Sentencia condenatoria a Alberto Fujimori

CÍRCULO DE ESTUDIOS POLÍTICO-SOCIALES

PRONUNCIAMIENTO

SOBRE LA SENTENCIA CONDENATORIA AL EX PRESIDENTE
ALBERTO FUJIMORI

Los integrantes del Círculo de Estudios Político Sociales, CIREPS, manifestamos nuestro apoyo a la sentencia condenatoria a Alberto Fujimori. El fallo emitido por el tribunal, que tuvo a su cargo el juzgamiento del ex presidente, sienta un precedente histórico en nuestro país y en el mundo entero que contribuirá a esclarecer los nefastos acontecimientos que tuvieron lugar en nuestro país durante las décadas de 1990 al 2000.

Se trata de una sentencia ejemplar tanto por la probidad de los jueces que conformaron el tribunal como por las implicancias que aquella conlleva, debido a que se constituye en un instrumento para extender la aplicación de la justicia a todos aquellos que ejercieron el poder a espaldas del Estado de Derecho en los años previos a 1990. Al respecto, tenemos la convicción de que la responsabilidad no solo implica a los autores materiales de un crimen o delito, sino que detrás de los ejecutores suele existir un aparato siniestro que sostiene, defiende y oculta la verdad de los hechos.

Asimismo, no debemos olvidar que la omisión, la indiferencia y el apoyo de un gran sector de la sociedad peruana contribuyeron a que las instituciones democráticas fueran vulneradas en aras de los resultados inmediatos. Igualmente, la clase política que tuvo a su cargo la conducción del Estado entre 1980 y 2000 es responsable de la ruptura del orden democrático —tanto en las zonas declaradas en emergencia, debido al conflicto armado interno como en el autogolpe del 5 de abril— ya que no pudo articular una propuesta que persuada a la población acerca de la gravedad de avalar una dictadura y tampoco manifestó interés por defender los derechos de los más desposeídos, quienes, finalmente, fueron los más afectados por la violencia, ni por impulsar un real compromiso por investigar los delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad que nvolucraron a los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori. Lo anterior explica por la crisis de los partidos políticos, entendida como crisis de representación y crisis de legitimidad, y por la ausencia de relaciones cívico-militares, es decir, que los asuntos de política de Estados se endilgó irresponsablemente a las Fuerzas Armadas. Por ello, la importancia de la sentencia condenatoria a 25 años de cárcel contra el ex presidente Fujimori abre una oportunidad histórica para que la clase política salde su deuda con el pasado.

La sentencia contra Fujimori no reparará el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, pero brinda la satisfacción de que, al final, no se encontraron solos en la lucha por descubrir la verdad y por hacer justicia sin importar quién fuera el acusado. Sin embargo, es lamentable atestiguar que quienes solventan la inocencia del sentenciado, lejos de recurrir a la prudencia o de argumentar razones a favor de su causa, continúan maltratando la memoria de los deudos a cuyas víctimas, a pesar de las evidencias a su favor, califican de terroristas como si esto fuera un atenuante que exculpara la responsabilidad del sentenciado Fujimori.

Nos encontramos próximos a una nueva campaña electoral que estará animada por este y otros sucesos. Además, flota en el ambiente la amenaza de un posible indulto de parte de este o de un eventual gobierno fujimorista, lo cual significaría un retroceso irreparable y vergonzoso con el que los ciudadanos que creemos en la democracia y en sus instituciones no podemos estar de acuerdo de ninguna forma. Confiamos, plenamente, en que el tribunal que tiene a su cargo la apelación de la sentencia ratifique el fallo en atención a la razón, la justicia y la verdad que le asisten a los deudos de las víctimas de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y a una nación que anhela el progreso sin perjuicio de la dignidad.