militares.

jueves, mayo 15, 2008

Entre el alcoholismo y la locura




Acerca de la última novela de Alfredo Bryce Echenique


Henry Rivas
henryrivas2001@yahoo.es
http://henryrivassucari.blogspot.com/


La última novela de Alfredo Bryce Echenique Las obras infames de Pancho Marambio (Planeta, 2007), no articula ningún propósito innovador, no desentraña un conflicto social (como en Un mundo para Julius), no transgrede ni desmitifica mitos (como en La vida exagerada de Martín Romaña), casi ni entretiene como sus grandes historias de amor (como en No me esperen en Abril); pero tiene un mérito rescatable: explora la decadencia ubicada entre el alcoholismo y la locura.

Bryce ha hecho del tema del fracaso su patrimonio: el fracaso latinoamericano, peruano, social e inevitable. Es imposible que uno de sus personajes triunfe sin antes morir, por ejemplo. Conviene una angustia escrita con antelación; al estilo de los Edipos y los Aquiles, no pueden ni quieren escapar de su destino.

Bienvenido Salvador Buenaventura es un rico abogado peruano; su deseo quiere escapar al escrito ya para toda su genealogía, sus padres, hermanos. La fatalidad amatoria, finalmente.

Salvador explora los placeres del primer mundo con bondad de rico: un peruano cosmopolita ya educado, retirado en la cincuentena para vivir como buen burgués soltero.

Pero en realidad, Bienvenido Salvador Buenaventura—el nombre ya presenta una tautología natural— huye de Lima para encontrarse con su destino al igual que Edipo. Lima es la ciudad donde su genealogía se ha podrido y fracasado por los vapores del alcohol.

Barcelona representa la consagración a una vida positiva e impoluta; sin embargo, el paraíso le trae por las rendijas del destino a un estafador: Pancho Marambio, a quien el narrador omnisciente, con casi tanta furia como el propio Bienvenido, bautizan con una gama de significantes para un solo significado. Pancho Marambio representa lo peor de la hipocresía, el ridículo y la estafa.

Bienvenido es víctima de una transformación al estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde; de abogado abstemio, respetable y culto a borracho callejero que se disculpa de su lamentable estado gracias a las estafas de Pancho Marambio. Ni siquiera el amor de Mariana Zañartu, ni la estima de su coadyudante, Gérard; podrán rescatarlo de las garras del alcoholismo.

Algo que podemos destacar en esta novela corta es el lenguaje. Bryce, a pesar del argumento pobre de esta historia, no ha perdido la fuerza del humor, la ironía y el estilo personal y zigzageante que le caracteriza. Un lenguaje marcado por la transgresión del castellano hacia otras lenguas y la atribución de nuevos códigos de representación semántica en sus descripciones e intertextos culturales.

Bienvenido Salvador Buenaventura no será a lo más el hombre que escapa del alcohol y la locura; y en su designio, solo deberá abrazarse a ella hacia su destrucción.

Julio Ramón Ribeyro escribió un excelente cuento sobre la adicción al cigarrillo: "Sólo para fumadores". Bryce ha escrito una novela sobre el alcoholismo y la degradación, sobre la locura y el destino. No es un tema ajeno en su literatura; muchos de sus personajes—Pedro Balbuena, Martín Romaña, Max Gutiérrez, etc.— ya tenían ese eje temático, pero no como elemento disociador de toda la novela, sino como un adjunto a las múltiples perspectivas, posibilidades y asuntos.

lunes, mayo 05, 2008

Las ONG en salmuera

Arturo Caballero Medina
acaballero@pucp.edu.pe

La carta que Aprodeh envió al Parlamento Europeo ha causado revuelo en el entorno político nacional. Francisco Soberón les dio en la yema del gusto a Correo, Expreso, La Razón, el fujimorismo y a la derecha enceguecida e iracunda que tiene en Rafael Rey, Lourdes Alcorta y Ántero Flores-Araoz a sus más conspicuos voceros (Lourdes Flores hace tiempo que no representa a nadie en su partido, al parecer, está más cómoda como rectora de la Universidad San Ignacio de Loyola). El presidente de este ONG pro derechos humanos no ha contribuido a la integración política de los emerretistas arrepentidos sino, más bien, a la postergación indefinida del debate sobre cómo lograr dicha integración. En Centroamérica y Colombia tuvimos algunos antecedentes exitosos respecto al tema: el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) depuso las armas en El Salvador y sus representantes hoy deliberan democráticamente, más allá de la discrepancia que puedan despertar sus ideas; el M-19, las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y gran parte de las fuerzas paramilitares también hicieron lo mismo, salvo estas dos últimas que no contemplaron como posibilidad su integración como partidos políticos como si ocurrió con el M-19 sino simplemente su disolución.


Difícilmente ocurrirá algo similar en el Perú después de la torpe gestión de Soberón. Ahora empezará la cacería de brujas contra las ONG sin distingo pues, para sus detractores, todas ellas están cortadas por la misma tijera: son “perros del hortelano” que se oponen al progreso, son antimineras, izquierdistas, retrógradas y le hacen el juego a movimientos terroristas si es que no constituyen su brazo legal. Soberón ha reavivado la persecución contra las ONG’s de la cual pensábamos se habían resignado a abandonar tanto el Ejecutivo como la prensa vocera del fujimorismo. Como era de esperarse, el apasionamiento nubló el análisis claro; la mesura fue reemplazada por el grito pelado. Ninguna de las partes involucradas abordo la cuestión con seriedad.

Y para complicar más el panorama, Soberón apareció en los mítines gremiales por el Día del Trabajo rodeado de los dirigentes de la CGTP, el SUTEP y de los partidos de aquella izquierda autoritaria, antidemocrática, cavernaria y nada autocrítica que aun cree viables el enfrentamiento, la violencia y los paros como medio para ejercer presión y lograr la consecución de sus reclamos. Soberón no comprende que actitudes como esta son las que aprovecharán los perseguidores de las ONG’s a las cuales tienen en la mira hace tiempo. Mucha razón tiene Nicolás Lynch cuando afirmaba que la izquierda autoritaria es el tonto útil de la derecha autoritaria: típico caso de extremos que se tocan.

La facilidad con la que el canciller José Antonio García Belaúnde culpa a Aprodeh deja entrever dos cosas: primero, que esta ONG posee una red de influencias tan gravitante que puede influir en los europarlamentarios para que no incluyan al MRTA en su lista de organizaciones terroristas; y segundo, que la presencia de nuestra cancillería en Europa, en comparación con el aparato del que dispone Aprodeh (y no solo ellos sino Sendero Luminoso y el MRTA) es nula o ineficiente. El canciller con rostro compungido y adusto endilgó la total responsabilidad de la resolución del Parlamento Europeo a la carta de Aprodeh mas no hizo ninguna exposición de las acciones tomadas por la cancillería para reforzar la posición peruana. Pareciera que, a sabiendas, dejaron que aquello siguiera su curso para cerrar el cerco contra las ONG's.

De otro lado, a mal árbol se arrima Soberón si es que pretende buscar apoyo popular ya que, además de confirmar las sospechas naturales de los que cuestionan, no solo a Aprodeh, sino a todas las ONG’s, más adelante notará que los cavernarios del FOCEP, el PCP, el PS y el MNI se colgaron de los quince minutos de fama que tristemente le otorgó la infausta carta al Parlamento Europeo.

Por supuesto que Aprodeh tenía el derecho de emitir una carta como aquella; sin embargo, la irresponsabilidad de su presidente radica en que no aporta ninguna evidencia para respaldar su afirmación: que el MRTA es un movimiento desactivado desde hace ocho años porque ya no actúa como antes. Con la misma lógica se habría declarado inactivo a este movimiento terrorista antes de la toma de la embajada japonesa. ¿Acaso previo a ello hubo atentados frecuentes? El MRTA fue autor de un hecho sin precedentes en la historia del Perú del cual ni siquiera Sendero Luminoso podría jactarse. Soberón sostiene que los reportes de inteligencia que dan cuenta de la reorganización del MRTA son falsos. Bien, es decir, presentar una carta sin pruebas es, a su entender, más sólido que los reportes de inteligencia. Suponiendo que así fuera, ello tampoco le otorga validez a su postura: la supuesta falsedad o manipulación de la información de inteligencia no significa que Soberón esté en lo correcto. Por ello, debe exhibir pruebas contundentes de lo que afirma. De lo contrario, las sospechas que se ciernen sobre Aprodeh y otras ONG’s tomarán cuerpo y entonces sí lamentaremos que otras instituciones pro derechos humanos y demás, vean limitados sus esfuerzos por ayudar a aquellos que el Estado —debido a la lentitud paquidérmica de sus instituciones y a la incompetencia de los presidentes regionales— todavía no puede ayudar a elevar su nivel de vida pese a que todos los días nos enrostran cifras alentadoras.

¿Veremos a un Soberón devolviendo el espaldarazo de la CGTP y compañía? Si ello ocurriera, tengo la plena seguridad de que aquella infausta correspondencia al Parlamento Europea obedeció no a convicciones principistas sino a una estrategia fríamente calculada.

(Para mayor información acerca del tema, sugiero revisar el blog del filósofo Gonzalo Gamio www.gonzalogamio.blogspot.com y el comunicado de IDEHPUCP)